miércoles, 29 de septiembre de 2010

Ostula: Autonomía indígena entre paramilitares y narcos

Ostula, autonomía bajo asedio narcoparamilitar
Autor: Zósimo Camacho
26 September 2010
Contralínea No. 201


Nahuas de la costa de Michoacán crean la Guardia Comunal para enfrentar paramilitares que asedian sus montes. “No nos levantamos en armas contra el gobierno –aclaran–; ejercemos el derecho que como pueblo indígena tenemos de defender nuestro territorio y nuestra comunidad”. Desde que decidieron construir su autonomía y recuperar sus tierras, cuentan 12 asesinatos y cuatro desapariciones forzadas, entre ellas la del presidente de Bienes Comunales. En busca de los líderes indígenas, caravanas con decenas de hombres pertrechados con AK-47, fornituras y pasamontañas recorren la carretera federal y las brechas que comunican Ostula. “Los narcos hacen labores de contrainsurgencia”, denuncian los comuneros

Xayacalan, Ostula, Michoacán. El estrépito de las olas en la playa se confunde con la algarabía de decenas de niños que corren tras un balón. Como un solo rumor, un solo bullicio, el viento trae la algazara y el estruendo del mar hasta la choza donde autoridades agrarias y civiles de Ostula hacen el recuento de su lucha. Hay victorias, pero también sacrificios y pérdidas irreparables. Saben que aún no han ganado su tierra ni la paz. “Pero ya ganamos la organización; pase lo que pase, la autonomía va a continuar”, aseguran.

Uno a uno, líderes de esta comunidad han sido asesinados o desaparecidos de manera forzada: en poco más de un año, Ostula cuenta 12 ejecutados y cuatro levantados. En todos los casos, las agresiones han sido cometidas por grupos de mestizos armados con AK-47 y AR-15. Según la ley vigente en México, todos los fusiles de asalto son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; pero los temibles AK-47 son tan populares entre los grupos del crimen organizado que en este país han sido rebautizados como cuernos de chivo.

Mientras sus padres organizan la resistencia, niños de todas las encargaturas de la comunidad de Ostula juegan futbol en la playa. Los pocos que usan zapatos son conminados a dejarlos fuera de la “cancha” para no estar en ventaja frente a la mayoría descalza. Han improvisado las porterías con bejucos. Por momentos, deben recuperar de las olas el balón de plástico. Ríen despreocupados en una zona que hasta antes de la llegada de la Guardia Comunal y Policía Comunitaria había sido lugar de enfrentamientos y asesinatos. El “lugar de los danzantes con máscara” (significado del topónimo Xayacalan) es la única encargatura de la comunidad de Ostula –e incluso de la costa de Michoacán– libre de delincuencia.

Fuera de este paraje recolonizado por los nahuas, los levantones y las ejecuciones se suceden sin que autoridad alguna contenga a los grupos de hombres armados que recorren los poblados y rancherías de la comunidad en resistencia.

Ahí vienen los narcoparamilitares

La desaparición forzada más reciente se cometió la noche del 29 de junio pasado, unas horas después de que la víctima hubiera acudido a la encargatura de Xayacalan a la celebración de la recuperación de la comunidad de Ostula de más de 1 mil 300 hectáreas que se encontraban en poder de “pequeños propietarios”. Alrededor de las 10 de la noche, un grupo de 11 hombres armados levantó de su casa a Máximo Magno Valladares, en la serrana encargatura de El Potrero, de la que es representante.

Mes y medio antes, el 20 de abril de 2010, un grupo de 22 hombres había sitiado la casa de Francisco de Asís Manuel, presidente del Comisariado de Bienes Comunales –la máxima representación agraria de la comunidad ante las autoridades mestizas–. Armados con AK-47, los asaltantes secuestraron al líder de la comunidad de Ostula. No han pedido rescate. Desde entonces, nada se sabe del indígena nahua.

“En esta lucha, muchos vamos a morir; y no quiero que se pongan tristes, porque nuestros hijos y nietos verán el fruto de nuestro sacrificio y sabrán cómo se defienden las tierras comunales”, había dicho Francisco de Asís Manuel en una asamblea comunitaria, algunos días antes de su desaparición forzada. Esas palabras, reproducidas en mantas y carteles, cuelgan en la encargatura de Xayacalan, el epicentro actual de la lucha de la comunidad de Ostula.

A sus 60 años, todos le llamaban Panchito. Pero los hombres mestizos que lo sacaron de su casa el 20 de abril pasado le vociferaban ¡Paco! Llegaron a la encargatura de La Palma Sola en una camioneta con redilas. Pasaban de las 23:30. Le gritaban que saliera, que lo traerían de vuelta en unas horas.

Como la familia no abrió, ocho individuos armados derribaron las puertas. El resto permaneció alrededor del domicilio. Golpearon a los tres hombres y dos mujeres que encontraron al interior de la casa. Preguntaron por armas. Sin que lo pudieran acreditar, dijeron ir “de parte de Mario Álvarez (López) y de Lico (Federico González)”.

El primero fue presidente municipal de Aquila de 2005 a 2007 y es la principal figura del Partido Revolucionario Institucional en la región. El segundo es un supuesto ganadero. Ambos viven en La Placita, la comunidad de “pequeños propietarios” y ejidatarios que disputan más de 1 mil 300 hectáreas a la comunidad de Ostula. Entre las tierras recuperadas por los indígenas nahuas, se encuentran 300 hectáreas que había cercado Mario Álvarez y otras 30 que había ocupado Federico González.

El presidente del Comisariado de Bienes Comunales fue el tercer desaparecido de manera forzada. Antes de él, el 22 de febrero pasado, habían sido levantados los comuneros Gerardo Vera Orcino y Javier Martínez Robles. Ambos, destacados activistas de la comunidad en lucha por la tierra. Un grupo armado los sacó de la fonda donde almorzaban, en la cabecera municipal de Aquila, Michoacán.

Además de las cuatro desapariciones forzadas, grupos armados han asesinado a 12 comuneros de Ostula desde que esta comunidad instauró su Policía Comunitaria y Guardia Tradicional, y con ellas recuperó 1 mil 300 hectáreas de tierras que les marcan sus títulos primordiales.

Los ejecutados (incluidos dos comuneros de El Coire), hasta la primera mitad de julio, eran Diego Ramírez Domínguez; Simón Pineda Verdía y Simón Pineda, hijo; Erik Nemecio Domínguez; Quintín Réyez; Froylán Medina Álvarez, y Demetrio Álvarez.

Destaca el caso del profesor Diego Ramírez Domínguez, quien además de comunero, uno de los principales interlocutores de la comunidad con las autoridades mestizas y con las organizaciones sociales solidarias con Ostula, era coordinador de la comisión para la recuperación de las tierras invadidas. Fue asesinado el 26 de julio de 2008. Su cuerpo fue encontrado destrozado precisamente en el paraje de Xayacalan, territorio que originó el conflicto de Ostula con los “pequeños propietarios”.

