lunes, 29 de abril de 2013

Escalada de violencia contra familias zapatistas en Chiapas.


Se desata violencia antizapatista
 en Chiapas
Dos hechos violentos contra zapatistas y prozapatistas marcaron esta semana en Chiapas, estado en el que fue asesinado un dirigente campesino adherente a la Sexta Declaración; y, al mismo tiempo, toda una comunidad es amenazada de desalojo, muerte y violación.
HERMANN BELLINGHAUSEN
Fotos: Desinformémonos 
Publicado el 29 de abril de 2013 en Desinformémonos





San Cristóbal de las Casas, Chiapas.   Soplan vientos alarmantes de violencia política antizapatista en la región tzeltal de Chilón, donde el gobierno oficial, como el del estado, pertenece al Partido Verde Ecologista (PVEM), en caso de que eso signifique algo. En el ejido San Marcos Avilés, individuos identificados con los diferentes partidos políticos (que por acá siempre comienzan, y terminan, por oler a PRI) han escalado su hostilidad, de por sí sostenida desde hace más de dos años, contra las familias zapatistas de la comunidad. Lo mismo con amenazas reiteradas de muerte y violación, que robos, envenenamiento del agua y de los animales domésticos, amagos con arma de fuego, destrucción de parcelas y el riesgo de ser desplazados violentamente, como ya ocurrió en 2010.

    Y entonces, sin aparente explicación, el conocido dirigente de los adherentes de la Sexta en el ejido San Sebastián Bachajón, también en Chilón, Juan Vázquez Guzmán, es asesinado de cinco certeros balazos a la puerta de su casa por personas no identificadas que luego abordaron un vehículo rojo y se perdieron en las carreteras de la impunidad chiapaneca. Esto, la noche el miércoles 24, a las 23 horas.

    En el ejido Jotolá, vecino de San Sebastián Bachajón, las familias adherentes de la Sexta están amenazadas con ser pronto despojadas de sus tierras por el grupo oficialista, con antecedentes penales, de la misma comunidad.

    La señal de alarma, que llevaba zumbando varias semanas, sonó fuerte el sábado 20 de abril cuando la Junta de Buen Gobierno del EZLN, en el caracol de Oventik, emitió un comunicado que detallaba una veintena de incidentes de agresión, algunos graves, en San Marcos Avilés, este año y los dos anteriores. Ese mismo día llegó a San Marcos una misión civil de la Red por la Paz en Chiapas, compuesta por 10 centro de derechos humanos y organismos independientes, para realizar una observación directa de carácter humanitario.

    Esa noche, los grupos oficialistas del PRI, PVEM y PRD amagaron con expulsar a los observadores y despojarlos de sus vehículos, “aunque haya sangre”. No obstante, la Caravana Civil de Observación cumplió su cometido el domingo 21, y el jueves 25 dio a conocer su reporte, que confirmaba, con vívidos testimonios de las mujeres zapatistas del ejido, lo denunciado por la JBG.

    Apenas unas horas antes habían asesinado a Juan Vázquez, firme defensor del territorio de su pueblo contra el avasallamiento gubernamental, a favor de la explotación turística de las cascadas de Agua Azul, en el municipio de Tumbalá, contiguas a San Sebastián Bachajón.

    Las nuevas denuncias en San Marcos Avilés tienen un denominador común con todas las anteriores: se trata de los mismos autores materiales. Sus nombres están detrás de cada agresión. Que se sepa, ninguno ha sido investigado. Más bien lo contrario, trabajan hombro con hombro con la alcaldía de Chilón y desde hace varios años con el respaldo directo del gobierno estatal, con una persistencia ya transexenal.

    La JBG de Oventic “culpa directamente” a Lorenzo Ruiz Gómez y Ernesto López Núñez, así como a los hijos del primero, Sócrates e Ismael Ruiz Núñez. También los prístas José Cruz Hernández, Santiago Cruz Díaz, Vicente Ruiz López, Manuel Vázquez Gómez y José Hernández Méndez, además de los “verdes” Rubén Martínez Vásquez, Manuel Díaz Ruiz, Victor Núñez Martínez, Victor Díaz Sánchez y otras 30 personas. Estos agresores “no dejan vivir en paz” a las bases zapatistas, que ya fueron desalojadas temporalmente en 2010.

