viernes, 28 de agosto de 2009

Bases militares estadounidenses en América Latina... Conquista y Colonia

¡Fuera bases!
John Saxe-Fernández
Jueves 27 de agosto de 2009
Cartón: Hernández (a propósito de la Conquista y las Colonias...)

Que el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida en México, Centroamérica y el Caribe son esquemas de intervención y ocupación lo muestra una sucinta revisión de documentos oficiales disponibles en torno al veloz despliegue castrense de Estados Unidos en América Latina, protagonizado esta semana por el acuerdo sobre bases militares entre Estados Unidos y Colombia, que incluye cláusulas que en los hechos se traducen en la apoplejía constitucional de la nación sudamericana y en una amenaza grave a la región: a pesar del rechazo de sus vecinos, Uribe, con arrebato cipayo, cabildea en pro de la ocupación extranjera de Colombia, reforzando todavía más, como lo advierte la Red de la Juventud de Medellín, la presencia de tropa yanqui en bases como Palanqueros, Tres Esquinas y Tolemaida, dando evidencia tangible de que en este país no hay soberanía, ni autonomía, ni independencia”.

Los documentos oficiales indican que además de ofrecer al Departamento de Defensa de Estados Unidos (DdD) un uso amplio de bases navales, terrestres y aéreas, tanto para la agresión doméstica como regional, se otorga “inmunidad” ante “crímenes de guerra” cometidos contra la población colombiana, acotando el derecho del Estado de elevar ante instancias como la Corte Penal Internacional acusaciones por la ejecución de crímenes de lesa humanidad por la tropa y oficiales de ocupación.

Información recabada por John Lindsay-Poland, del Programa de las Américas (www.ircamericas.org) indica que las funciones que se desplegarían en Colombia, como la nueva infraestructura militar en la base de Palanquero, “…no se limitarán a operaciones anti-narcóticos, ni siquiera a operaciones en la región andina”. Según un documento de planteamiento del Comando de Movilidad Aérea (CMA) del Comando Sur, la intención es (literal) “establecer enclaves para contingencias logísticas con alcance de movilidad aérea al continente sudamericano”… “además de una capacidad para operaciones anti-narcóticos hasta el año 2025”, designio sobre el que advirtió a sus homólogos de UNASUR el presidente Hugo Chávez, desde un país con jurisdicción sobre la mayor reserva de crudo conocida, según registro de Petróleos de Venezuela.

A estas alturas cabe recordar, con Michel Chossudovsky, los lazos entre el espionaje de Estados Unidos y la OTAN con el narcotráfico, fuente mayor para el apoyo de múltiples operaciones secretas, como se ha comprobado ya en la génesis y desarrollo de los triángulos de la droga en Asia y en América Latina. Con financiamientos que evaden el escrutinio legislativo-judicial y rebasan en mucho las cifras oficiales del DdD, la operación por el control militar de los recursos naturales y las economías, incluye América Latina como un todo, ya que el programa se dinamiza desde dos puntales: el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida. Así lo indica la dimensión del sustento logístico contemplado por el Pentágono, que, según esta fuente, también “está buscando acceso a un lugar en la Guyana Francesa que permitiera a las aeronaves militares alcanzar lugares en África, vía las Islas Ascensión”, agregando, que el Comando Sur “buscó el uso de instalaciones en Recife, Brasil; con el mismo propósito, pero las relaciones políticas con Brasil no son favorables para el acuerdo necesario”. Se indica además que, con ayuda del Comando de Transportes, sólo con la base de Palanqueros (que tiene una “pista de 10 mil pies, hangares que albergan 100 aviones, alojamiento para 2000 soldados y oficiales, restaurantes, casinos, supermercado y un sistema de radar instalado todo por el propio Estados Unidos en la década del 90”) el Comando Sur espera “cubrir casi la mitad del continente que puede ser transitado por un C-17 sin recarga de combustible”. Las bases “facilitadas” por Uribe a Estados Unidos permiten al DdD activar fuerzas de despliegue rápido con toda clase de equipo. Estados Unidos y sus monopolios contemplan la balcanización, agresión y ocupación de polos clave de Latinoamérica.

Hoy el mensaje es: “fuera bases de América Latina”.

ENLACE AL ANÁLISIS DE TELESUR DE LAS BASES MILITARES EN COLOMBIA
ENLACE PARA BAJAR EL LIBRO BLANCO DEL COMANDO DEL SUR DE EE UU

lunes, 24 de agosto de 2009

Los ritmos del Pachakuti...

Bolivia, el rayo que no cesa
Adolfo Gilly*
Domingo 28 de junio de 2009

Los ritmos del Pachakuti, el libro más reciente de Raquel Gutiérrez Aguilar, es un audaz intento del pensamiento, y de una experiencia de vida que lo respalda y nutre, la de Raquel, para entender y explicar los ritmos y los tiempos de una de esas violentas transformaciones en las relaciones sociales que llamamos “revolución”, a partir de un caso único, actual y revelador: la nueva revolución boliviana, iniciada en el año 2000 con la “guerra del agua” y que, como el rayo de Miguel Hernández, no quiere cesar.

Los ritmos del Pachakuti es pues un libro fuera de lo ordinario, como lo son las revoluciones; es decir, un libro extraordinario. Diré en lo que sigue mis razones.

Estamos ante un nuevo ciclo mundial de expansión del capitalismo, es decir, de la relación de capital. No se está hundiendo, está atravesando una de sus periódicas y violentísimas crisis de expansión. Se trata de una mutación y una extensión a nuevos territorios y sociedades de esta forma histórica de la dominación que consiste en la subordinación, mediante la violencia, del trabajo viviente al trabajo objetivado, para que los dominadores, los dueños del capital, puedan continuar la apropiación del producto excedente que deja ese trabajo humano. A esta apropiación le llaman ganancia, renta, lucro, interés, sueldos de ejecutivos, como se quiera: siempre queda en manos de los ricos.

Cada uno de los ciclos históricos de expansión del capital ha significado crisis y disputa entre los varios capitales; nuevas formas de violencia sobre el trabajo; nuevo despojo de los bienes de la economía natural; y, como contraparte, nuevas formas de resistencia y rebelión de los explotados y despojados. Éstas surgen e insurgen como contragolpe a la nueva dominación, pero se nutren de la experiencia de antiguas resistencias –es decir, se nutren de la historia propia de los subalternos en la cual crecen las sucesivas generaciones y de la cual pocas veces saben decir los libros.

En el ciclo presente de cambio y crisis nuestras preguntas básicas son tres:

1) Cuáles son y cómo se constituyen las nuevas formas de pensamiento y organización del trabajo asalariado, hoy que esta mutación de la dominación del capital ha dejado obsoletas a muchas de las anteriores.
2) Cómo organizar, defender y proteger el nuevo y extenso tejido social urbano, cuando la mitad de la población del planeta es ya urbana y más de mil millones, según las estimaciones de Mike Davis, viven en slums, en ciudades miseria, en el despojo hecho vida cotidiana.
3) En qué términos se ubica y se organiza la defensa del territorio, pues los derechos y la reproducción vital de las comunidades agrarias no se resumen en la parcela sino en el territorio.
Así es como los movimientos agrarios contra el despojo, en su relación directa con la naturaleza amenazada por el capital, revelan su carácter universal.

Lo que se nos plantea no son sólo cuestiones de análisis y diagnóstico del proceso actual del capital como forma globalizada de la relación social. Son, también y en consecuencia, cuestiones de organización de los seres humanos en ese proceso, dentro de esa relación y contra ella.

Para esas tres preguntas, Los ritmos del Pachakuti nos da algunas claves para abrir las puertas y salir al camino, y algunas propuestas para el andarlo.

* * *
La nueva revolución boliviana es el objeto concreto del estudio y el tema para anclar en la realidad la reflexión teórica de Raquel Gutiérrez Aguilar.

Raquel estudia un momento preciso, fugaz y tercamente repetitivo: el de la insubordinación social contra los órdenes de la opresión. La insubordinación es recurrente, en tanto expresión violenta de la voluntad humana de existir contra la violencia ubicua de la dominación que la quiere poner a servir.