Sin embargo, en las últimas semanas las agresiones contra la comunidad se han intensificado. El 17 de julio pasado, Humberto Santos Valladares fue asesinado en la carretera federal; el día 19 del mismo mes, Roberto Arceo fue baleado también en la carretera; ocho días después, el 27, fueron asesinados Venancio Ramírez Cirino, Manuel Flores Álvarez y Miguel Ángel Flores Álvarez; y una semana después, el 3 agosto, fue asesinado José Martínez Ramos. Todos eran nahuas de la costa michoacana.

Pero los grupos armados no sólo cometen asesinatos y levantones contra la comunidad en resistencia. También realizan incursiones de manera intempestiva en las calles y parajes de la comunidad. El 7 de mayo pasado, más de 150 personas, armadas con AK-47 y perfectamente pertrechadas, ingresaron a la comunidad de Ostula a repartir “propaganda”. Después tomaron la carretera federal y llegaron a la vecina comunidad El Coire –la cual, junto con la de Pomaro, ambas nahuas, son solidarias de la lucha de Ostula–. Ahí intentaron asesinar al suplente del presidente del Comisariado de Bienes Comunales de El Coire, Valentín Álvarez Medina.

—Acababa de salir de mi casa. Me encontraba en un lugar donde rentan computadoras porque quería revisar mi correo. Yo los vi pasar, pero no me imaginé que iban a mi casa. Mi esposa tampoco estaba en la casa, pues había salido a la tienda. Los pistoleros llegaron y torturaron a mis hijos. Les preguntaban por mí y les ponían los cuernos de chivo en sus cabecitas y en sus pechos.
—Cuántos años tienen tus hijos.
—Uno, nueve años; otro, seis, y otro, cuatro –dice el joven líder nahua, quien por las amenazas debió exiliarse de la región.

Como líder de El Coire, detuvo la entrada del Programa de Certificación de Bienes Comunales en su comunidad y, en apoyo a la de Ostula, encabezó a un grupo de la Policía Comunitaria.

El mensaje impreso que los pistoleros dejaron en las comunidades nahuas el 7 de mayo pasado fue: “Nosotros somos a los que ustedes llaman ‘los de La Placita’. Queremos deslindarnos de hechos que también a nosotros nos indignan, como el secuestro de su comisariado (Francisco de Asís, por quien no se ha pedido rescate). Nuestra lucha no es por la tierra sino por el territorio. Queremos protegerlos de nuevos ataques por parte de otros grupos”.

El grupo salió de nuevo a la carretera federal sin que fuera “detectado” por ninguna de las corporaciones policiacas y castrenses desplegadas en la zona. Los comuneros de Ostula afirman que los agresores eran de La Placita, poblado mestizo vecino donde vive la mayoría de los “pequeños propietarios” con los que mantienen la disputa de las tierras.

El 27 de agosto pasado, “el cártel” regresó. Entraron ostentando sus AK-47 hasta la tenencia o cabecera de Santa María Ostula. Dijeron que llevaban flores a la virgen. Ni siquiera se cubrieron el rostro. Llegaron en seis camionetas. Algunos pobladores realizaron llamadas a los cuarteles de la Marina, pero “nunca nadie llegó; y luego agarraron la carretera federal sin que fueran detenidos por alguien”, se quejan los nahuas.

José Guadalupe de Asís Alejo, hijo del presidente de Bienes Comunales desaparecido, señala: “Lo que quieren es que aflojemos en la lucha. Pero no vamos a aflojar, así nos maten a más. Lo que está pasando ahorita es muy delicado. No tenemos representante agrario y el gobierno se está encajando. Pero la comunidad está en pie de lucha”.

Ahí vienen los marinos… y la DEA

Y es que las incursiones armadas a las encargaturas y tenencia de Ostula no sólo son obra de los grupos armados ilegales, sino de las corporaciones policiacas y militares del Estado mexicano. Tres días antes de la incursión de los paramilitares, el 4 de mayo de 2010, en un operativo conjunto entre el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la Policía Federal, alrededor de 900 efectivos cercaron la tenencia de Santa María Ostula. Los uniformados dijeron buscar armas. No las encontraron y no hubo detenidos.

No fue la primera vez que fuerzas castrenses intentaran “desarmar” a los nahuas. A mediados de julio de 2009, alrededor de 11 efectivos de la Marina Armada de México ingresaron intempestivamente a la encargatura de Xayacalan y desarmaron a ocho integrantes de la Guardia Comunal que defiende esas tierras. Cuando los marinos intentaban salir, se encontraron rodeados por más de 200 integrantes de la misma Guardia y de la Policía Comunitaria de Ostula. Las negociaciones duraron poco más de media hora.

“El camino de salida es libre, almirante; pero regresen lo que nos quitaron. Si no, no hay salida; nosotros nunca hemos agredido a nadie; lo que hacemos es defender a nuestra gente y nuestras tierras”, habría dicho el entonces encargado de la seguridad en Xayacalan, J Trinidad de la Cruz Crisóstomo, un aguerrido comunero de 73 años de edad. Los marinos tuvieron que devolver las armas que, dicen los nahuas, son herramientas de trabajo y escopetas de calibre 22.

Camisola desabotonada y remangada, huaraches de tres agujeros (“no aguanto los zapatos”), sombrero de palma, campesino resuelto, J Trinidad fue de los primeros impulsores en la comunidad de la reactivación de la Policía Comunitaria y de la Guardia Comunal. Encabezó la recuperación de las tierras de Xayacalan, donde ya se encontraban los “pequeños propietarios” lotificando decenas de hectáreas de playa y de monte selvático.

—¿La “J”, don Trinidad, es de José o de Juan?
—No, así me llamo. Ése es mi primer nombre, “J” –explica con seriedad–. No sé qué pasaría: si mi padre me quería poner un José o un Juan, pues ya no se le hizo. Siempre he sido J Trinidad; así dice mi acta (de nacimiento)… ¡Imagínese! ¡Y luego me llega un papel del gobierno donde me dice: “C J”! –señala, festivo, antes de romper en risas.

Pero los marinos también realizan “censos” entre los campesinos. A cada encargatura llegan a preguntar el número de hombres, mujeres, niños, tiendas, herramientas de trabajo. “Sólo unos cuantos despistados de una encargatura les han contestado; y eso porque nos agarraron descuidados. Ya se resolvió en la asamblea que no les vamos a decir nada”, señala la voz cascada de J Trinidad.

El pasado 2 de agosto, los comuneros Timoteo Ramírez Cirino, de la encargatura El Dúin, y Arnoldo Robles Luna, de la tenencia de Ostula, fueron detenidos por efectivos de la Armada. El comunicado 197/2010 de la Secretaría de Marina dice que los campesinos fueron detenidos en la carretera federal costera cuando viajaban en una camioneta tipo pick up y luego de que ignoraran el alto que les marcaron los marinos. El boletín de prensa agrega que a los campesinos se les aseguraron dos AK-47, un revólver 38 súper, diversos cargadores y municiones, y “pantalones tipo militar”.