    La JBG recuerda que ha denunciado “los actos vergonzosos de estas personas partidistas” que provocan problemas entre indígenas de la misma comunidad, organizados por los gobernadores Juan Sabines Guerrero y Manuel Velasco Coello”. Y apunta: “La respuesta a nuestras denuncias ha sido de groserías, burlas y más amenazas”.

    El comunicado detalla más de 20 agresiones contra las familias zapatistas desde julio de 2011 hasta el pasado 18 de abril, cuando un zapatista fue despojado de un predio por el edil de Chilón, quien “mandó un tractor para aplanar un solar de 32 por 25 metros propiedad de Javier Ruiz Cruz, y así empezó a trabajar, resguardado por 120 personas de los diferentes partidos” el 17 de abril. “Nuestro compañero no pudo hacer nada para defender su propiedad”. Antes, el pasado 29 de enero, Ruiz Cruz había informado a la JBG que el terreno, a orillas de una laguna, “fue cercada por los agresores”, entre “rumores de que se trata de la construcción de un campamento militar”.

    Desde 2011 no han cesado amenazas ni hostigamientos, “encabezados” habitualmente por el policía municipal y militante del PVEM Lorenzo Ruíz Gómez. La JBG relata diversas agresiones contra las familias autónomas. Ya en marzo de 2012, el priísta Ernesto López Núñez alardeaba “que los de su partido tienen un nuevo plan” para desalojar a los zapatistas, y que habría una “segunda etapa para quitarles sus derechos”.

    El 3 de marzo de este año, “agresores y autoridades del PVEM se reunieron con el principal cabecilla” (el mencionado Ruiz Gómez), quien habría dicho “que no hay otra forma que asesinar a los hijos de nuestros compañeros” y después pidió a sus cómplices “que asesinen a Juan Velasco Aguilar y a los demás zapatistas”; sus correligionarios, según la JBG, se dijeron “listos” para hacerlo y que tienen “suficientes armas”.

La Red por la Paz informa
 
    La Red por la Paz en Chiapas sostuvo días después: “La fuente de la agresión principal es el despojo de las tierras laborables de las bases zapatistas por parte de miembros de los partidos PRI, PVEM y PRD”. El informe privilegia los testimonios de las mujeres del EZLN de San Marcos Avilés, quienes se dijeron hostigadas constantemente por los partidistas: “Dicen que si salimos solas nos van a violar. Hace dos años murió mi hija de 10 años por tristeza, porque le dijeron muchas veces que la iban a violar”, dijo una. Niños y niñas “preguntan constantemente porqué no pueden salir a jugar, y sienten la preocupación de sus padres”. Las consecuencias psicológicas “son fuertes”, sostiene el informe. Según otro testimonio, “ya no dormimos por el riesgo”.  La discriminación y la exclusión contra los zapatistas “es marcada”, y las provocaciones “constantes”.

    Se documentaron diversas amenazas de muerte. “Por ejemplo, el 27 de marzo autoridades ejidales y municipales se reunieron en un lugar privado para compartir información sobre un hombre zapatista y decidir si lo matarían. Acordaron que una vez ejecutado, harían lo mismo con las demás bases del EZLN”.

    Posteriormente, la misión civil se entrevistó con autoridades oficiales, aunque el edil verde Leonardo Rafael Guirao Aguilar tuvo el tino de no presentarse. Los observadores hablaron no obstante con el delegado de Gobierno Nabor Orozco Ferrer, el síndico Francisco Guzmán Aguilar y otros funcionarios municipales.

   Ante la documentación de las violaciones a los derechos humanos, el síndico “reconoció el desplazamiento y el despojo de tierras de las bases del EZLN desde 2010, comentando que ‘lo que sí es cierto es que los zapatistas compraron tierras, pero se las volvieron a quitar porque no pagan predial, luz ni agua’, pero negó la existencia de una situación de violencia en la actualidad”. El delegado de Gobierno admitió “que existen intereses políticos detrás de estos sucesos por parte de algunas personas que podrían estar provocando la conflictividad”.