Esta violencia ubicua es permanente, cultiva el miedo como si fuera la forma obligada de la vida y está en la esencia constitutiva de la dominación y de la relación de dominación/subordinación. Aquella violencia, la de la insubordinación, se nutre de la ira y el coraje y es impermanente o intermitente. Pero es indispensable para la existencia de la voluntad del trabajo viviente, del ser humano que trabaja y con la naturaleza crea riqueza, ese ser que dentro de la dominación nunca cesa de cuestionar y negociar su subordinación.

Esa negociación del mando, que en tiempos normales es la regla, estalla periódicamente en insubordinación para romper y modificar las reglas del mando y la obediencia, para abrir nuevos espacios y horizontes de realización humana y de disfrute de la vida, para mirar más cercanos lo que la autora denomina horizontes de deseo, es decir, horizontes de posibilidades a imaginar y a realizar, herencia teórica de Ernst Bloch y El principio esperanza.

La insubordinación no es un simple estallido espontáneo, nos dice Raquel Gutiérrez, una conmoción de la naturaleza. Es un acto de la voluntad humana múltiple, que no se puede comprender ni explicar como tal si se ignora que esa voluntad se forma en la historia, tanto en la historia larga de las dominaciones y las opresiones como en la historia corta de los actos y las ofensas de los poderes realmente existentes, formados también en esa historia y herederos y usufructuarios de ella.

Dije ofensas y cuando lo digo, digo además y sobre todo humillación, esa relación atroz en que se materializa el hilo invisible e interminable de las dominaciones. La insubordinación, que a escala de una sociedad se llama revolución social, es la ruptura violenta de ese hilo cuando, en la acción común, aflora la antigua convicción consustancial a la subordinación: “esto no es justo”. Entonces los que se sublevan se lanzan a romper ese orden existente que se quiere hacer pasar por naturaleza humana. Se lanzan a vengar las humillaciones y a afirmar en la acción su propia humanidad, en esa acción que en tiempos ordinarios se llama trabajo y en tiempos extraordinarios se llama revuelta, rebelión, revolución, insubordinación.

De este mismo modo fue como en múltiples estallidos locales, no coordinados pero sí simultáneos, surgió hace un siglo en Chihuahua y La Laguna esa creación única del pueblo mexicano que fue la División del Norte. Sus primeras apariciones fueron a fecha fija, el 20 de noviembre de 1910. En esos días, por ejemplo, una partida de rebeldes mal armados, unos a caballo y otros a pie, tomó fugazmente la ciudad de Torreón al grito memorable de “Ahora es tiempo, yerbabuena, de que des sabor al caldo”, y luego se remontó a los cerros para proseguir y extender las resonancias de su grito.

“Ahora es tiempo”: es así cómo empiezan las revueltas, al ahora es cuando. De esas rupturas nos habla Los ritmos del Pachakuti.

* * *
La insubordinación contra los órdenes sucesivos de la humillación, nos dice Raquel Gutiérrez, es permanente y es discontinua. La insurrección, en tanto forma material de la insubordinación, tiene sus ritmos. Raquel acude a la antigua voz aymara Pachakuti para nombrar ese fuego que, según medida, en permanencia se enciende y en permanencia se apaga, tal como el abuelo Heráclito decía de este universo no creado por ningún dios ni ningún hombre sino siempre existente según ritmo y medida.

En una nota al pie reveladora, la autora apunta:

Con esta expresión de permanente aunque discontinua –que podría ser sustituída también por intermitente– me refiero al tipo de ritmos que fundan casi todos los procesos vitales: desde el sístole-diástole del sistema circulatorio hasta los flujos y reflujos de las movilizaciones sociales. Esta pauta de lo que podemos llamar los “tiempos vitales” se contradice, antagoniza y desborda permanentemente los falsos tiempos homogéneos, idénticos y lineales del capital y del Estado.
Pensado así, el problema de la permanencia intermitente de las “acciones sociales de desconfiguración del orden dado” consiste ante todo en no colapsar los ritmos vivos del antagonismo social en los tiempos idénticos de la normatividad del capital. La posibilidad de ello ocurre, fundamentalmente, en el universo del sentido, del significado y no tanto en los ámbitos de las formas organizativas o de las “estructuras” institucionales aunque, por supuesto, estas últimas son imprescindibles.

A la autora le preocupa no sólo cernir formas y contenidos de estos procesos sociales, sino afirmar en su análisis lo que denomina la noción de emancipación, como guía para su reflexión sobre los acontecimientos de la revolución en Bolivia y sobre sus significados visibles y no visibles. En la búsqueda de esa noción está contenida su búsqueda del sujeto activo de la emancipación en los tiempos presentes.

En esa búsqueda, recurre a su conceptualización original de cerco y fuga, que viene dicen algunos de sus estudios filosóficos y matemáticos; y, dicen otros, de sus experiencias guerrilleras y carcelarias. Aquí, una vez más, no me queda de otra que recurrir a sus propias palabras para no desvirtuar su pensamiento, o para fugarme del cerco que ese su modo de pensar tiende una y otra vez sobre el mío propio. Escribe ella:

El cerco es una noción a través de la cual busco dotar de sentido a los contenidos profundos de las acciones colectivas de confrontación más enérgica ocurridas en Bolivia entre 2000 y 2005. Se sucedieron en esos años cercos políticos, fácticos y simbólicos contra las decisiones y proyectos de los gobernantes y contra sus prácticas políticas. La fuga, por su parte, es una noción para distinguir el tipo de relación que los movilizados entablan con el orden estatal y el dominio del capital; en el sentido en que utilizo el término, fuga es el antónimo de “permanencia”, esto es, de subordinación, acatamiento y acuerdo dentro del orden estatal.

Extenso y complejo es el razonamiento que a partir de estas nociones se desarrolla en Los ritmos del Pachakuti. No entiendo ni puedo aquí agotar el tema, por lo demás inagotable. Pero terminaré de complicar este escrito mío con otra definición que en el libro aparece sobre el concepto clave de emancipación:

la emancipación no es sino actividad humana fluida, en confrontación y fuga contra y más allá de aquello que la constriñe. En este sentido, la construcción de autonomía no puede leerse, en clave positiva, sino como fuga y contraposición de la norma heterónoma. Emancipación es, en tal sentido, trabajo vivo que se sustrae al orden del valor –y de ahí la importancia de la reciprocidad, el reconocimiento y la generosidad contra el intercambio medido de equivalentes abstractos- y se despliega convirtiéndose en puro derroche de valor de uso.

Puro derroche de valor de uso –y como tal, no agotable en este discurso del día de hoy– es este libro, Los ritmos del Pachakuti, nacido del estudio, la reflexión, la experiencia y la pasión de ese personaje de nuestras vidas que se llama Raquel Gutiérrez Aguilar.
En su España, aparta de mí este cáliz, escribió César Vallejo: “Todo acto y voz genial viene del pueblo y va hacia él, de frente o trasmitidos por incesantes briznas, por el humo rosado de amargas contraseñas sin fortuna”. También allí llamó a Francisco de Quevedo “abuelo instantáneo de los dinamiteros”. El libro de Raquel es una de esas briznas, una de esas contraseñas, siendo ella misma una nieta instantánea de los dinamiteros.

* Leído en la UAM-Xochimilco el 24 junio 2009, en la presentación del libro de Raquel Gutiérrez Aguilar, Los ritmos del Pachakuti –Levantamiento y movilización en Bolivia (2000-2005), Sísifo Ediciones, Bajo Tierra Ediciones, ICSH-BUAP, México, 2009.