Los habitantes de Ostula refieren una versión distinta. Señalan que Ramírez Cirino y Robles Luna fueron detenidos en sus domicilios sin que existieran órdenes de aprehensión. Aseguran que los efectivos castrenses registraron sus casas y que al primero les sustrajeron 6 mil pesos. Además, que los marinos les sembraron las armas. También señalan que esos domicilios no fueron los únicos allanados: que de la casa de Semeí Verdía sustrajeron 12 mil pesos, aunque al campesino no lo detuvieron, pues no lo hallaron en su domicilio. Agregan que los marinos eran acompañados de “personas extranjeras que usaban chalecos que decían DEA”.

La Marina Armada de México, a través de la X Zona Naval Militar con sede en el puerto de Lázaro Cárdenas, ha anunciado la construcción de tres cuarteles en la costa nahua: en Maruata, La Placita y La Tupitina; además, se construirán dos aeropistas: una en Caleta de Campos y otra en Maruata.
Dividir a la comunidad
En los últimos operativos y en los recorridos por las encargaturas, los marinos dicen a quienes quieran escucharlos que la persona que los está “denunciando” es Trinidad Verdía Zepeda, jefe de Tenencia Municipal, una de las máximas autoridades de la comunidad. Los campesinos consideran que la difamación es parte de la estrategia “contrainsurgente” que se aplica sobre Ostula. El objetivo sería sembrar división en una comunidad que expulsó a todos los partidos políticos y que por consenso reactivó la Policía Comunitaria y la Guardia Comunal.

El líder de 28 años de edad también ha tenido que salir de la comunidad y ha debido mantenerse oculto por las amenazas que pesan en su contra.

—No me agüito; no me preocupo por mí. Yo sé que la vida no la tenemos comprada –dice, mientras entrelaza las manos. Baja el tono de su voz y agrega pausadamente:
—No tengo miedo; lo que sí tengo es coraje, rabia, tristeza. Eso siento. No nos hacen justicia a los indígenas. Pero miedo, ya no. Ya sabemos que no somos inmortales, que a cada santo se le llega su día. Pa’ qué tener miedo, si una vez te va a tocar y ya ni modo.
Llama a los grupos armados que los acosan a que los dejen en paz.
—No sabemos por qué se está metiendo el narcotráfico. A nosotros no nos interesa la droga. Nos interesan nuestras tierras y nuestra gente. Tal vez con nuestra organización de autonomía y recuperación de tierras los afectamos en algo; pero nuestro problema eran los pequeños propietarios nada más. No teníamos ni idea que se iban a meter los narcos.
Ostula, autonomía histórica
Formalmente, Ostula pertenece al municipio de Aquila. Sin embargo, la comunidad nahua ha mantenido formas de gobierno y estructuras propias que le han permitido vivir con relativa autonomía desde la Colonia. Junto con las también comunidades de Pomaro y El Coire, se ha resistido por siglos a la expropiación de sus tierras. En el siglo XIX, fue un dique en la región a las leyes de desamortización, las cuales sí terminaron con la vecina comunidad indígena de Maquilí: la tierra comunal fue privatizada y los indígenas que se opusieron fueron exterminados.

Actualmente, la comunidad de Ostula está integrada por una tenencia o cabecera (Santa María Ostula) y 22 encargaturas o poblados dependientes. Se trata de un territorio de aproximadamente 20 kilómetros de playa y 24 mil hectáreas de sierra de selva tropical, selva caducifolia y bosque de coníferas: playas apacibles y montes húmedos y abigarrados.

La máxima autoridad es la Asamblea General de Gobierno, compuesta por los más de 585 comuneros enlistados en el padrón y por los hijos de éstos, es decir, por prácticamente todos los mayores de edad: alrededor de 2 mil personas. Mediante esta asamblea, designan a sus autoridades agrarias, civiles y religiosas.

Los cargos de las autoridades agrarias son: Comisariado de Bienes Comunales (presidente, secretario y tesorero) y Consejo de Vigilancia (presidente, secretario y tesorero). Los de las civiles son un jefe de Tenencia (o cabecera) y 22 jefes de encargaturas (o poblados). Las autoridades religiosas son cuatro jueces tradicionales, quienes se encargan del culto. A la reunión de los tres tipos de autoridades más delegados de cada encargatura y los mayores de la comunidad (en total 144 integrantes) se le llama Consejo Comunal.

La Policía Comunitaria fue nombrada por la Asamblea Comunitaria. Está integrada por 400 habitantes de las 23 encargaturas y la tenencia. La Guardia Comunal está compuesta por 150 personas y es parte de la propia Policía Comunitaria.

Desde el 29 de junio de 2009, la comunidad de Ostula ocupa casi la totalidad de lo que indican sus títulos primordiales, cuando mediante su Guardia Comunal y Policía Comunitaria ocupó el paraje de Xayacalan y montes circundantes: 1 mil 300 hectáreas que ya lotificaban y vendían grupos de mestizos avecindados en el poblado La Placita.

El conflicto agrario

En la costa de Michoacán, sólo existía la propiedad comunal, la de los pueblos nahuas de Pomaro, El Coire, Ostula, Maquilí y Aquila. El conflicto con los “pequeños propietarios” se sembró en 1911, cuando un embate contra la propiedad de los pueblos indígenas acabó con la comunidad de Maquilí. Las tierras de esta comunidad se privatizaron y con ello dieron origen a cinco “pequeñas propiedades” y, más tarde, a un ejido de mestizos en la región. Ahora son estos propietarios quienes disputan parte de las tierras de Ostula y reclaman más hectáreas para sí.

En 1953, el Departamento Agrario (antecedente de la actual Secretaría de la Reforma Agraria) inició los trabajos técnicos para titular las tierras de la comunidad de Ostula. El reconocimiento de las tierras sería total. Sin embargo, de manera abrupta, se cancelaron esos trabajos. Tres años después se realizaron nuevas “mediciones” y el gobierno “reconoció” cinco pequeñas propiedades dentro del polígono comunal que marcan los títulos primordiales de Ostula, a la que sólo se le reconocieron 19 mil 24 hectáreas.

—La resolución se hizo de manera deficiente: las distancias, los rumbos, las medidas en general que contiene la resolución, y que también están contenidas en el acta de posesión y deslinde, y en el plano definitivo, no coinciden con la realidad. Al momento en que se intenta realizar una medición de campo con los datos de esta resolución, es imposible construir un plano –explica el abogado Carlos González García, representante de la comunidad de Ostula ante los tribunales agrarios.