    La misión detectó “precariedad alimentaria” en las familias del EZLN, y el “riesgo inminente” de un desplazamiento forzado por acción de los pobladores que se dicen afiliados al PRI, PVEM y PRD. Con su informe, la Red por la Paz expuso con claridad al gobierno “la gravedad y urgencia de la situación” y le demandó “acciones inmediatas para evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de los indígenas pertenecientes al EZLN”.

Desde agosto de 2010

    El inicio de la desventura de la comunidad zapatista San Marcos Avilés fue el establecimiento de la escuela Emiliano Zapata, parte del Sistema Autónomo Educativo Zapatista, en agosto de 2010. Los oficialistas desataron una hostilidad ya latente, y a las pocas semanas las familias zapatistas debieron refugiarse en las montañas durante 33 días. Al regresar, encontraron sus casas y sembradíos saqueados y destruidos.

Las amenazas de expulsión y de muerte alcanzaron proporciones alarmantes en junio de 2011, fecha en la que ya el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) señalaba la responsabilidad del Estado por omisión en estas agresiones, ya que las autoridades no han actuado para garantizar la integridad y seguridad de las bases zapatistas y el acceso a la tierra. Ello, a pesar de las denuncias de la junta de buen gobierno (JBG) de Oventik y las varias intervenciones enviadas por el propio Frayba al gobierno de Chiapas.

    El organismo, que preside el obispo Raúl Vera, demanda desde entonces el cese de las amenazas de muerte, el hostigamiento y el despojo contra las bases de apoyo del EZLN por integrantes de los partidos políticos del ejido, así como proteger y garantizar su vida y seguridad, respetando su proceso autonómico, que vienen construyendo hace años, en el marco del derecho a la libre determinación de los pueblos, sancionado por la OIT, la ONU y firmado por el Estado mexicano.

Las 170 personas desplazadas de San Marcos Avilés el 9 de septiembre de 2010, regresaron el 12 de octubre de ese año. En aquella ocasión, la JBG de Oventik responsabilizó al gobierno estatal de cualquier nueva agresión contra sus compañeros, quienes eran y son perseguidos por practicar la autonomía de manera pacífica.

    En septiembre de 2010, la junta denunció que 30 personas del ejido, integrantes de los mencionados partidos, encabezadas por Lorenzo Ruiz Gómez y Vicente Ruiz López, habían irrumpido violentamente, con palos, machetes y armas de fuego, en las casas de los zapatistas, donde intentaron violar a dos mujeres, que lograron escapar. Para no responder a la agresión, las bases zapatistas se refugiaron en el monte. Después de 33 días de desplazamiento forzado, sin alimentos y desprotegidos, retornaron a sus casas.

    El Frayba documentó entonces que las viviendas de los desplazados habían sido saqueadas de todas sus pertenencias, incluyendo cosechas de maíz y frijol. Sus cultivos, cafetales y árboles frutales fueron destruidos, y robados sus animales de corral.

    Desde entonces, el centro ha informado en varias ocasiones a las autoridades sobre la situación en San Marcos Avilés, a fin de solicitar el cumplimiento en su obligación de garantizar la integridad y seguridad de los habitantes, y buscar una solución al conflicto. Pese a esto, no hubo respuesta del gobierno.

    Aun cuando la población desplazada decidió retornar, el Frayba ha seguido documentando amenazas persistentes y cotidianas en la comunidad, y sostiene que hay un riesgo de desplazamiento forzado. El 6 de abril de 2012 se instaló en el ejido un campamento civil por la paz, cuyos observadores civiles también fueron amenazados, algo sin precedente, que habla del escalamiento de las agresiones contra las bases zapatistas.

    Más adelante, en agosto del año pasado, nuevamente las bases de apoyo zapatistas denunciaron que se estaría planificando un nuevo desalojo en su contra. Los partidistas se la pasaban en asambleas extraordinarias para discutir estos asuntos, e incluso hicieron público el plan de desalojo violento. La comunidad agredida reportó que estos partidistas estaban tratando de conseguir a más personas en las comunidades de Pantelhó, Corralito y La Providencia para ayudarles en realizar el desalojo.