Mesa Debate "Bolivia: Levantamiento y organización social y presentación del libro
"Los ritmos del Pachakuti":Levantam iento y movilización en Bolivia 2000-2005 de Raquel
Gutierrez Aguilar EN CIUDAD UNIVERSITARIA

Martes 25 Agosto a las 12 hrs
Sala Lucio Mendieta Edificio "F" Facultad de Ciencias Políticas y sociales, UNAM


-Pablo González Casanova
Profesor emérito de la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales UNAM
-Raquel Gutiérrez Aguilar
Doctora en Sociología por la BUAP, activista social en México y Bolivia
-Pablo Mamani
Profesor investigador de El Alto, Bolivia

-Jóvenes en Resistencia Alternativa y Bajo Tierra Ediciones

Venta del libro $120

martes, 18 de agosto de 2009

No ocultar la historia... Corazón del tiempo

La Jornada Sábado 22 de noviembre de 1997
CHENALHO: FRENAR LA VIOLENCIA

Los hechos acontecidos recientemente en San Pedro Chenalhó, Chiapas, son motivo de preocupación nacional. Las cifras de la violencia en este municipio clave de la región de los Altos son dramáticas. Tan sólo desde fines de mayo a la fecha han muerto por motivos políticos, de acuerdo con distintas fuentes, 29 indígenas, mil 500 personas han sido desplazadas de sus lugares de origen, decenas de casas han sido incendiadas, tres militantes de la oposición al PRI se encuentran detenidos y el párroco de la localidad, Michel Chanteau, ha recibido amenazas de muerte. Sin ir más lejos, en la última semana, según el Consejo Autónomo, fueron asesinados seis simpatizantes zapatistas de la comunidad de Aurora Chica.

El inicio de la violencia en Chenalhó se remonta al 19 de agosto de 1996, cuando una parte de la población asesinó a seis jóvenes en el paraje de Chixilton y lanzaron sus cadáveres a una cueva. El incidente, que en su momento buscó explicarse como un caso de brujería, se inscribió en las intenciones de diversos grupos de justificar la presencia del Ejército en el municipio para apuntalar a la autoridad municipal debilitada por la presencia de un ayuntamiento opositor paralelo. Aunque finalmente el presidente municipal debió renunciar, los asesinos fueron puestos en libertad en poco tiempo.

La escalada de violencia se aceleró, sin embargo, a partir de mayo de 1997. Desde esa fecha es notable el incremento de los choques entre presuntos simpatizantes priístas --que cuentan con armas largas y equipo sofisticado de radiocomunicación-- y bases de apoyo zapatistas y perredistas. Esta situación es en extremo preocupante, ya que el patrón del conflicto en Chenalhó tiene grandes similitudes con lo sucedido en la zona norte del estado, donde actúa Paz y Justicia. Los esfuerzos de distintos grupos de la sociedad civil local, como el conocido con el nombre de Las Abejas, para construir espacios de conciliación, han fracasado ante la beligerancia desplegada por los grupos ligados al poder local que apuestan a generalizar y magnificar el enfrentamiento entre los bandos en pugna.

Tratar de ocultar la magnitud de la violencia en Chenalhó sólo puede interesar a quienes ven en ella el recurso para solucionar el conflicto chiapaneco sin atender las causas que lo originaron. Por ello, es urgente encontrar vías para la reconciliación dentro de las comunidades, a fin de evitar que la violencia en la región de los Altos cobre más víctimas e interfiera negativamente en el urgente y necesario proceso de pacificación en Chiapas.

En este contexto, tiene gran relevancia el llamado que el Consejo Autónomo, ubicado en la comunidad de Polhó, realizó para entablar este domingo un diálogo urgente entre ellos y la dirigencia priísta, el ayuntamiento, la Cocopa y la Conai, para buscar frenar la ola de violencia y muerte.

Si se tiene en cuenta que apenas hace un par de semanas la frágil línea que separa la paz de la guerra en Chiapas estuvo a punto de romperse por el atentado perpetrado contra los obispos de la diócesis de San Cristóbal y que la proliferación de grupos paramilitares en varias regiones del estado y la espiral de violencia en Chenalhó amenazan con colocar al proceso de paz en un punto sin retorno, resulta obvia la urgente necesidad de cumplir los acuerdos del diálogo de San Andrés y retomar la propuesta de ley en materia de derechos y cultura indígenas formulada por la Cocopa, como los pasos necesarios para solucionar el conflicto en Chiapas de manera justa y permitir la recuperación del lastimado tejido social chiapaneco.

CORAZÓN DEL TIEMPO: UN VIAJE AL CENTRO DE LA RESISTENCIA ZAPATISTA


viernes, 14 de agosto de 2009

Acteal: estrategia de la impunidad

El revisionismo histórico hizo que la Suprema Corte liberara a autores materiales
Gobierno, medios e intelectuales afines al panismo lograron desvirtuar el caso Acteal
Roberto Garduño
Jueves 13 de agosto de 2009

El revisionismo histórico de la matanza de Acteal, promovida desde las instituciones del Estado y los medios de comunicación afines al poder, por los asesores y apologistas de los regímenes del PRI y del PAN, condujo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a tomar una controvertida decisión: ordenar la puesta en libertad de los autores materiales de la muerte de 45 niños, mujeres y hombres indefensos.

Por el multihomicidio, perpetrado en una ermita de la comunicad de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, fueron acusadas 124 personas; 75 de ellas permanecían purgando penas en prisión, pero a la fecha los autores intelectuales gozan de libertad.

La determinación de la Suprema Corte confirma la tesis sostenida en las páginas de La Jornada en torno a la participación directa de altas esferas del gobierno panista e intelectuales afines para revisar el caso de los homicidas y su consecuente liberación utilizando la maquinaria mediática, en la que terminaron por involucrarse medios de comunicación privados y dependencias encargadas de formar opinión pública.

El origen del proceso revisionista se remonta al interés y pragmatismo político del pastor Hugo Eric Flores Cervantes, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) –dependiente de la SEP–, subsecretario del CEN del PRI con Luis Donaldo Colosio, asesor de Ernesto Zedillo, nombrado oficial mayor de la Semarnat por Felipe Calderón (cargo del que fue destituido por defraudación en los programas forestales de la dependencia), y a la fecha suplente de la senadora del blanquiazul María Teresa Ortuño.

Flores Cervantes fundó en 2002 la asociación política Encuentro Social, que desde entonces promovió la liberación de los homicidas de Acteal. En sus afanes, con las prerrogativas que recibió de los órganos electorales escribió un libro llamado El otro Acteal, hecho que fue denunciado por el IFE.

El pastor prosiguió con su campaña para revisar el caso, y utilizó el membrete de su asociación política para dicho fin. En 2003 se alió con el partido Convergencia, y tres años después fincó un acuerdo inusual con el PAN con objeto de respaldar la candidatura de Felipe Calderón, a cambio de 30 millones de pesos para impulsar candidaturas propias y ganarse el compromiso del abanderado a la Presidencia para “revisar el estado procesal de los expedientes formados con motivo de la matanza de Acteal”.

Un mes antes de la elección de 2006, en junio y posteriormente en diciembre de ese año, la maquinaria mediática para liberar a los responsables materiales de la masacre comenzó a funcionar. La revista Nexos publicó dos adelantos del nuevo trabajo de Flores Cervantes, en colaboración con Alejandro Posadas, titulado Acteal: la otra injusticia, en abierta defensa de los autores materiales. También el periódico El Universal llevó a sus páginas otras dos colaboraciones de Flores, con la misma postura.

El 21 de diciembre de 2006, el CIDE y Alternativa Ciudadana 21, encabezada por Ricardo Raphael, y acompañados por Héctor Aguilar Camín, anunciaron que asumirían la defensa de los 75 detenidos por Acteal. Raphael, director del área de Estudios Jurídicos del CIDE, adujo que la determinación de asumir la defensa ocurrió porque las supuestas violaciones a los principios de debido proceso y presunción de inocencia eran tan graves que lo hacían un “caso paradigmático”.

A su vez, Aguilar Camín publicó en la revista Nexos una descripción en tres entregas titulada El regreso de Acteal, fundada en los argumentos de Hugo Eric Flores.

Al entorno, al de los promoventes del revisionismo y de la liberación de los homicidas, se sumaron instituciones públicas y privadas con objeto de generar una corriente de opinión pública apegada a la tesis del perdón institucional. Los arietes de la liberación –además de Flores Cervantes– Ricardo Raphael, Ana Laura Magaloni y Aguilar Camín utilizaron el CIDE y los medios de comunicación afines a su interés, como Canal 11, Televisa, Canal 22 y el periódico El Universal.