El defensor agrega: “Si intentamos reconstruir el plano de la comunidad con esos datos y partimos del Océano Pacífico, toda la parte de la sierra queda fuera. Y si intentamos reconstruir el plano iniciando por la parte Norte de la montaña, toda la costa queda fuera de la resolución. Sobre la base de esta resolución defectuosa, los ‘pequeños propietarios’ y las personas a su sueldo fueron invadiendo las tierras de comunidad”.

Pero no fue todo. Luego de que las autoridades cercenaran tierras de la comunidad de Ostula para entregárselas a los “pequeños propietarios”, los particulares siguieron ampliándose. Más de 1 mil hectáreas ocuparon de facto en los años siguientes. Y el conflicto siguió creciendo, pues los primeros cinco “pequeños propietarios” vendieron las tierras recién ocupadas a otros particulares. Para justificar la posesión, explotaron las tierras: cultivaron palmeras y tamarindo.
Carlos González destaca que, cuando la comunidad decidió recuperar sus tierras el 29 de junio de 2009, sólo recuperó hasta donde marca la resolución presidencial y no hasta donde señalan sus títulos primordiales

—Aun cuando sabe que los títulos primordiales le otorgan la propiedad hasta el paraje Las Majaguas, la comunidad de Ostula sólo recuperó hasta donde marca la resolución presidencial, es decir, hasta La Cananguancera o Estación 149. Lo anterior con el objetivo de que el problema no escale, no se haga mayor.

Las tierras que la comunidad recuperó no sólo estaban en posesión de los pequeños propietarios, sino también de un ejido: La Placita. En 1967, el gobierno federal había “dotado” de tierras a los mestizos asentados en la costa michoacana.

Hasta el momento, y luego de las movilizaciones de la comunidad de Ostula, el Tribunal Superior Agrario ha ordenado al Tribunal Unitario Agrario, con sede en Colima, realizar un nuevo plano.

—Adicionalmente a este trámite judicial que se lleva en los tribunales agrarios, se inició un proceso conciliatorio ante la Secretaría de la Reforma Agraria para intentar que, a través del Cosomer (Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural), el gobierno federal entregue una especie de indemnización a los pequeños propietarios. De ese modo, el juicio ya no continuaría –explica el abogado Carlos González García.

Los nahuas no entienden por qué puede haber alguien que les dispute las tierras de las cuales conservan los títulos primordiales. Voz ronca y apagada, Magdaleno Jerónimo Reyes manotea sobre los planos de la comunidad.

—No es mentira lo que nosotros decimos. A’i está el plano. Y nosotros vamos a reconocer hasta ‘onde diga el plano. Esto nos dejaron nuestros abuelos mayores. Ellos cuidaron. Nosotros estamos cuidando. Y nuestros hijos van a estar cuidando –termina casi en grito el campesino de 67 años.

El Manifiesto de Ostula

A principios de junio de 2009, los ejidatarios y los “pequeños propietarios” de La Placita ya habían ingresado al predio de Xayacalan y habían comenzado a regalar lotes a quienes quisieran unírseles contra la comunidad de Ostula. Al sentirse engañados por los gobiernos federal y estatal y despojados por los pudientes de La Placita, “el coraje y la rabia” fueron más grandes que el miedo.

Así, en asamblea decidieron nombrar a la Policía Comunitaria y a la Guardia Comunal. Y acordaron recuperar sus tierras. El 14 de junio de 2009, en la XXV Reunión Plenaria del Congreso Nacional Indígena, Región Centro Pacífico, nueve comunidades nahuas, siete purépechas, cuatro wixaritari, cuatro rarámuri, una hñahñü, una binnizá, una coca, una tzeltal y una nu’saavi respaldaron la decisión de la comunidad de Ostula y emitieron un manifiesto.

En el documento, los pueblos indios firmantes desconocieron las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes federales que atentan contra la propiedad comunal. Y señalaron que sólo reconocían como Ley Suprema y Constitución de los Pueblos Indígenas de México a los acuerdos de San Andrés, firmados entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en San Andrés Larráizar (o Sakamchén de los Pobres, como le llaman los tzotziles).

“Hemos agotado todas las vías legales y jurídicas para la defensa y reconocimiento de nuestras tierras y territorios y sólo hemos recibido negativas, moratorias, amenazas y represión por parte del Estado, como es el caso de esta comunidad de Santa María Ostula. El camino que sigue es continuar ejerciendo nuestro derecho histórico a la autonomía y libre determinación. Insistimos en que la tierra, que es nuestra madre, no se vende: con la vida se defiende.

“Exigimos el respeto a los acuerdos y decisión asumidos por las hermanas y hermanos comuneras y comuneros indígenas de la comunidad nahua de Ostula, aprobados en su asamblea general, que han acordado la recuperación, por la vía de los hechos, de las tierras que les pertenecen. Responsabilizamos a los malos gobiernos federal y estatal de cualquier acción represiva que se ejerza en contra de nuestras hermanas y hermanos indígenas nahuas de Ostula. Exhortamos a todas y todos los pueblos, naciones y tribus participantes en nuestro Congreso Nacional Indígena y adherentes a La Otra Campaña a estar alertas y en permanente comunicación.”

Además, los mismos pueblos emitieron el Manifiesto por el derecho a la autodefensa. En el documento se señala: “Que de frente a la guerra de exterminio neoliberal, nuestros pueblos, tribus o naciones, así como las comunidades que los integran tienen el inalienable derecho, derivado del artículo 39 constitucional, para organizarse y realizar la defensa de su vida, de su seguridad, de sus libertades y derechos fundamentales y de su cultura y territorios”.

El miedo

—En la Asamblea, decidimos que cero partidos políticos. Un día antes de que recuperáramos las tierras, reafirmamos que nada de partidos políticos, que ya no los íbamos a volver a aceptar. Y es que, además, no los necesitamos. Al contrario, nos dimos cuenta que si los hubiéramos aceptado, ellos nos hubieran desbaratado todo –dice Trinidad Verdía Zepeda.

Agrega: “No necesitamos partidos; todos somos la comunidad de Ostula. Así cambiamos la historia de Ostula y sacamos a nuestras autoridades por unanimidad”.

Evaristo Domínguez Ramos, integrante del Consejo Comunal dice que, junto con los partidos, se fue el miedo.

—Antes sí teníamos miedo. Por eso no nos decidíamos a recuperar las tierras. Ahorita ya se nos acabó el miedo, aunque estén desapareciendo a nuestros compañeros. Por miedo, le creíamos al gobierno. Pero cuando ya el engaño fue mucho y vimos que la razón se la dio a los invasores, pues como que el miedo se transformó en coraje. Nos armamos de valor y vinimos a recuperar las tierras.

A decir de los comuneros, el intento de “despojo” de tierras contra los nahuas de Ostula podría deberse a que la comunidad está en contra del plan turístico que impulsan los gobiernos federal y estatal. El objetivo es detonar la inversión extranjera en la zona y construir una autopista que vincule los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo.