    Los indígenas en resistencia y perseguidos, unas 200 personas, compraron el terreno hace 13 años y poseen la escritura. Sin embargo, igual que en todo el territorio zapatista, esto no detiene a los gobiernos y siguen entregándole la tierra a otros a cambio del desplazamiento forzado de lo que más temen los de arriba: un buen ejemplo.

lunes, 22 de abril de 2013

Cruzada contra campesinos y soberanía alimentaria


Cruzada transgénica contra los hambrientos
Silvia Ribeiro
Investigadora del Grupo ETC
20 de Abril de 2013



La Cruzada Nacional contra el Hambre, programa insignia del gobierno, no tiene nada que ver con terminar el hambre, ni atender o modificar sus causas, pero sí tiene mucho de cruzada. Ahora los infieles son indios y campesinos que cometen el pecado de tener cultura propia, de ejercer y defender sus propias formas de organización, de producción, de vida, de lucha. A ellos hay que convertirlos a la fuerza a la modernidad: comida chatarra, refrescos embotellados, y si insisten en que en lugar de limosnas quieren seguir cultivando, que sean transgénicos. Todo sazonado con la creación de consejos comunitarios y apoyos selectivos, para asegurar votos y promover el enfrentamiento dentro y entre comunidades.

Es paradigmática la incorporación de las trasnacionales de comida basura Nestlé y PepsiCo a esa Cruzada. Ocupan el primero y segundo lugar como las trasnacionales más grandes del planeta en procesamiento de alimentos y bebidas, ambas ampliamente conocidas por dar al mundo abundantes fuentes de desnutrición, obesidad, diabetes y, en general, promover los malos hábitos alimentarios, generando una enorme carga de gastos públicos en salud. Nestlé ha sido por más de dos décadas el blanco de un boicoteo internacional en numerosos países, por su agresiva promoción de sustitutos de leche materna, provocando mayor desnutrición y colaborando en aumentar la mortalidad infantil, sobre todo en los países más pobres. Por detalles, vea el expediente de la International Baby Food Action Network, IBFAN, galardonada con el Premio Nobel Alternativo justamente por estas denuncias. Digamos, hablando de desnutrir niños, Nestlé es toda una experta. Por ello, la Cruzada le asignó un programa de educación de promotoras, que la trasnacional entrenará en autoempleo. Traduciendo: un pequeño ejército de 15 mil mujeres pobres que hagan propaganda de los productos de la trasnacional, con respaldo público. Con razón, Nestlé tituló el proyecto Mi dulce negocio. Para complementar los efectos devastadores de Nestlé con sus sustitutos de leche materna, Pepsico distribuirá galletas nutritivas (traducción: industriales, con químicos, transgénicos, conservadores, etcétera), dirigidas a mujeres embarazadas, en etapa de lactancia y niños menores de cinco años.

Como si fuera una defensa, Rosario Robles, secretaria de desarrollo social, coordinadora de la Cruzada, aclara que Nestlé participó en el programa Hambre Cero en Brasil. Omite agregar que la trasnacional tuvo que salir de allí por las protestas de la sociedad brasilera en su contra. Estas dos nefastas trasnacionales son apenas la punta del iceberg: también se anuncia la participación de Walmart, el supermercado más grande del planeta, cuyo negro historial en competir con producción nacional, eliminar pequeñas tiendas, bajar salarios, discriminación racial y de género y muchas otras condiciones para generar más hambre, le califican ampliamente para esta Cruzada. Avizoran ganancias muchas otras grandes compañías del sector agroalimentario. No hay duda, el hambre de ganancias de las megaempresas será bien atendido por este programa.

Robles abunda que estamos en una sociedad de globalización y libre mercado, por lo que la participación de las empresas es determinante. Nuevamente omite decir que son determinantes para desatar y continuar la crisis alimentaria y de salud, la pobreza rural, la emigración a las ciudades, a través de la apropiación cada vez mayor de la cadena agroalimentaria, facilitada como ahora, por políticas gubernamentales. Cadena que finalmente se propone apresarnos a todos, con Monsanto en una punta (semillas y agrotóxicos) y Walmart en la otra, y cuyos eslabones son las grandes cerealeras como Cargill y ADM y los procesadores industriales de alimentos y bebidas, como Nestlé y Pepsico.