Presentaban como inocentes a presos señalados como responsables e inventaron un enfrentamiento entre zapatistas y grupos armados de autodefensa para negar la existencia de paramilitares en Chiapas. Ese argumento, ligado al “caso paradigmático”, prefiguró la controversial decisión de la Suprema Corte.
ENLACES A TESTIMONIOS Y ENTREVISTAS
RAÚL VERA (Obispo de Saltillo y Obispo Coadjutor de San Cristóbal durante la matanza de Acteal) y JOSÉ CABALLERO (Defensor de los paramilitares, académico del CIDE)
SEBASTIÁN PÉREZ (Las Abejas), MARIANO LUNA (Sobreviviente de Acteal) y DIEGO CADENAS (CDHFB)

jueves, 13 de agosto de 2009

Acteal: Testimonios de la impunidad

La impunidad en Acteal, sin novedad
Neil Harvey
Jueves 13 de agosto de 2009
Foto: La Jornada

“Sin novedad.” Ésa fue la respuesta oficial cuando se les preguntaba a los policías, aquel 22 de diciembre de 1997, ¿qué pasa en Ac-teal? Durante siete horas más de cien personas armadas y vestidas de policías de seguridad pública llevaron a cabo la masacre de 45 indígenas indefensos. Varios de los autores materiales de este crimen están a punto de ser liberados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a pesar de los testimonios de los sobrevivientes, lo cual representa otro paso atrás para los derechos humanos en México.

La defensa de los acusados se basa en las fallas de procedimiento de las instituciones jurídicas encargadas del caso. Como es bien sabido, dichas fallas son muy comunes y afectan a miles de presos, sobre todo a indígenas y luchadores sociales como, por ejemplo, los de Atenco y Oaxaca. Sin embargo, el argumento en favor de la liberación de los acusados de la masacre de Acteal comete dos errores fundamentales. El primero es que, al cuestionar el procedimiento también cuestiona las acusaciones hechas por los sobrevivientes, poniendo en duda la veracidad de su palabra. En segundo lugar, el argumento evita entender el contexto político de esta masacre, sobre todo la participación de distintas instituciones del Estado en fomentar las actividades de los grupos paramilitares.

Hay que destacar que es preocupante la manera en que el tema fue abordado en Espiral la noche del lunes 10 de agosto por Canal 11.

En ese programa, los analistas –todos en favor de la decisión de liberar a los acusados– manipularon la verdad de los hechos en por lo menos tres puntos centrales. Uno, que las pruebas eran incongruentes porque los sobrevivientes decían que los agresores portaban pasamontañas y, por tanto, ¿cómo era posible identificarlos con nombre y apellido? Segundo, que los testigos estaban confundidos y realmente no sabían cuántos agresores había ni quiénes eran, y simplemente armaron una lista con los nombres de más de cien personas que luego presentaron a las autoridades. Y, tercero, que no se podía confiar en la palabra de los sobrevivientes, si éstos decían que había 45 personas rezando en una ermita de solamente 12 metros cuadrados cuando fueron asesinados por la espalda. En cada uno de estos puntos, los participantes en el programa intentaron poner en duda la veracidad de la palabra de los indígenas que sobrevivieron a este ataque. Intentaron, pero fracasaron.

Basta hacer una simple revisión de algunos de los testimonios referidos para rectificar esta errónea y ofensiva versión de los hechos. Por ejemplo, citando 11 testimonios que fueron incluidos en los expedientes del caso, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) deja claro que los sobrevivientes no tenían ningún problema en identificar a quienes eran los autores de la masacre. (Ver: CDHFBC, Por la verdad y la justicia: Acteal 11 años 5 meses y 17 días de impunidad. ¿Cuántos más? 8 de junio de 2009, pp. 29-33. www.frayba.org.mx/archivo/informes/090608_informe_ para_scjn.pdf).

En ninguno de estos testimonios se habla del uso de pasamontañas por parte de los agresores. En cambio, lo que sí notaron fue la diversidad de armas largas y cortas que portaban y el color negro o azul de sus uniformes, al estilo de los policías de la Seguridad Pública. O sea, fue una masacre “descarada.” Los mismos testimonios dan cuenta de la manera íntima en que los asesinos son conocidos. En algunos casos eran vecinos, en otros eran otros miembros de la misma comunidad. Después de haber sufrido varios meses el hostigamiento de los grupos paramilitares, para los integrantes de Las Abejas no era un misterio quién los quería matar y no tuvieron que inventar una lista de nombres para exigir justicia. También es bien sabido que aunque las víctimas estaban congregadas a orar en la ermita, la masacre se llevó a cabo durante un periodo de siete horas, en el cual los asesinos los perseguían por todo el poblado.

Si bien el argumento en favor de la liberación de los acusados se basa en las fallas de procedimiento, esto no implica su inocencia y varios son precisamente quienes fueron identificados en los testimonios ya mencionados. Lo que aprendemos de los indígenas que sobrevivieron el ataque es la importancia de entender el contexto político en el cual se llevó a cabo la masacre. Hablan ellos de la existencia de grupos que recibían armas, uniformes y entrenamiento de las mismas instituciones del Estado, que supuestamente tiene como misión la seguridad de todos. Al negar la existencia de grupos paramilitares, los defensores de los acusados participan en la defensa de medidas contrainsurgentes que llevaron a la muerte de los 45 indígenas en Acteal y al desplazamiento de miles de otros antes y después de la masacre. Si no se cuestionan las razones políticas que están detrás de la masacre, ¿cómo se pretende evitar que se vuelvan a cometer crímenes de la misma magnitud en el futuro?

La liberación de estos presos no es señal de una “nueva época” de justicia para la SCJN y la ciudadanía. Tampoco convence cuando Calderón manda un mensaje al Congreso de Estados Unidos de que en México se respetan los derechos humanos para que siga fluyendo el apoyo de la Iniciativa Mérida. Más bien es otra prueba de la indiferencia de las instituciones cuando se trata de la procuración de la justicia. En 2009, como en 1997, la impunidad sigue reinando en Acteal, “sin novedad.”

* Profesor-investigador de la Universidad Estatal de Nuevo México, Las Cruces, y autor de La rebelión de Chiapas (Ediciones Era, 2000)

ENLACE A ENTREVISTAS CON DIEGO CÁRDENAS (CDHFB), SEBASTIÁN PÉREZ (LAS ABEJAS) Y MARIANO LUNA (SOBREVIVIENTE DE ACTEAL)

martes, 11 de agosto de 2009

Las bases yanquis y la soberanía latinoamericana

Las bases yanquis y la soberanía latinoamericana
Fidel Castro Ruz
Agosto 09 de 2009
Fuente: Granma
Cartón: Iván Lira

El concepto de nación surgió de la suma de elementos comunes como la historia, lenguaje, cultura, costumbres, leyes, instituciones y otros elementos relacionados con la vida material y espiritual de las comunidades humanas.

Los pueblos de la América, por cuya libertad Bolívar realizó las grandes hazañas que lo convirtieron en El Libertador de pueblos, fueron llamados por él a crear, como dijo: “la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria”.

Antonio José de Sucre libró en Ayacucho la última batalla contra el imperio que había convertido gran parte de este continente en propiedad real de la corona de España durante más de 300 años.

Es la misma América que decenas de años más tarde, y cuando ya había sido cercenada en parte por el naciente imperio yanki, Martí llamó Nuestra América.

Hay que recordar una vez más que, antes de caer en combate por la independencia de Cuba, último bastión de la colonia española en América, el 19 de mayo de 1895, horas antes de su muerte, José Martí escribió proféticamente que todo lo que había hecho y haría era “…para impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las antillas Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América”.

En Estados Unidos, donde las 13 colonias recién liberadas no tardaron en extenderse desordenadamente hacia el Oeste en busca de tierra y oro, exterminando indígenas hasta que arribaron a las costas del Pacífico, competían los Estados agrícolas esclavistas del Sur con los Estados industriales del Norte que explotaban el trabajo asalariado, tratando de crear otros Estados para defender sus intereses económicos.

En 1848 arrebataron a México más del 50 por ciento de su territorio, en una guerra de conquista contra el país, militarmente débil, que los llevó a ocupar la capital e imponerle humillantes condiciones de paz. En el territorio arrebatado estaban las grandes reservas de petróleo y gas que más tarde suministrarían a Estados Unidos durante más de un siglo y lo siguen en parte suministrando.

El filibustero yanki William Walker, estimulado por “el destino manifiesto” que proclamó su país, desembarcó en Nicaragua en el año1855 y se autoproclamó Presidente, hasta que fue expulsado por los nicaragüenses y otros patriotas centroamericanos en 1856.

