jueves, 25 de febrero de 2010

La insurrección parte 1: CRAZCC y CECOP

Consejo Regional Autónomo
de la Zona Costa de Chiapas
Nota de Hermann Bellinghausen publicada en La Jornada el 20 de septiembre de 2008

El Consejo Regional Autónomo de la Zona Costa de Chiapas, adherente de la otra campaña, se forma en el año 2007 proclamando ser “una organización autónoma, independiente y autogestiva, que no está financiada por nadie ni tiene acuerdos con los partidos políticos o los gobiernos para llevar a cabo su funcionamiento”.

Formado por comunidades y barrios que se declararon en resistencia desde hace años, este consejo se consolida como una modesta pero eficaz instancia regional.

Se estableció el 13 de septiembre de 2007, apunta, “con referentes muy trascendentales”, como el Frente Cívico Tonalteco, “ejemplo de lucha, apoyo moral, político e ideológico”, al igual que el EZLN y otras organizaciones sociales independientes y autónomas.

se define como autónoma “porque no depende de algún otro grupo exterior, sino que su estructura, forma y modo de trabajo están con pleno acuerdo de sus integrantes y representantes”, determinados por “las experiencias de los años que llevamos en resistencia contra los abusos de los malos gobiernos”.

También se dice independiente, “porque no depende de nadie para subsistir, sólo de sus miembros activos y comunidades adheridas”, y autogestivo, “porque todos sus gastos y subsistencia dependen de la aportación de cada integrante, no de recursos provenientes de otros lados”.

El consejo regional está integrado por siete comunidades de los municipios Pijijiapan y Tonalá, y ocho barrios de la ciudad de Tonalá. Algunos iniciaron su lucha hace años, oponiéndose a las abusivas tarifas eléctricas que se cobran en la región. Con el tiempo, “nuestras exigencias han crecido debido al rezago, explotación, despojo y olvido de los gobiernos y el sistema capitalista”.

Inicialmente demandaban tarifa justa de energía eléctrica para Chiapas, y pronto para todo México, así como la “cancelación de los adeudos a todo los usuarios sin ningún condicionamiento” y el mantenimiento de las redes de energía, abandonadas por la Comisión Federal de Electricidad.

En 2005, estas poblaciones se adhirieron a la sexta declaración de la selva Lacandona y en 2006 recibieron a la comisión sexta del EZLN. Mediante la otra campaña han unido sus demandas a organizaciones en resistencia contra los abusos de la CFE en otras regiones como Altos, zona Norte, frontera y selva Lacandona. Participan en la Red Estatal de Resistencia Civil “La voz de nuestro corazón”.

El consejo costeño demanda la libertad de los “presos políticos y de conciencia” en todo el país, la cancelación de órdenes de aprehensión a luchadores sociales, el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y el derecho a la autonomía.

“Queremos decirles a todas aquellas personas humildes y sencillas que luchan en contra de los altos costos de energía eléctrica en Chiapas y el país, que no se sientan solos. Desde tierras costeñas les extendemos la mano. No den ni un paso atrás. Sigan resistiendo como nosotros, porque llegará el día en que el pueblo tome el poder y se enseñe a gobernar, y entonces las cosas van a cambiar de forma radical”.

El consejo (que reúne las comunidades pesqueras y campesinas Joaquín Amaro, El Fortín, El Carmen, San Isidro, Agua Tendida, Los Pinos e isla San Marcos, así como los barrios Evolución, Barrio Nuevo, Nicatán, Las Flores, Las Ánimas, San Felipe, Quintanita y San Francisco, pertenecientes al Frente Cívico Tonalteco) advierte: “entre más los gobiernos se hagan sordos y necios, más nos hacemos rebeldes y seguimos resistiendo; a ver quién se cansa primero, si ellos o nosotros”.

Consejo de Ejidos y Comunidades
Opositores a la Presa La Parota (CECOP)
Con información de los portales de Internet COMDA (Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua) y ECOPORTAL.

Es el movimiento de resistencia que agrupa a campesinos y campesinas opositores al Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota. Agrupa a comuneros y ejidatarios de Acapulco y Juan R. Escudero, municipios del estado de Guerrero, quienes hemos dado la lucha durante seis años en contra del despojo que significaría la construcción de la presa.

El movimiento inició el 28 de Julio de 2003, con el cierre de los caminos que conducen a donde pretendían hacer la cortina de la presa. Expulsamos de nuestras tierras a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se vio obligada a sacar su maquinaria de nuestras tierras al encontrarse con la oposición de comuneros y ejidatarios, hombres y mujeres, quienes desde ese primer momento manifestamos nuestra decidida oposición a la construcción de la presa.

En esos seis años de lucha, la CFE no ha logrado iniciar los trabajos de construcción. Recientemente reconoció que, además de encontrarse con la infranqueable oposición de la mayoría de los campesinos, legalmente no cuenta con la anuencia de los Núcleos Agrarios para iniciar el proceso de expropiación ante las instancias agrarias. Tampoco cuenta con nuestra anuencia para iniciar el proceso de cambio de uso del suelo ante la Semarnat. Tuvo que reconocer que perdió los juicios ante el Tribunal Unitario Agrario quien declaró Nulas las asambleas amañadas realizadas en 2005 mediante las cuales la CFE trató de obtener, fraudulentamente, el permiso requerido para iniciar dichos procesos.

Los miembros del CECOP reconocemos como Asamblea definitoria, la realizada el 12 de agosto de 2007 en los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, convocada legalmente y realizada por usos y costumbres, en la que, los comuneros opositores y afines al proyecto, todos, de manera unánime, votamos en contra del proyecto La Parota.

Los campesinos agrupados en el CECOP hemos decidido defender nuestros derechos, civiles y humanos y evitar el desplazamiento de nuestras tierras. Nuestra lucha es por la tierra, el territorio, el agua del Río Papagayo y nuestros recursos naturales. Extendimos nuestra defensa a los ámbitos nacional e internacional, y logramos el respaldo y la solidaridad de cientos de organizaciones. Expusimos las razones de nuestra resistencia ante organismos como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien recomendó al Estado Mexicano procurar el previo consentimiento informado de los dueños de la tierra así como reconocer los derechos de propiedad y posesión de las comunidades indígenas sobre las tierras. Los Relatores Especiales para la Vivienda Digna y los Derechos de los Pueblos Indígenas que nos visitaron, reconocieron la legitimidad de nuestro movimiento y el derecho a defender nuestras tierras que son tierras comunales y no son mercancías a ser compradas y vendidas. La Directora de Amnistía Internacional visitó nuestras comunidades, ante ella expusimos las agresiones venidas de los tres niveles de gobierno. Del mismo modo expusimos las violaciones a nuestros derechos ante la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Los comuneros y ejidatarios reclamamos porqué la CFE sólo habla de 3039 afectados, cuando somos 25 mil los que seríamos desplazados. Porqué no dice que también serían afectados los 75 mil campesinos que vivimos río abajo, y porqué no dijo que los habitantes de Los Hilamos, Las Parotas, Rancho Las Marías, la Conce, Parotillas y otros pueblos también serían expulsados de sus tierras por que ahí harían otras dos presas llamadas de mitigación, proyectadas cortina abajo...

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