—Los “pequeños propietarios” de La Placita ya han dicho que si ellos se quedan con la tierra, no habrá problema para el desarrollo turístico. Mientras, las comunidades de Ostula, El Coire y Pomaro representan un obstáculo para el gran capital. Las comunidades indígenas no van a vender los más de 100 kilómetros de playas que poseen entre las tres.

El Plan Regional para el Desarrollo Turístico Integral de la Costa de Michoacán fue presentado en febrero de 2006. Está a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Entre las “debilidades” que señala el documento ejecutivo del proyecto, se encuentran “los procesos de toma de decisión lentos en las comunidades nahuas” y el “bajo nivel educativo general y poca capacitación específicamente turística”.
El encargo

La luz se ha disipado por completo. Los planos del territorio de Ostula, extendidos en una mesa desvencijada, son repasados una y otra vez –lámpara de pilas en mano– por los campesinos nahuas.

Magdaleno Jerónimo Reyes, de 67 años, casi grita para hacerse escuchar. Aparta su sombrero de palma con una mano; con la otra sostiene un cigarrillo.

—No es mentira lo que decimos. Vea. Fíjese en el plano. Sobre el plano nos vamos a ir. Y hasta donde dice el plano, hasta ahí vamos a reconocer. Esto nos dejaron nuestros abuelos mayores. Ellos cuidaron. Los estamos cuidando nosotros. Y los hijos lo van a seguir cuidando.

martes, 21 de septiembre de 2010

San Juan Copala: Asedio Paramilitar

Denuncia de Asedio Paramilitar: San Juan Copala



Sigue la masacre a San Juan Copala y un muerto cinco desaparecidos

Verónica Villalvazo/Frida Guerrera

Oaxaca de Juárez , 19 de septiembre 2010.- Llevan 38 días instaladas en el zócalo de la capital de Oaxaca mujeres que tuvieron que salir de su comunidad, esa que las vio nacer, muchas de ellas ni siquiera habían salido alguna vez de esa tierra, la que describen llena de agua, árboles de vida...La cronología ya es conocida en noviembre de 2009 se agudiza lo que por años ha pasado pero que por momentos se había deteniendo un poco, sin embargo lo que en la actualidad sucede en San Juan Copala, asusta ya que nos encontramos frente a un genocidio que parece no importarle a nadie la respuesta siempre es la misma, "ah son triquis".

Durante la madrugada de este 19 de septiembre, los grupos paramilitares que mantienen tomado el Municipio Autónomo de San Juan Copala, nuevamente atacaron a los habitantes que aún permanecen en ese lugar.Reina Martínez Flores nuevamente denunció la muerte de sus compañeros la madrugada de este domingo, Paulino Ramírez de 28 años de edad, David García Ramírez de 29 años y la desaparición de Eugenio Martínez López de 65 años de edad padre del Presidente Autónomo de San Juan Copala Jesús Martínez Flores, Jordán Ramírez González de 33 años, María Agustina Flórez de 54 años y Susana López Martínez de 21 años de edad.Al ser informadas sobre estos hechos los ojos de las mujeres se llenaron de lágrimas. El terror que no para, la zozobra, la duda, esa que carcome a cualquier ser humano, la pregunta y ¿ donde están?, el enojo ¿ "por qué no nos creen lo que nos informa la gente que se encuentra cerca de San Juan Copala?,¿ por qué el gobierno sigue sin creernos cuando le hemos mostrado que no mentimos"?, era lo que se escuchaba dentro del campamento que mantienen en resistencia.

Hoy solo queda esperar, la lluvia nuevamente arreció este domingo, es como si el mismo cielo derramara lágrimas de desesperanza, ante la indiferencia de la sociedad, ante el dolor que estás mujeres siguen mostrando a los pocos medios de comunicación que las toman en cuenta.Sin embargo en ocasiones parecen agotadas, desesperadas, su familia está allá, ven a sus compañeras en Oaxaca porque salen heridas de bala de San Juan, Copala, las lágrimas de ellas; de las heridas se han secado, "no sale agua" dice una de ellas con la mirada perdida y la pierna fracturada por la herida que la bala le ha dejado, la cual se infecto al no ser tratada de inmediato.El dolor ya es insoportable, las mantiene en pie una de ellas; la que con el rostro lleno de coraje, les dice que van a seguir resistiendo, que lograran que tomen en cuenta sus demandas, así vaya su vida de por medio aún estando en Oaxaca.

Niños y mujeres triquis inician ayuno contra asedio paramilitar.

Demandan a los gobiernos federal y oaxaqueño que cese la violencia
Octavio Vélez y Agustín G. Samario
Corresponsales
Martes 21 de septiembre de 2010, p. 20

Oaxaca, Oax., 20 de septiembre. Diez mujeres y nueve niños triquis identificados con el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente (MULTI), quienes se mantienen en plantón en el zócalo de esta capital desde julio pasado, se declararon este lunes en huelga de hambre, para exigir a los gobiernos federal y estatal que cese la violencia ejercida por paramilitares de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) en el municipio autónomo de San Juan Copala.
Reina Martínez Flores dijo, en nombre de sus compañeras, que el ayuno representa un último intento para llamar la atención de las administraciones gubernamentales sobre las constantes agresiones y asesinatos de sus compañeros. Expuso que los triquis de San Juan Copala están acostumbrados a no comer, por la marginación y pobreza que padecen, y sobre todo ahora, por el asedio de los paramilitares.

“Los niños que están aquí no es la primera vez que no comen; desde que llegaron [al plantón] comen mejor, porque allá en Copala no había manera de hacerlo, no podíamos salir, si lográbamos salir era escondidas, antes de que estos asesinos se atrevieran a atacarnos por las veredas”, añadió.

Martínez Flores exigió a los gobiernos federal y estatal rescatar a las familias aún establecidas en Copala, que, dijeron, están en peligro de muerte.

En apoyo a las ayunantes, la representación del MULTI no acudió a la mesa de diálogo con el MULT convocada por el obispo emérito de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes, y por el coordinador de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de la arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, Romualdo Wilfrido Francisco Mayrén Peláez, para solucionar el conflicto por la vía pacífica.
En un comunicado, los religiosos reconocieron la disposición del MULT “en la palabra y en la presencia”, por acudir al frustrado encuentro “con su opinión y sus propuestas, para buscar el cese de la violencia y sentar las bases para encontrar la paz”.

Pidieron a los gobiernos federal y estatal atender las consideraciones del MULTI para sentarse a la mesa en cuanto se cumplan, entre ellas el cese de la violencia y las agresiones; que se garantice la vida e integridad de los pobladores de San Juan Copala; la presentación con vida de los desaparecidos, y permitir a organismos de derechos humanos y de la sociedad civil entrar a su comunidad, para verificar las condiciones que se viven ahí.