Nuestro Héroe Nacional vio cómo el destino de los países latinoamericanos era destrozado por el naciente imperio de Estados Unidos.

Después de la muerte en combate de Martí se produjo la intervención militar en Cuba, cuando ya el ejército español estaba derrotado.

La Enmienda Platt, que concedía al poderoso país derecho a intervenir en la Isla, fue impuesta a Cuba. La ocupación de Puerto Rico, que ha durado ya 111 años y hoy constituye el llamado “Estado Libre Asociado”, que no es Estado ni es libre, fue otra de las consecuencias de aquella intervención.

Las peores cosas para América Latina estaban por venir, confirmando las geniales premoniciones de Martí. Ya el creciente imperio había decidido que el canal que uniría los dos océanos sería por Panamá y no por Nicaragua. El istmo de Panamá, la Corinto soñada por Bolívar como capital de la más grande República del mundo concebida por él, sería propiedad yanki.

Aun así, las peores consecuencias estaban por venir a lo largo del Siglo XX. Con el apoyo de las oligarquías políticas nacionales, los Estados Unidos se adueñaron después de los recursos y de la economía de los países latinoamericanos; las intervenciones se multiplicaron; las fuerzas militares y policiales cayeron bajo su égida. Las empresas transnacionales yankis se apoderaron de las producciones y servicios fundamentales, los bancos, las compañías de seguros, el comercio exterior, los ferrocarriles, barcos, almacenes, los servicios eléctricos, los telefónicos y otros, en mayor o menor grado pasaron a sus manos.

Es cierto que la profundidad de la desigualdad social hizo estallar la Revolución Mexicana en la segunda década del Siglo XX, que se convirtió en fuente de inspiración para otros países. La revolución hizo avanzar a México en muchas áreas. Pero el mismo imperio que ayer devoró gran parte de su territorio, hoy devora importantes recursos naturales que le restan, la fuerza de trabajo barata y hasta lo hace derramar su propia sangre.

El TLCAN es el más brutal acuerdo económico impuesto a un país en desarrollo. En aras de la brevedad, baste señalar que el Gobierno de Estados Unidos acaba de afirmar textualmente: “En momentos en que México ha sufrido un doble golpe, no solo por la caída de su economía sino también por los efectos del virus A H1N1, probablemente queremos tener la economía más estabilizada antes de tener una larga discusión sobre nuevas negociaciones comerciales.” Por supuesto que no se dice una sola palabra de que, como consecuencia de la guerra desatada por el tráfico de drogas, en la que México emplea 36 mil soldados, casi cuatro mil mexicanos han muerto en el 2009. El fenómeno se repite en mayor o menor grado en el resto de América Latina. La droga no solo engendra problemas graves de salud, engendra la violencia que desgarra a México y a la América Latina como consecuencia del mercado insaciable de Estados Unidos, fuente inagotable de las divisas con que se fomenta la producción de cocaína y heroína, y es el país de donde se abastecen las armas que se emplean en esa feroz y no publicitada guerra.

Los que mueren desde el Río Grande hasta los confines de Sudamérica son latinoamericanos. De este modo, la violencia general bate récord de muertes y las víctimas sobrepasan la cifra de 100 mil por año en América Latina, engendradas fundamentalmente por las drogas y la pobreza. El imperio no libra la lucha contra las drogas dentro de sus fronteras; la libra en los territorios latinoamericanos.

En nuestro país no se cultivan la coca ni la amapola. Luchamos con eficiencia contra los que intentan introducir drogas en nuestro país o utilizar a Cuba como tránsito, y los índices de personas que mueren a causa de la violencia se reduce cada año. No necesitamos para ello soldados yankis. La lucha contra las drogas es un pretexto para establecer bases militares en todo el hemisferio. ¿Desde cuándo los buques de la IV Flota y los aviones modernos de combate sirven para combatir las drogas?

El verdadero objetivo es el control de los recursos económicos, el dominio de los mercados y la lucha contra los cambios sociales. ¿Qué necesidad había de restablecer esa flota, desmovilizada al final de la Segunda Guerra Mundial, hace más de 60 años, cuando ya no existe la URSS ni la guerra fría? Los argumentos utilizados para el establecimiento de siete bases aeronavales en Colombia es un insulto ala inteligencia.

La historia no perdonará a los que cometen esa deslealtad contra sus pueblos, ni tampoco a los que utilizan como pretexto el ejercicio dela soberanía para cohonestar la presencia de tropas yankis. ¿A qué soberanía se refieren? ¿La conquistada por Bolívar, Sucre, San Martín, O´Higgins, Morelos, Juárez, Tiradentes, Martí? Ninguno de ellos habría aceptado jamás tan repudiable argumento para justificar la concesión de bases militares a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, un imperio más dominante, más poderoso y más universal que las coronas de la península ibérica.

Si como consecuencia de tales acuerdos promovidos de forma ilegal e inconstitucional por Estados Unidos cualquier gobierno de ese país utilizara esas bases, como hicieron Reagan con la guerra sucia y Bush con la de Iraq, para provocar un conflicto armado entre dos pueblos hermanos, sería una gran tragedia. Venezuela y Colombia, nacieron juntos en la historia de América tras las batallas de Boyacá y Carabobo, bajo la dirección de Simón Bolívar. Las fuerzas yankis podrían promover una guerra sucia como hicieron en Nicaragua, incluso emplear soldados de otras nacionalidades entrenados por ellos y podrían atacar algún país, pero difícilmente el pueblo combativo, valiente y patriótico de Colombia se deje arrastrar a la guerra contra un pueblo hermano como el de Venezuela.

Se equivocan los imperialistas si subestiman igualmente a los demás pueblos de América Latina. Ninguno estará de acuerdo con las bases militares yankis, ninguno dejará de ser solidario con cualquier pueblo latinoamericano agredido por el imperialismo.

Martí admiraba extraordinariamente a Bolívar y no se equivocó cuando dijo: “Así está Bolívar en el cielo de América, vigilante y ceñudo…calzadas aún las botas de campaña, porque lo que él no dejó hecho, sin hacer está hasta hoy: porque Bolívar tiene que hacer en América todavía.

domingo, 9 de agosto de 2009

Acteal: Legalismo sobre legalidad. ¿Y la justicia?

http://www.jornada.unam.mx/2009/08/08/index.php?section=politica&article=003n2pol
“Yo estuve ahí, y los vi, porque también me dispararon”
Temen por su vida testigos de la masacre; muchos preparan éxodo
Ángeles Mariscal
Corresponsal
Sábado 08 de Agosto de 2009