Al principio de la cadena, Monsanto espera que el gobierno le autorice en breve la siembra comercial de millones de hectáreas de maíz transgénico en el Norte del país. Si las solicitudes en Tamaulipas y Sinaloa sorprendían por que pedían se les autorizara más de un millón de hectáreas para cada tipo de transgénico, ¿qué se puede decir de las que están en curso para Chihuahua, Coahuila y Durango, donde la trasnacional solicita casi 12 millones de hectáreas (11 millones 985 mil 951) para cada uno de los tres eventos de maíz transgénico, en distintas localidades de esos estados? Las superficies solicitadas superan con mucho las actuales sembradas con maíz, porque la intención es ir cubriendo cada vez más en varias estaciones de siembra, garantizándose así la decisión a futuro de qué sembrarán los agricultores (no venderán ninguna otra semilla), haciendo además imposible la fiscalización de lo realmente plantado.

Se configura desde varias aristas una cruzada contra los hambrientos, contra los campesinos, contra la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos del maíz, para que ni ellos ni nadie más que las trasnacionales puedan decidir qué plantar y qué comer.

Entre muchas respuestas a estas realidades, la Red en Defensa del Maíz, Ceccam, la Vía Campesina, YoSoy132 Ambiental, Jóvenes ante el Desastre y la Emergencia Nacional, el Movimiento Urbano Popular y otras organizaciones, llaman del 25 al 30 de abril a unas Jornadas contra el Maíz Transgénico, con la participación, entre otros, de los premios Nobel Alternativos, Vandana Shiva (India), Pat Mooney (Canadá) y Camila Montecinos (Chile). Acuden además como dictaminadores de otra pre-audiencia nacional del proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos, esta vez sobre contaminación transgénica del maíz, en Oaxaca el 26 y 27 de abril. (Programa en http://redendefensadelmaiz.net/). Rendirse ante la cruzada transgénica, definitivamente no está en la agenda.

viernes, 5 de abril de 2013

En clave Mapuche


En clave mapuche
Raúl Zibechi
05 de abril de 2013
 


Afines de enero una comisión de solidaridad con el pueblo mapuche, integrada por chilenos y latinoamericanos, visitamos a los presos Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo en el penal El Manzano, en las afueras de Concepción, y en la cárcel de Angol, unos 50 kilómetros al sur. El motivo de la visita fue denunciar la situación de los presos que llevaban 79 días en huelga de hambre, así como visibilizar la realidad de un pueblo perseguido en una Araucanía militarizada.

La comisión estaba integrada por cinco premios nacionales, el presidente de la Iglesia Evangélica Luterana, el presidente del Colegio Médico, un ex juez y un diplomático, dirigentes estudiantiles y sindicales, diversos intelectuales, la Pastoral Mapuche y la Comisión Ética contra la Tortura.

Llaitul y Llanquileo pertenecen a la Coordinadora Arauco Malleco, creada en 1998, focalizada en la recuperación de tierras ancestrales en manos de corporaciones forestales y de latifundistas. Los presos pusieron fin a la huelga de hambre el 28 de enero, cuando la comitiva se comprometió a poner en pie una comisión nacional e internacional de observación de los derechos humanos del pueblo mapuche que visitará el país en octubre.

El 3 de enero se difundió la Cuarta Declaración de Historiadores respecto de la Cuestión Nacional Mapuche, firmada por cientos de intelectuales en la que recuerdan que los hechos de violencia, que a menudo se atribuyen sólo a los mapuches, “tienen su punto de partida en la mal llamada ‘pacificación de la Araucanía’ realizada por el Estado chileno entre las décadas de 1860 y 1880, en violación de los acuerdos concluidos con los mapuches después de lograda la Independencia (1825)”.

Los historiadores señalan que “el Estado de Chile ocupó a sangre y fuego la Araucanía y, utilizando los métodos más violentos y crueles, usurpó grandes extensiones de tierra indígena que subastó a bajo precio o regaló a colonos chilenos y extranjeros, confinando a los mapuches en pequeñas y míseras reducciones”. Debe recordarse que sólo a los militantes mapuches se les aplica la ley antiterrorista del régimen de Augusto Pinochet por acciones que nada tienen que ver con esa figura, como la quema de plantaciones o de camiones que transportan madera.