Lona y Mayrén Peláez pidieron a las mujeres y niños triquis del MULTI, “en nombre de Dios y de su pueblo”, suspender el ayuno y, a cambio, se comprometieron a redoblar sus esfuerzos y trabajos para que se cumplan sus requerimientos para sentarse a la mesa de distensión.
Mientras, Javier Rueda Velásquez, secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, afirmó que David García Ramírez, simpatizante del MULTI, no fue asesinado en Copala por presuntos paramilitares de la Ubisort y del MULT, como sostuvo Jorge Albino Ortiz, comisionado de Derechos Humanos de la autoridad municipal autónoma. Sin embargo, la procuradora estatal, María de la Luz Candelaria Chiñas, confirmó el asesinato el sábado anterior.

“Mentira. Nunca hubo cadáver. Apareció vivo y luego desapareció, seguramente lo escondieron”, afirmó el funcionario. “A mí me habló el padre Uvi (Wilfrido Mayrén), me dijo dónde estaba el cuerpo. La policía (estatal preventiva) fue y no encontró nada”, añadió Rueda Velásquez.

También negó que en Copala haya paramilitares: “El problema es entre ellos (MULT, MULTI y Ubisort); no se ponen de acuerdo. Si dicen que vaya la policía vamos, y si dicen que el Ejército, está bien. Pero que se pongan de acuerdo”.

sábado, 18 de septiembre de 2010

Jornaleros agrícolas: Condiciones de esclavitud

Retrocede el gobierno federal en la protección a jornaleros: especialista


*Prevalecen condiciones de esclavitud en campos agrícolas de Sinaloa, afirma Guerra Ochoa
*Pagos miserables, jornadas laborales de 12 horas y falta de seguridad social y prestaciones, señala
Javier Valdez Cárdenas
Corresponsal
Foto: Leo Espinoza
Sábado 18 de septiembre de 2010, p. 28
Fuente: La Jornada

Culiacán, Sin., 17 de septiembre. En cada temporada hortícola, en la entidad laboran entre 200 mil y 250 mil jornaleros que se emplean en la siembra, cosecha y empaque de tomate, pepino, chile, calabazas y otros cultivos. Este giro de la agricultura estatal produjo en 2009 alrededor de un millón 900 mil toneladas y tuvo un valor cercano a 8 mil 846 millones de pesos, lo que contrasta con los pagos que reciben estos trabajadores del campo y sus condiciones de vida.

María Teresa Guerra Ochoa, doctora en derecho laboral y especialista en el tema, afirmó que “en las épocas del auge hortícola unas 56 familias controlaban las mejores tierras de riego, la producción y el mercado en el estado.

En los años recientes se ha reducido a 17 empresas –en manos de las familias Ley, Bátiz, Bon, Canelos, Tarriba y Carrillo, entre otras– las que concentran alrededor de 55 por ciento de los mejores campos agrícolas y la siembra y producción de hortalizas en la entidad.

La autora del libro Los trabajadores de la horticultura sinaloense, editado por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aseguró que el gobierno federal ha retrocedido en la atención a los jornaleros, la mayoría procedentes de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, al dejar en manos de los patrones la “política social”.

Aíslan a trabajadores

Pero lo más grave es que “en muchos campos hay condiciones de esclavitud pues no hay movilidad, los jornaleros no pueden recibir visitas ni salir, y la misma Organización Internacional del Trabajo ha insistido en que existen condiciones de labor forzada”, dijo.

En Villa Juárez, municipio de Navolato, custodios de campos hortícolas visitados por La Jornada no permitían el ingreso de personas ajenas. Algunos trabajadores se quejaron de que ni siquiera pueden salir a comprar alimentos a otras tiendas que no sean las que están en la empacadora.

Santiago Martínez tiene 56 años, es de Tlaxiaco, Oaxaca, y cada septiembre, desde hace 13 años, está aquí para trabajar hasta diciembre; luego emigra a Baja California Sur para seguir trabajando. Pero este año no, porque para conseguir 110 pesos tiene que permanecer entre los surcos unas nueve horas, dice.

Los salarios de los jornaleros van de 65 a 80 pesos, aunque en diciembre se intensifican las labores y obtienen hasta 200 pesos, siempre y cuando la jornada sea de 11 o 12 horas.

Pero a Santiago, que tiene dos hijos, uno de ellos de 18 años, que también labora en la siembra de tomate y chile, apenas le alcanza para comer y rentar un cuarto en Villa Juárez, por el que paga 600 pesos al mes.

“Los patrones tienen mucho dinero pero no quieren pagar. Yo gano muy poquito porque ellos pagan barato, y no quiero quedarme en otro lado porque hay mucho borracho y mariguano, son casas sucias, y aquí estoy mejor”, dijo.

Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indican que alrededor de 60 por ciento de los jornaleros agrícolas no cuenta con seguridad social. Hilario Gastélum, director del Trabajo y Previsión Social, dijo que a pesar de las facilidades otorgadas por el gobierno federal, la afiliación al IMSS no llega a 40 por ciento. En el país hay 2.1 millones de trabajadores migrantes en el campo, agrega, aunque la Secretaría de Desarrollo Social afirma que son más de 4 millones, de los cuales apenas 5 por ciento están afiliados.

Según estimaciones de organismos ciudadanos, en los campos agrícolas laboran cerca de 30 mil niños o bien sus padres los llevan a trabajar ante la falta de guarderías. En abril pasado una de estas menores, de cinco meses de edad, fue atropellada por un camión de carga cuando estaba a pocos metros de su madre, que trabajaba, en el municipio de Guasave.

En febrero de 2009, Ángela Barraza, de 10 años, perdió el brazo izquierdo mientras trabajaba en una empacadora cerca de la comunidad de Costa Rica, municipio de Culiacán.

Buenas cosechas, bajos salarios

De acuerdo con el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, dependiente de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en 2009 el valor de la producción agrícola en Sinaloa fue de 29 mil 603.5 millones de pesos y se cultivaron cerca de un millón 305 mil toneladas, de las cuales 68 mil 538 (5.2 por ciento) fueron de hortalizas.

Gerardo López Cervantes, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UAS, informó que la producción de hortalizas fue de un millón 904 mil 101 toneladas, que tuvieron valor de 8 mil 846 millones de pesos (29.8 por ciento), de un total de 29 mil 603 millones generados por el agro en esta entidad.

Guerra Ochoa afirmó que en 2006 las ganancias de las exportaciones hortícolas a Estados Unidos fueron superiores a 4 mil 500 millones de dólares, lo cual refleja que no es por falta de recursos o utilidades por lo que los empleadores no respetan los derechos de los trabajadores migrantes.