Acteal, Chis., 7 de agosto. “Nosotros estamos seguros: ellos los mataron; ellos los mataron y yo estuve ahí, y los vi, porque también me dispararon.
“Quedé tirado pero los oía y sé quiénes son, porque de por sí nos conocemos, porque somos de estos parajes”, explica Victorio Vázquez. El hombre, de 57 años, originario del poblado Queshtic, fue uno de los sobrevientes de la masacre del 22 de diciembre de 1997. Ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la posible exoneración de quienes se encuentran encarcelados acusados de ser los autores materiales de la matanza, el anciano expresa que se siente “muy indignado, con temor y miedo de que cuando salgan nos vengan a matar porque ya nos han amenazado por haberlos acusado que ellos fueron”.
Sentado en la puerta de su vivienda de madera, en el poblado Acteal, el hombre asegura que no hay un posible error al haber sindicado a los más de 80 indígenas de Chenalhó, quienes actualmente purgan una condena por los delitos de homicidio y lesiones calificadas.
“Los vimos, los conocimos porque no tenían la cara tapada. Si salen yo ya no voy a salir a trabajar porque las dos veces que he visitado el penal El Amate (donde están recluidos), me han dicho directamente que me van a venir a matar”.
En otra vivienda, Marina Guzmán Pérez, quien se hizo cargo del niño Efraín –que tenía cuatro años cuando sucedió la masacre, y resultó herido en la mandíbula, en tanto que su madre perdió la vida–, explica que el ahora adolescente asegura que si los detenidos por la masacre recobran la libertad, él se irá a vivir a otro lugar.
“Dice que se va a ir para siempre de aquí; tiene miedo porque quedó muy mal de la quijada. Lo que yo quiero es que no salgan, porque hay algunos que nos amenazan; aunque son predicadores de la palabra (pastores evangélicos). Tenemos temor de que si los liberan nos van a atacar de nuevo”, narra la mujer, que no puede contener el llanto.
Por su parte, Manuela Pérez Guzmán, de 45 años, quien también habita en el poblado Acteal, pide: “que por favor se haga justicia, porque ellos fueron los que nos dispararon; yo cada que camino por el paraje los recuerdo y me viene el temor. Mi hijo murió porque nos desplazamos para que no nos mataran y le dio una enfermedad y no lo pude sacar al médico. Ahora estoy muy preocupada porque van a liberar a los paramilitares, y de por sí yo no he retornado a mi casa en Queshtic, y no he regresado a mi vida, allá tenía mis cafetales, mis plantas. Nunca voy a recuperar mi casa y me voy a morir acá”.
Más violencia
Sebastián Pérez Vázquez, presidente de la Sociedad Civil Las Abejas, organización a la que pertenecieron los muertos de Acteal y en la que siguen militando los sobrevivientes, refiere que hay un sentimiento generalizado de miedo y preocupación.
“Es como si en nuestro país no existiera la ley. Las Abejas siempre hemos luchado en favor de la paz, y los paramilitares nos querían obligar a que les cooperáramos para comprar armas y luchar contra los del EZLN, por eso las autoridades de gobierno les dieron las armas, y los policías los custodiaban. Ellos prepararon bien la masacre y por eso nos duele que ahora sea como si no existiera la ley en nuestro país y quieran dejarlos en libertad.
“Si los liberan –añade– pueden generar más violencia, más desplazamientos. Algunos ya dijeron que van a volver a desplazarse si salen de la cárcel los paramilitares. Entonces ¿dónde está la ley?, ¿dónde está la justicia?, ¿cuándo van a hacer justicia contra los autores materiales?”, se cuestiona el dirigente indígena

http://www.jornada.unam.mx/2009/08/09/index.php?section=politica&article=005n1pol
El obispo de Saltillo advierte que en Chiapas no han dejado de actuar los paramilitares
Zedillo cometió en Acteal crímenes de lesa humanidad que se busca ocultar: Raúl Vera
Demanda que se rehaga el procedimiento si se integró mal la averiguación previa
Aspecto de la misa que ofició el obispo Samuel Ruiz García el 25 de diciembre de 1997, durante el entierro de los 45 tzotziles masacrados en Acteal, ChiapasFoto Archivo /Carlos Cisneros
Laura Poy Solano
Domingo 09 de agosto de 2009

La decisión que asumirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Acteal en los próximos días no es sobre la veracidad de los hechos [de la masacre], sino por el debido proceso de quienes están acusados y plenamente identificados como culpables, pues en las pesquisas hubo un manejo deshonesto, que se hizo a propósito, para que no se concluya que son criminales, afirmó Raúl Vera López, obispo de Saltillo y presidente honorario de la Red Solidaria Década contra la Impunidad.
A casi 12 años de la matanza de 45 tzotziles –la mayoría mujeres y niños– perpetrada el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, Chiapas, Vera López, quien en esa época se desempeñaba como obispo adjutor de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, al lado del obispo Samuel Ruiz García, afirmó que políticamente se quiere sacar la verdad diciendo que el debido proceso no estuvo bien, pero lo que quieren es ocultar el crimen de lesa humanidad que cometieron el entonces presidente [Ernesto] Zedillo, su secretario de Defensa [Enrique Cervantes], y los jefes, tanto de la zona como de la región militar, en Chiapas.
Sin embargo, subrayó que el juicio de la historia ya lo tienen y la seguridad de que son criminales, pues el señor Zedillo es responsable de crímenes de lesa humanidad y eso nadie se lo quita, pues reconoció que el riesgo de que se deje en libertad a los autores materiales es la impunidad.
Vera también alertó que en Chiapas no han dejado de actuar los paramilitares y se siguen entregando armas, pues la guerra contrainsurgente no ha desaparecido. Y esto es su fortalecimiento, es un apoyo más a la estrategia contrainsurgente que el gobierno federal ha elegido en colaboración con la administración estatal para enfrentar el caso Chiapas.
Tras advertir que se deja al país en la violencia cuando no se ejerce la justicia ni la persecución del delito, afirmó que es evidente que se está cubriendo a los responsables de ese crimen de lesa humanidad. Esto sucede, afirmó, no sólo en Acteal, sino con todos los desaparecidos y asesinados por los paramilitares desde el Estado mexicano y por el Ejército, de donde fueron sostenidos y financiados.
En entrevista, luego de participar en el segundo Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, enfatizó que hay responsables del crimen, hay una acusación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero lo que está privando es la impunidad.
Insistió en que el asunto de la veracidad de los hechos está sin discusión, pues la actuación de los paramilitares está identificada perfectamente por los pobladores de la zona, y eso no está a discusión, y la SCJN sólo tiene que ver si está el debido proceso y que se rehaga el procedimiento.
El obispo de Saltillo también subrayó que en las pesquisas del caso Acteal nunca se aceptó que los responsables hubieran estado en asociación delictuosa. Por el contrario, siempre han dicho que actuaron de forma individual, lo que resulta muy curioso, pues es como decir que se encontraron de pronto para ver quién mataba a quién, y se olvida que la mayoría de las víctimas fueron mujeres y niños.

Estado, caricatura

En México, afirmó, estamos viviendo una caricatura de Estado, pues así como se corre el riesgo de dejar impune el caso Acteal, también hay otros ejemplos como el gobernador de Puebla, Mario Marín, que sigue en plenas funciones, porque lo dejaron impune, y aunque la SCJN dice que sí encontró violaciones en su caso, no hay culpables, y esto sólo quiere decir que hay impunidad.
Recordó que también hubo violaciones en San Salvador Atenco, pero no hay culpables. ¿Qué quiere decir? Que hay impunidad. Esto es dejarle carta abierta a los criminales. Hay casos muy graves vinculados a las minas. Hay nuevos derrumbes y más muertos, pero a las viudas de Pasta de Conchos se les acaba de reprimir por tratar de impedir que un ex gobernador, Rogelio Montemayor, que es un defraudador de la nación a través de su papel en la dirección de Petróleos Mexicanos, se apodere de una planta minera, pero se le protege y se le manda toda la policía.

viernes, 7 de agosto de 2009

Resistencia en Tlahuac, Represión del GDF

Rechazamos y condenamos las acciones de despojo y represión del Gobierno del Distrito Federal contra ejidatarios y campesinos de Tláhuac.

Las organizaciones abajo firmantes rechazamos la represión contra integrantes del Frente de Pueblos del Anáhuac en el operativo policíaco ordenado por el Gobierno del Distrito Federal este 6 de agosto de 2009 en el pueblo de San Francisco Tlaltenco, Tláhuac, Ciudad de México.
A pesar de contar con recursos legales que los protegían, campesinos y ejidatarios fueron violentamente desalojados de su propia tierra por un impresionante operativo de granaderos y policía montada tomando como presos a 5 personas, incluyendo un menor de edad.

El GDF pretende legalizar el despojo de tierras, haciendo caso omiso de los llamados de alerta de organizaciones ambientalistas, del rechazo de los vecinos de Tláhuac y de muchos otros ciudadanos que entendemos la importancia que Tláhuac tiene como reserva natural por sus ejidos productivos de alimentos indispensables para la ciudad de México y como zona productora del 30% del agua potable que surte a la ciudad.

La línea 12 del Metro no significa necesariamente desarrollo o progreso. Forma parte de un ambicioso plan de urbanización del sur-oriente de la ciudad, del que empresarios y políticos pretender obtener beneficio. Es imprescindible un debate público sobre la naturaleza, razón, efectos y costos sociales y ambientales de estos megaproyectos.

Protestamos enérgicamente contra esta acción de despojo, exigimos la inmediata libertad de los detenidos y nos solidarizamos con los ejidatarios y pobladores de Tláhuac que se oponen al megaproyecto.

Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (CECOP), Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa-Chiapas , Consejo Indígena Popular de Oaxaca-Ricardo Flores Magón, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Frente Popular Francisco Villa Independiente- UNOPII, jóvenes en resistencia alternativa, Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México, Red en defensa de la Ciudad de México, Ecomunidades, Regeneración Radio, Resistencias Enlazando Dignidad Movimiento y Corazón Zapatista, Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad, Unidad Obrera y Socialista (UNIOS), Unión Cívica de los Pueblos de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, Círculo Autónomo Feminista, Cooperativa 666, Taller Integral Arquitect@z, Cooperativa Libertas Anticorp, Casa de la Cultura Independiente Benito Juárez, Materu Kurhinta.

Adhesiones al repudio del despojo y apoyo a los ejidatarios: http://mx.mc1118.mail.yahoo.com/mc/compose?to=jovenesenresistenciaalternativa@yahoo.com.mx


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DESPOJA A EJIDATARIOS DE TLAHUAC. CINCO PRESOS.


La mañana del miércoles 5 de agosto, alrededor de las nueve y media con lujo de violencia un aproximado de 2500 granaderos y 500 elementos de la policía montada y fuerzas de élite entraron a los ejidos de San Francisco Tlaltenco. El saldo de este operativo fueron 5 detenidos, entre ellos un menor de edad.

Esta es la tercera incursión policiaca haciendo uso de violencia contra los ejidatarios de los pueblos de San Francisco Tlaltenco, Zapotitlán y Tláhuac organizados en el Frente de Pueblos del Anahuac. Cabe mencionar que esta organización lleva más de 2 años luchando contra el despojo de terrenos que está llevando a cabo el Gobierno del Distrito Federal y el Sistema de Transporte Colectivo-Metro por motivo de la construcción de la línea doce o línea del Bicentenario del metro capitalino.

Es importante destacar que la construcción de la línea doce es sólo la punta de lanza de un proyecto de urbanización llamado Plan de Delegacional de Desarrollo Urbano (PDDU) que contempla la construcción de otros cinco megaproyectos para las zonas de Tláhuac que incluye áreas de urbanización, un basurero, una academia de policía, un reclusorio, el cambio de uso de suelo de conservación así como nuevas vialidades que atraviesan zonas de refugio de aves migratorias; lo cual implica un daño irreparable a la biodiversidad y al tejido social que se encuentra en estas comunidades que todavía conservan su identidad de pueblos originarios.

Las acciones del gobierno para conseguir las licencias y la compra-venta de los terrenos han sido ilegales, con uso desmedido de la fuerza contra los ejidatarios y violando un amparo federal agrario con registro JA6343/2009 y otro amparo individual ante el Tribunal Agrario. El proyecto del gobierno contempla la compra de al menos seis polígonos de terreno, dentro de los cuales existen dos propiedades amparadas. Una de ellos es propiedad de Obdulio Romero Martínez, que junto a su familia, fue violentamente despojado durante el operativo de esta mañana.

El saldo de este operativo dejó cuatro presos: Luís Rodolfo Rodríguez León, Obdulio Romero Martínez, Héctor Mendoza Rosas, Héctor Hugo Rodríguez Gómez. Todos ellos se encuentran en la Agencia del Ministerio Público No. 2.

Ante los hechos ocurridos, convocamos a toda la sociedad civil a que se mantenga alerta ante esta situación de represión y para sumarnos a la lucha de los compañeros ejidatarios, ya que esta lucha no sólo es por Tláhuac sino por la Ciudad de México. Si defendemos Tláhuac, defendemos las últimas zonas de reserva ecológica y los últimos reductos de captación de agua para la Ciudad.

Frente de Pueblos del Anáhuac
Baruc Martínez 04455-28-45- 29-80
Juan Tomás Hernández 04455-29-20- 93-37
tlaltencoresiste@ hotmail.com

miércoles, 5 de agosto de 2009

Los desenterradores de Acteal.

Los desenterradores de Acteal
Hermann Bellinghausen
Miércoles 05 de agosto de 2009

Terminaron las deliciosas y muy merecidas vacaciones de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se inicia la nueva temporada de caza. En un país en el que no se castiga nunca la responsabilidad gubernamental, por criminal que esta sea (lo que va del 68 a la guardería ABC de Hermosillo y la violencia institucional hoy contra el narco y los migrantes y, de paso, los legítimos movimientos sociales que protestan), un grupo de intelectuales y abogados se han dado a la noble tarea de abogar por unos indígenas de Chiapas que, consideran, están presos indebidamente, como “culpables fabricados”. Se trata de los paramilitares sentenciados por la masacre de Acteal en 1997. Pues una cosa es cierta: todos los presos eran paramilitares. El grupo al que pertenecían debe no sólo las vidas de Acteal, sino muchas otras en los meses anteriores a la masacre.

Esta “salvación” de los presos por Acteal ya fue intentada en 2007 por los mismos que lo hacen ahora. En los mismos medios, con los mismos argumentos elaborados desde 2006 por el departamento jurídico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y abogados evangélicos. Ahora podrían salirse con la suya.

Habiendo tanto indígena preso injustamente en todo México (por no hablar de los muertos, desplazados, despojados, mujeres violadas), qué notable afán por tomar precisamente a ‘estos’ para probar que la justicia mexicana es fallida y convenenciera.

O “era”, como sugiere Ana Laura Magaloni, quien, en un alarde de benevolencia, considera que ya estamos en la democracia, los gobiernos priístas son “el viejo régimen” y este encarcelamiento irregular de indígenas es una rémora de un México que ya no existe. Cosas que ocurrían “durante los años del autoritarismo mexicano” (Reforma, primero de agosto).

Uno pensaría que gente como esta investigadora lee algo más que los periódicos para enterarse. O cuando menos los periódicos. En el país militarizado de hoy, el “autoritarismo” no existe, por lo visto. Y la justicia es prístina y equilibrada, sin ninguna carga política, verdaderamente independiente. Ya se verá cuando salgan algunos de estos paramilitares: será un triunfo de la justicia “en la democracia”.

Sus motivos tendrán estos abogados y abogadores. Hacen una elaboración meticulosa e imaginativa. Sobre todo en ciertos episodios de su “reconstrucción”, ya descrita a fines de 2007 por Ricardo Raphael en El Universal; Héctor Aguilar Camín, en Nexos, así como Magaloni y otros investigadores y columnistas. Un ejemplo sería la fantástica “batalla” de Acteal (Nexos, diciembre de 2007). Otro, la aprehensión de 24 paramilitares durante el cortejo fúnebre de Las Abejas y bases de apoyo del EZLN en dirección a Acteal, el 24 de diciembre de 1997.

Según Aguilar Camín (Milenio, 4 de agosto), aquella Navidad, la PGR detuvo a dichas personas “de la siguiente manera”: “Mientras el cortejo fúnebre de los deudos de Acteal marchaba por la carretera, una camioneta de redilas llevaba a la cabecera del municipio de Chenalhó a distintos personajes de las comunidades, convocados por el alcalde para una reunión.

“Eran todos antizapatistas, del bando contrario a los dolientes. La camioneta fue obstruida en su paso por el cortejo, al que por razones de seguridad vigilaban agentes de la PGR. Unas mujeres gritaron, señalando a los que viajaban en la camioneta: ‘Ellos son los asesinos. Ellos son’. La PGR detuvo a 24 viajantes, sin más prueba que el señalamiento de los deudos del cortejo”.

Al igual que muchos testigos más, el autor del presente artículo estuvo allí. El momento está filmado. Quien resguardaba el cortejo eran centenares de zapatistas encapuchados, no la PGR y acompañaba a los difuntos el obispo Samuel Ruiz García. El dolor y el horror de los presentes era inmenso. En esas, con sospechosa precisión, llegó en dirección opuesta un camión de redilas lleno de campesinos, escoltados por la policía municipal de Chenalhó. Literalmente, se topó con los muertos de Acteal, en Acteal. Y con los sobrevivientes.

De inmediato salieron voces, un clamor, no sólo de mujeres por cierto. Los dolientes los identificaron como paramilitares. Un momento de insoportable tensión. Nunca he dejado de pensar que alguien puso la mesa para un linchamiento ready made. Con perversión cronométrica. Mas no era una marcha violenta, y no lo iba a ser. Un cordón de zapatistas encapuchados rodeó el camión, con disciplina y eficacia, para impedir que la multitud tuviera acceso a los pasajeros de las redilas, y Samuel Ruiz intervino para calmar el ánimo de los deudos.
Ninguno de los paramilitares negó serlo en ese momento. Su reacción fue de culpables, y de miedo. Agacharon la cabeza. ¿Por qué ninguno dijo “yo no fui”? Uno, cuando menos. ¿No sería lo normal? No, sólo descubrieron que habían sido engañados. Usados.