La solidaridad nacional ha crecido sostenidamente en Chile, en particular desde la huelga de hambre de Patricia Troncoso entre octubre de 2007 y enero de 2008. Destaca la solidaridad de los estudiantes secundarios con las comunidades mapuche, quienes han creado una comisión para trabajar los vínculos abajo-abajo entre ambos movimientos. Pero el apoyo internacional es escaso, por eso es necesario dar un salto para romper el cerco de desinformación que ha tejido la democracia chilena contra los que resisten el modelo.

Pese al buen ánimo de los presos mapuche y del conjunto del movimiento, es fácil dejarse ganar por el desánimo al comprobar las divisiones, reproches y críticas cruzados que se escuchan en las diversas instancias que agrupan al pueblo mapuche, ya sea en las comunidades rurales o en los espacios urbanos. No es cuestión de reproducir aquí los motivos y argumentos de la fragmentación del mundo mapuche en resistencia, sino apenas constar un hecho y, sobre todo, intentar hacer una lectura distinta a la que realizan las academias y los partidos políticos.
Lo primero es constar que no hay ninguna organización, ni siquiera un espacio de coordinación, que aglutine a todo el pueblo mapuche. Se trata de un caso bien diferente de los que conocemos en el mundo andino, donde los quichuas ecuatorianos y los quechuas y aymaras bolivianos (además de los pueblos de tierras bajas) han construido grandes organizaciones representativas de sus pueblos. ¿Se trata de una ventaja o una desventaja del pueblo mapuche?

Lo segundo es que desde la década de 1990 nuevas generaciones han creado un sinfín de organizaciones urbanas y rurales, en lo que el historiador Gabriel Salazar denomina la “sexta época” de la guerra mapuche, iniciada en 1981 cuando arreciaron las protestas callejeras contra la dictadura. Esta nueva generación entronca con una larga historia que dice que el pueblo mapuche fue el único de este continente que derrotó a los incas y a los españoles, a quienes forzó a detenerse al norte del río Bio Bio.

Desde que fundaron el Consejo de Todas las Tierras y más tarde la Coordinadora Arauco Malleco, organización que se define autónoma y anticapitalista, nacieron decenas de organizaciones: de estudiantes, de mujeres, de jóvenes, deportivas, culturales, de historiadores, de pescadores, de comunicación; pequeñas y locales, con vínculos cara a cara, sin llegar a crear una gran organización que aglutine a todos.

Tercero, hacen política de una manera diferente, que se traduce en soberanía o autonomía, como bien recuerda Gabriel Salazar. No se miran en el espejo del Estado, ni para conquistarlo ni para construir organizaciones a su imagen y semejanza. Quizá, seguramente, porque el Estado siempre fue algo externo al pueblo mapuche. Nunca se sintieron, ni se sienten, chilenos. No enarbolan la bandera de Chile sino la propia, la que heredaron de sus antepasados. Su lucha se referencia en “una memoria de sí mismo casi sin paragón en el mundo, en la que se estratifican no sólo una sino cinco a seis épocas de guerra a lo largo de seis o más siglos de historia” ( Movimientos sociales en Chile, Gabriel Salazar, p. 119).

Llegados a este punto, podríamos decir: “pese a la fragmentación, resisten”. ¿No será al revés? Porque no crearon un aparato único (estadocéntrico) es que siguen siendo uno de los pueblos que resisten la cooptación de derechas e izquierdas. ¿Será cierto que la unidad y homogeneización facilitan la domesticación de los movimientos antisistémicos? ¿Tendrá razón el EZLN? La historia del pueblo mapuche enseña que para luchar, y para vencer, hace falta voluntad comunitaria de lucha; pero no un aparato que encumbre caudillos, anule las diferencias y las autonomías.

miércoles, 3 de abril de 2013

Minería, despojo y riqueza...


Las minas y el despojo llevan a la lista de Forbes a los millonarios mexicanos
Los tres hombres más ricos de México basan su fortuna principalmente en la explotación minera, facilitada por leyes permisivas sin par en el continente, y dejando a su paso destrucción ambiental y comunitaria.
ADAZAHIRA CHÁVEZ
Publicado el 18 de marzo de 2013
Fuente: Desinformémonos

México. La riqueza de los empresarios mexicanos que encabezan la lista de millonarios de la revista Forbes está cimentada “en el despojo de los bienes de la nación”, resume Francisco López Bárcenas, autor del libro “El mineral o la vida”, sobre la legislación minera en México.