“Es por la impunidad con la que históricamente han actuado, por la indiferencia de las autoridades frente a la marginación, explotación y discriminación que padecen los migrantes, pues siguen siendo ignorados sus problemas y se les sigue tratando como trabajadores de tercera y extranjeros en su propia tierra”, remata la especialista.

jueves, 16 de septiembre de 2010

Boletín San Jan Copala: 15 de septiembre

MULT y UBISORT amenazan masacrar
a todos los habitantes del
Municipio Autónomo de San Juan Copala

A las Organizaciones Sociales
A los pueblos indígenas y no indígenas de México y el Mundo
A La Otra Campaña
A las personas solidarias
A los Organismos de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales

Hacemos un llamado urgente para denunciar que las amenazas de masacrar al pueblo de San Juan Copala, sede de nuestro Municipio Autónomo, por parte de los paramilitares del MULT (Partido Unidad Popular) y de la UBISORT (Partido Revolucionario Institucional) comienzan a hacerse realidad. Desde la tarde de hoy nuestros compañeros y compañeras que permanecen en pie de lucha en nuestro pueblo de San Juan Copala nos informan que han visto movimientos de los paramilitares rodeando cada vez más cerca la comunidad con la firme intención de atacar de manera armada a la población en general. Por este motivo les pedimos de la manera màs atenta permanezcan atentos a la posible masacre que se avecina, sobre todo porque esta acción la planean los paramilitares aprovechando los festejos que se llevan a cabo en torno al Bicentenario de la Independencia.

Les recordamos que son alrededor de 50 familias integradas por mujeres, hombres, niños, niñas, ancianos y ancianas las que permanecen bajo este riesgo latente de ser masacrados por los grupos paramilitares que han venido agrediendo nuestra autonomía, por ello, en este momento màs que nunca, les pedimos alzen la voz para no permitir que suceda una tragedia de la magnitud de Acteal, en Chiapas o Aguas Blancas en Guerrero.

Por favor urge la solidaridad y la difusión con carácter de urgente de este comunicado.

ATENTAMENTE

MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN COPALA
15 de septiembre de 2010

GRITO DE INDEPENDENCIA EN SAN JUAN COPALA, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010


miércoles, 15 de septiembre de 2010

Paramilitares ocupan San Juan Copala

LLAMADO URGENTE PARA DETENER EL GENOCIDIO CONTRA EL PUEBLO TRIQUI


1. En la madrugada del día de ayer, lunes 13 de septiembre, los paramilitares del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), junto con los de la Unidad de Bienestar Social para la Región Triqui (UBISORT), retomaron el Palacio municipal de San Juan Copala.

2. Desde ese momento y hasta la fecha no has cesado de disparar con armas de fuego de grueso calibre sobre nuestros compañeros que se han negado a abandonar sus hogares, a pesar de la violencia. No quieren hacerlo porque es parte de su vida, ahí está su pasado y su futuro, no lo imaginan fuera de ahí, sin sus santos y sus muertos. Prefieren morir ahí con ellos que abandonarlos.

3. Como resultado de esas agresiones el día de hoy, 14 de septiembre, fue herida de gravedad la compañera María Rosa Francisco, la misma compañera que en días pasados estuvo secuestrada por los paramilitares del MULT. Ninguna autoridad, ni federal, ni estatal ni municipal, quiere entrar a sacar a la compañera para que reciba atención médica. Los compañeros no lo pueden hacer porque los agresores siguen disparando.

4. Como saben que sus actos resultan impunes por el apoyo que reciben del gobierno del Estado, los paramilitares están gritando desde sus posiciones que los habitantes de San Juan Copala tienen 24 horas para abandonar sus hogares o de lo contrario serán asesinados. No creemos que sea una simple amenaza, ya en meses pasados hicieron una acción similar en San Miguel Copala, donde asesinaron a doce compañeros en la mera cancha municipal.

5. Ante esta situación desesperada hacemos un llamado urgente a todos los personas de buena voluntad, a las organizaciones de derechos humanos, a los movimientos sociales, a todo aquellos que crean que los triquis merecemos vivir dignamente, que hagan cuanto esté en sus posibilidades para denunciar esta situación; exijan al gobierno otorgue garantías a los copaltecos y se detenga a los asesinos. Es muy urgente compañeros, mañana ya no será posible.

Quince horas del día 13 de septiembre del 2010
El municipio autónomo de San Juan Copala

Paramilitares ocupan a balazos San Juan Copala
Octavio Vélez Ascencio
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 15 de septiembre de 2010, p. 20


Oaxaca, Oax., 14 de septiembre. Integrantes de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), acusados de actuar como paramilitares, ocuparon a balazos el edificio del municipio autónomo de San Juan Copala, denunció Reina Martínez Sánchez, vocera del plantón que mujeres de esa etnia mantiene en las inmediaciones del antiguo convento de Santo Domingo.

En la balacera, ocurrida por la mañana, fue herida de gravedad María Rosa Francisco, de 35 años de edad, quien en días pasados estuvo secuestrada por los paramilitares, señaló Martínez Sánchez, del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI).

La portavoz dijo que los paramilitares no han dejado de disparar sus armas de fuego de grueso calibre y han dado 24 horas de plazo a sus compañeros para abandonar sus hogares, o de lo contrario serán asesinados. “No es una simple amenaza, porque en meses pasados hicieron una acción similar en San Miguel Copala, donde asesinaron a 12 compañeros en la mera cancha municipal”, destacó, y subrayó que sus compañeros no pueden trasladar a la lesionada porque los paramilitares siguen disparando y tienen rodeada la comunidad, nadie puede salir de su casa, y ninguna autoridad –ni federal ni estatal ni municipal– quiere ingresar a San Juan Copala”, remarcó.

Ante esta situación, llamó a las organizaciones de derechos humanos, a los movimientos sociales “y a todos aquellos que crean que los triquis merecen vivir dignamente, a que denuncien esta situación y demanden que el gobierno otorgue garantías al municipio de San Juan Copala y se detenga a los asesinos”.

Apenas anoche, a petición del subsecretario general de Gobierno, Joaquín Rodríguez Palacios, las mujeres triquis retiraron su plantón del Zócalo, frente al antiguo Palacio de Gobierno, que habían instalado el 11 de agosto para exigir el esclarecimiento de los múltiples asesinatos de sus compañeros y de los activistas Beatriz Alberta Cariño Trujillo, mexicana, y del finlandés Jyri Jaakkola.

Las manifestantes pusieron como condición el envío de 10 toneladas de maíz al municipio de San Juan Copala para atender las necesidades de los pobladores, debido a la escasez de víveres por el asedio de paramilitares, y el envío de agentes de la Policía Estatal Preventiva para la realización de rondines con el fin de evitar nuevos hechos de violencia.

miércoles, 8 de septiembre de 2010

No paran las agresiones paramilitares en San Juan Copala

BOLETÍN DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO SAN JUAN COPALA
07 de septiembre de 2010
Boletín Urgente!
A los pueblos indígenas
Al movimiento de mujeres
A los medios de comunicación
A las organizaciones sociales, a los movimientos de resistencia y emancipación que están en rebeldía y a las mujeres y hombres que buscan la justicia para nuestros pueblos indígenas, para el pueblo triqui, a ese México en desobediencia…

A todas y todos ustedes que escuchan nuestra voz, que han comprendido que no puede seguir estos crímenes contra nosotras, madres, hijas, esposas, hermanas; quienes denunciamos constantemente las agresiones de las que somos victimas, como mujeres, como pueblos, como triquis y como autónomas.