Por lo demás, no fue la PGR la que los “rescató” de una potencial turba. Simplemente, a los ojos del mundo y de las víctimas vivas, la policía federal se vio obligada a cumplir con su deber. ¿Cualquier camión con pasajeros visibles hubiera despertado esa denuncia inmediata y dolorosísima? Estoy seguro que no.

No es el único episodio inexacto en las reconstrucciones del revisionismo histórico de los autoasumidos desenterradores de Acteal. Igual sus versiones de la violencia en la gravera de Majomut meses atrás, y la “batalla” de Acteal donde un presunto (e indemostrable) fuego cruzado habría liquidado a 45 personas que estaban en medio, de rodillas, rezando.

En una entrevista aún inédita, filmada este año, Aguilar Camín elabora ampliamente su versión de todo aquello, con aplomo de historiador convencido de sus fuentes. Y para ejemplificar la tesis de que los malos no eran los malos, y los buenos tampoco eran tan buenos, cita con regocijo que Las Abejas de Acteal, “son abejas de día, y alimañas de noche” (donde alimaña equivale a zapatistas armados, según alcancé a entender).
El lenguaje no perdona.

lunes, 3 de agosto de 2009

Pasta de Conchos: Impunidad y Desprecio...

Fuente: Enlace Zapatista
El miércoles 29 de julio, la empresa Signum S.A. de CV, prestanombres del Monopolio Grupo México, propietario de Industrial Minera México, se presentó con 40 guardias de seguridad a su servicio y 40 esquiroles para posesionarse de la Lavadora de Carbón que está en el interior de la Mina 8. La resistencia de las viudas y familiares de Pasta de Conchos, de los trabajadores, del Partido de los Comunistas y la JCM, que se encontraban en el Campamento de Resistencia les impidió concretar su objetivo.

Este viernes 31 de julio, regresaron, pero acompañados de casi 100 elementos de la Policía Estatal y con base en la agresión ingresaron. Así, el Señor Moreira, que se ostenta como Gobernador de Coahuila, demostró que es sólo un empleado de los monopolios, un operador de Montemayor, Salinas de Gortari y de Germán Larrea.

Desde el 20 de noviembre, desmontamos el argumento de la imposibilidad del rescate; con el apoyo del México de abajo avanzamos en más de un 70 por ciento en la tarea del Rescate de los cuerpos de los 63 camaradas.
Signum intento dividirnos, con trabajo sucio. Es un negocio de Montemayor Seguy y sus hijos, vinculados a Carlos Salinas de Gortari. Ellos son prestanombres del Grupo México, el Monopolio que controla la minería en nuestro país.
Esta lucha por el Rescate autónomo e independiente nació en La Otra Campaña. En esta hora los llamamos como compañeros que somos a denunciar a los monopolios, al capitalismo, al Estado que les sirve para proteger sus intereses. Toda acción, según sus posibilidades, es una contribución no sólo a los que resistimos en Pasta de Conchos sino de manera general a nuestro movimiento anticapitalista.
Desde el campamento de Resistencia en la puerta de ingreso a la Mina 8 de Pasta de Conchos.Viudas y Familiares, Trabajadores Rescatistas, Partido de los Comunistas, La Otra Obrera, Juventud Comunista de México.

http://www.jornada.unam.mx/2009/08/01/index.php?section=politica&article=012n1pol
Denuncian viudas de mineros que fueron golpeadas al intentar frenar la irrupción
Empleados de Rogelio Montemayor sacan con violencia equipo de Pasta de Conchos
Leopoldo Ramos
Corresponsal
Sábado 01 de agosto de 2009

Saltillo, Coah., 31 de julio. Con el apoyo de policías estatales, representantes de la empresa Transportes Signum, propiedad del ex director general de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy y de su hijo Rogelio Montemayor García, irrumpieron a golpes y empujones en instalaciones de la mina Pasta de Conchos y se apoderaron de la planta lavadora de carbón, vendida al parecer por Grupo México e Industrial Minera México (IMMSA), concesionarios del yacimiento, al ex funcionario.

Viudas de los trabajadores, que hace tres años murieron en la carbonera –cuyos cadáveres permanecen sepultados en el lugar–, trataron de impedir la incursión, pero en su intento fueron retiradas a empujones, narró Elvira Martínez, una de las víctimas.

Aseguró que al menos una viuda y un joven fueron golpeados por policías y guardias de seguridad que custodiaban a los enviados de Montemayor.

A un muchacho que se llama César Ríos lo agarraron a patadas y a la señora Rosa Mejía (cuyo esposo murió junto a otros 64 mineros en el accidente ocurrido la madrugada del 19 de febrero de 2006) la sacaron a golpes.

Horas después del operativo, la Organización Familia Pasta de Conchos condenó en un comunicado el acto violento y sostuvo que dicha acción responde a que IMMSA sabe que las familias y trabajadores están accediendo y acercándose al lugar donde posiblemente estén los restos de los trabajadores que pudieron haber sobrevivido a la explosión.
Han sido evidenciadas todas las medidas con que justificaron la suspensión del rescate: ni el agua está contaminada de VIH, hepatitis o tuberculosis, ni el gas es incontrolable, ya que según nuestras mediciones del 17 de abril y del 25 de julio pasados, en el cañón de regreso (por donde sale el gas de toda la mina) los metanómetros marcaban cero por ciento

Por su parte, otra de las viudas, Teresa Contreras, informó que hacia las siete de la mañana Rogelio Montemayor García, hijo de Rogelio Montemayor Seguy, quien fue gobernador de Coahuila entre 1993 y 1999, se aproximó a las instalaciones de la mina custodiado por unos 40 guardias de seguridad vestidos de civil y alrededor de 60 agentes de las policías Operativa e Investigadora, que dependen de la Fiscalía General del estado.

Señaló que durante cuatro horas Montemayor trató de convencer a las viudas de la validez del negocio que realizó con los concesionarios de Pasta de Conchos, para apropiarse la planta lavadora de carbón y ofrecer el servicio a pequeños y medianos productores del mineral en las regiones centro y norte de Coahuila.

Sin embargo, dijo que Montemayor García en ningún momento nos presentó el documento que acredite la compra-venta, y al filo de las 11:15 horas los guardias contratados por el ex gobernador priísta abrieron un boquete en la malla ciclónica perimetral de la mina (localizada en el municipio de San Juan de Sabinas, a 350 kilómetros al norte de Saltillo), por donde ingresaron.
Tratamos de impedir que pasaran, pero nos empujaron, a varias compañeras las golpearon los mismos policías estatales, denunció Elvira Martínez.

Teresa Contreras, quien es abogada, explicó que Grupo México no se encuentra en condiciones de vender bienes involucrados en Pasta de Conchos, debido a que en noviembre de 2007 la Secretaría de Economía le canceló provisionalmente la concesión que tiene sobre la cantera.
En tanto, Martínez dijo que luego de la violenta irrupción, la cual no pudieron frenar, los familiares optaron por retirarse.

No obstante, la Organización Familia Pasta de Conchos hizo un llamado al gobernador del estado, Humberto Moreira, para evitar que IMMSA y sus prestanombres utilicen a su gobierno para violentar los derechos y las justas demandas de las familias.

Asimismo, las manifestantes advirtieron que no habrá acción violenta ni poder estatal ni privado que impida que las familias rescaten los restos de los mineros que murieron en el siniestro provocado por su negligencia y a los que sobrevivieron y que dejaron atrapados.
Cristiana Auerbach, del Equipo Nacional de Pastoral Laboral, organización que presta asesoría jurídica a las familias, informó que después del operativo, Rosa Mejía y César Ríos denunciaron ante el Ministerio Público a la empresa y la policía judicial del estado por agresión.(Con información de Mariana Norandi)

Campaña "Un peso por el rescate"
1440163139 SUCURSAL 5351 BANCOMER