Los tres primeros lugares de la lista de México (Carlos Slim, Alberto Baillères y Germán Larrea) tienen empresas mineras. El artículo 27 actual señala que  se pueden concesionar los recursos naturales “pero siempre debe ser, primero, para distribuir la riqueza nacional -y no para tres gentes-; para el desarrollo de los mexicanos y para conservarlos”, precisa López Bárcenas, que agrega que en el caso de la minería no se cumple ninguno de estos supuestos. Además, explica, se afecta el derecho al agua y la alimentación de los mexicanos por el carácter preferente del que goza esta actividad industrial.

Empresarios mexicanos: explotación y especulación

Carlos Salinas de Gortari, presidente de México entre 1988 y 1994, desincorporó las concesiones que tenía el Estado y las entregó a grupos mineros mexicanos, principalmente a Grupo México (de Larrea), Grupo Peñoles (de Bailleres) y Grupo Frisco (de Slim, el hombre más rico del mundo) para asegurarse de que controlaran gran parte de la minería, aún antes de que hiciera la reforma al artículo 27 de la Constitución y se publicara la nueva ley minera.

“Cuando se modifica la ley de inversión extranjera, que permite cien por ciento de capital extranjero en las minas, ya los empresarios mexicanos tienen asegurada su parte”, señala López Bárcenas. Después de la entrega de las concesiones vino la Ley Minera, que unificó los permisos para explorar y explotar y permitió que los periodos de concesión fueran prácticamente de cien años. Eso, apunta López Bárcenas, abrió paso a la especulación.

“Casi todos los proyectos, dicho por los propios mineros, se llevan máximo 15 años. ¿Para qué quieren cien? Porque entre más tiempo tengan, su precio es más alto en la bolsa de valores; el negocio no es sólo explotar el mineral, es especular con el patrimonio nacional”, enfatiza el abogado mixteco. La Ley Minera también permite que las concesiones se unan, con lo que adquieren mayor valor en la bolsa.

Ante la idea de que la mayoría de las mineras en México son canadienses, López Bárcenas responde que esto no es totalmente verídico. Explica que en la bolsa de valores de Vancouver se concentran todos los proyectos de minería. “Puede ser un capital mexicano o estadunidense que se va a Vancouver, se domicilia ahí para entrar a la economía especulativa y de ahí se viene a México, pero ya como capital canadiense”, precisa.

La producción de metales en México se disparó en 2010; para 2011, su valor superó los 20 mil millones de dólares y llegó al tercer lugar entre los sectores productivos de México, según datos de la Cámara Minera de México (Camimex).

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Otro factor que abona al fácil enriquecimiento para los empresarios mineros es que solamente “pagan por hectárea de superficie concesionada entre cinco y 111 pesos semestralmente, sin importar ni el tipo de mineral ni la cantidad que obtengan”, informa el abogado e historiador.  México es “el único país en América Latina en que los empresarios no pagan impuestos por la obtención y la exportación del mineral”, agrega. Colombia, aún con una ley minera muy parecida, cobra el 30 por ciento del valor del mineral extraído.

Una comparación que ilumina es el caso de la paraestatal Petróleos Mexicanos. “El petróleo también es un mineral, que el Estado se ha reservado para explotarlo él solo. Si uno ve la cantidad de impuestos que paga, no hay un punto de comparación con lo que pagan los otros minerales”, indica López Bárcenas. México es ya el primer productor de plata a nivel mundial y el décimo de oro, según datos de la Camimex, pero mientras gran parte de la recaudación del Estado mexicano viene del petróleo, de los otros minerales “no viene ni un centavo”, acusa López Bárcenas.

 “Facilidades”,

Revolution Resources –la empresa acusada de hacer trabajos ilegales de explotación en el territorio sagrado de Wirikuta-, en la sección “¿Por qué México?” de su página de internet, indica que además de las leyes pro-mineras, este país es el más estable políticamente en América Latina.

Durante el gobierno de Salinas, el Banco de Comercio Exterior y el gobierno de Canadá realizaron talleres sobre las posibilidades de inversión en América Latina, recuerda López Bárcenas. Llegaron a la conclusión de que además de las leyes permisivas en México, el gobierno tenía la disposición de cambiar los requisitos mínimos que había en algunas disposiciones legales y no había organizaciones no gubernamentales que pelearan por el medio ambiente.