El día de hoy 7 de septiembre como a las 12:45 nuevamente nuestras hermanas, Natalia Cruz Bautista de 42 años y Francisca de Jesús Gracia de 45 años (quienes se encontraron en la ciudad de Oaxaca con los padres del Finlandés Jyri Jaakkola asesinado el 27 de Abril junto con Alberta “Bety” Cariño) fueron interceptadas en una de las veredas de lado norte que conduce al Municipio Autónomo de San Juan Copala, después de regresar de la capital con víveres para sus familias. Identificando a los agresores quienes son: Antonio Cruz Gracia, Ramiro Domínguez Gracia, Julio Cesar Martínez Mórales, Mauro Vázquez.

Cuando estaban en camino a Copala fueron interceptadas, Francisca de Jesús logro darse a la fuga, sin embargo fue herida en su huida, mientras que la compañera Natalia Cruz Bautista fue golpeada, amenazada, cortándole su cabello, dejándola desnuda y violada por los sujetos de la extinta UBISORT que hoy es cobijada por otras comunidades y organizaciones de la región de las cuales hemos denunciado anteriormente, lo que se suma nuevamente a las acciones de violencia y a la política de paramilitarismo que mantiene el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, así como a las redes de control y narcotráfico de Jorge Franco.

Estamos seguras que esta agresión se comete en el marco de la campaña Nacional, internacional en la que exigimos justicia para Bety Cariño, en donde como municipio autónomo nos manifestamos, estamos convencidas que estos actos de agresiones son con el fin de acordar pactos de impunidad con el gobierno federal, así como un acto de presión contra el gobierno entrante.

Basta Ya de Agresiones contra nosotras!
Cárcel a los responsables de este crimen!
Justicia para el Municipio Autónomo!
Alto a las agresiones contra las Mujeres Triquis
Justicia para Natalia Cruz Bautista y Francisca de Jesús Gracia
Justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakkola
Justicia para Teresa Bautista Felicitas Martínez!
Justicia para Virginia y Daniela
Justicia para Timoteo Alejandro Cleriberta castro.
Justicia para Antonio Ramírez López y Antonio cruz García
Justicia para Rigoberto Ramírez González y Pedro santos castro
Justicia para celestino Hernández y Héctor Antonio Ramírez
Justicia para el menor de edad, (9 años) Elías Fernández

sábado, 4 de septiembre de 2010

Continúan las agresiones paramilitares en Mitzitón, Chiapas.

El Ejército de Dios, de filiación priísta, apoya nueva autopista
Arrecian las agresiones de paramilitares contra Mitzitón
Hermann Bellinghausen
Sábado 4 de septiembre de 2010, p. 13
“En estos momentos tememos por nuestra seguridad y la de nuestras familias, porque los paramilitares nos están agrediendo cada vez más”, denunció hoy la comunidad de Mitzitón, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Desde el pasado 30 de agosto se han recrudecido los ataques del grupo de pobladores “no cooperantes”, identificados con el Ejército de Dios.

La tarde del 3 de septiembre, añade la asamblea comunitaria, el grupo paramilitar, reunido en la casa de Gregorio Gómez, agredió con resorteras a varias mujeres procedentes de la casa ejidal, “resultando muchas de ellas heridas en diferentes partes de sus cuerpos”.

Los ejidatarios de Mitzitón, adherentes de la otra campaña del EZLN, sostienen que su lucha, “justa y digna”, es en defensa de su tierra y territorio. Desde hace dos años la comunidad se resiste al paso por sus campos, bosques, manantiales y solares de una proyectada autopista San Cristóbal-Palenque, algo que por ahora niegan las autoridades estatales, así como la ampliación de la vía a Comitán, que permitiría el entronque con la ruta a Palenque.

El Ejército de Dios, agrupación militarizada de la Iglesia evangélica Alas de Águila, de filiación priísta, se ha manifestado en favor de las autopistas y ha violado repetidamente los acuerdos comunitarios.

El lunes pasado la comisión de vigilancia de bosques de la asamblea se reunió para realizar un trabajo comunitario de construcción de aula en Maiszckuric. Allí “fueron hostigados por paramilitares encabezados por Francisco Gómez Díaz, Gregorio Gómez Jiménez y Celestino Pérez Hernández”.

Este grupo “seleccionaba” árboles para derribarlos, sin autorización. “Iban en carros de diferentes modelos y se bajaron haciendo muestra de que van a sacar pistola y disparar, por lo que nuestros compañeros se huyeron”. Ese mismo día “una comisión de seis personas se dirigió a Maiszckuric para aclarar lo sucedido y los paramilitares lo negaron todo y Gómez Jiménez dijo que ellos también cuidan el bosque”.

El martes por la mañana, “los paramilitares dieron vuelta hasta el crucero de Rancho Nuevo, entrando por Dos Lagunas llegaron a Maiszckuric y empiezan a tumbar tres árboles”, relatan los ejidatarios. “El mismo Gregorio fue quien taló y se regresó a su casa”. Los ejidatarios acordaron llamarlo “para que aclarara por qué, si dijo que su gente está cuidando el bosque, ahora estaban talando los árboles más grandes”. Él se negó a venir y su gente atacó a la comisión con piedras y palos, dañando una camioneta, “pero nuestros compañeros lograron subir a Gregorio y traerlo a la cárcel rural”.

Posteriormente, los agresores destruyeron otro vehículo y robaron 5 mil pesos. A Guadalupe Díaz Heredia lo golpearon “salvajemente”. Para entonces “ya se hicieron presentes policías de diferentes corporaciones y dos helicópteros a vuelo raso sobre nuestra comunidad; los paramilitares les lanzaron piedras a los policías y ahí se golpearon entre ellos”.
Más tarde los ejidatarios entregaron a Gregorio Gómez a la policía y exigieron “que se retiren de la comunidad los dirigentes Francisco Gómez Díaz y Gregorio Gómez Jiménez”. Por la noche, los no cooperantes robaron una tienda, quemaron cercos y rompieron láminas de techos. Luego rodearon e intentaron ingresar a una vivienda “donde se encontraba sola una de nuestras compañeras”.

El miércoles una comisión de ejidatarios viajó a Tuxtla Gutiérrez para presentar pruebas ante las autoridades, “suficientes para consignar a Gregorio Gómez”. No obstante, la documentación del caso es deficiente, señalan los ejidatarios, pues el fiscal indígena Marcos Shilón “no pone interés ni realiza su trabajo”. El pasado 4 de agosto “sólo archivó” una denuncia de tala de 61 árboles. “Si hubiera actuado habría evitado esto que estamos padeciendo. Esa vez también le dimos pruebas suficientes y nombres para que comenzara la investigación.”