Francisco López Bárcenas agrega a las condiciones que posibilitan la gran explotación el asesinato de opositores a las minas: “En (el caso de) Minera San Xavier, un presidente municipal se opuso a otorgar el cambio de uso de suelo y lo asesinaron; en Chicomuselo, Chiapas, mataron a Mariano Abarca; en San José del Progreso, Oaxaca, mataron a Bernardo Vázquez”. El asesinato de Ismael Solorio y Manuelita Solís, en el año 2012 en Chihuahua, también podría estar relacionado porque luchaban contra las perforaciones ilegales que realizaba la Compañía de Servicios Mineros Cascabel, filial de la minera canadiense Magsilver.

Daños y resistencias

En octubre de 2012, Humberto Gutiérrez, presidente de la Camimex, declaró que en México hay oro y plata para explotar otros 500 años. El oro extraído en la década que va de 2000 a 2010 (419 mil 097 kilogramos) duplica fácilmente a la cantidad extraída durante 300 años de Colonia española (191 mil 825 kilogramos).

Para López Bárcenas, la preocupación no es que se acabe el mineral sino el tipo de explotación que se hace. “Todo es a cielo abierto, y para explotar 500 años más tendrían que poner el país al revés, y a ver a dónde nos vamos cuando estén devastando el territorio”, declara.

Muchas comunidades que rentan sus tierras no saben el daño que se les causará con la actividad minera, que prácticamente destruye todo porque el mineral no está en veta y se tiene que revolver toda la superficie terrestre.

La ley agraria, que debería ser de protección social, permite que la renta de ejidos sea de 30 años prorrogables, “la vida de toda una generación”, apunta López Bárcenas, amén de que el pago es muy bajo. Lo que no dice la minera es que cuando devuelvan la tierra rentada, no va a servir para nada.

En Mezcala, por ejemplo, debido a las protestas se aumentó considerablemente la renta pagada por las tierras, pero el problema “es que la gente emigró porque ya no tenía que hacer”, se acabó el dinero, y al cabo de unos años el pueblo se destruyó completamente. Más que migración, señala el abogado, se trata de desplazamiento forzado.

Otro de los costos es la afectación al derecho a la alimentación. Para que el Estado lo garantice, “sembrar debería ser una actividad preferente; sin embargo, la Ley Minera dice que esa actividad es la preferente y se puede parar todo para hacer minería”.

También se afecta el derecho al agua. En el norte del país hay protestas de campesinos porque la Comisión Nacional del Agua sí se las regula a ellos pero a la minería no. “Hay que modificar ese esquema”, concluye López Bárcenas.

A diferencia de lo que las mineras veían a finales de la década de los ochenta, la protesta social aumentó considerablemente, señala Francisco. Estas resistencias se activaron en los últimos dos años; en primer lugar, las protestas se originaron por la destrucción ambiental; luego, por la baja renta que pagan las empresas por las tierras (mil pesos por hectárea) y más recientemente, los pueblos indígenas piden ya la cancelación de concesiones argumentando la violación a su derecho a la consulta.

Uno de los frentes de protesta “es el legal, demandar que se cumplan los mínimos derechos, que se anulen los contratos de arrendamiento, que se cancelen las concesiones porque no se respetó el derec

ho a la consulta”; el otro frente es “la organización social, con dos grandes tendencias: la Red Mexicana contra la Minería y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, además de los frentes a nivel regional”; un tercero es la denuncia pública que hacen los afectados, cada uno según su capacidad, analiza el experto.

Posibilidades de reforma

El abogado López Bárcenas señala que para hacer un poco aceptable esta actividad, se le debería quitar el carácter de preferente, las concesiones se deberían reducir a solamente el tiempo que necesite un proyecto, las empresas deberían pagar el agua que utilizan y la renta de la tierra sólo debería hacerse por un valor superior a la actividad que existiera ahí anteriormente.

Sin embargo, señala, eso no es lo principal. “Los pueblos lo que quieren es seguir siendo pueblos y defender su derecho al territorio”, finaliza.