Incursiones militares en poblados de Guerrero...

Nueva incursión del ejército mexicano en la Comunidad del Puerto de Las Ollas y Las Palancas, en Coyuca de Catalán, Guerrero
Chilpancingo, Gro. a 17 de diciembre del 2009

Fuente: Enlace Zapatista

Una vez más la comunidad de El Puerto de las Ollas ha sido víctima de una incursión militar y de la violación de sus derechos humanos. La señora Yesenia Campos Cortés vía telefónica, informó en la madrugada del día de hoy, que alrededor de las 2 de la mañana, un comando militar irrumpió de manera violenta, secuestró por varias horas al señor Javier Tapia a quien golpeó e interrogó en la casa de la señora Edith Avila Avila hasta el amanecer, donde se apropiaron de alimentos y de otras pertenencias, para retirarse a las 7 de la mañana con la amenaza de volver. Conforme a la información que hemos recibido en estos días, este hecho se enmarca en una intensa movilización militar en la región, con comandos a bordo de vehículos militares y sobrevuelos de aviones y helicópteros.

Esta es la sexta incursión que esta comunidad sufre en lo que va de este año. La primera se registro entre el 9 y 13 de junio cuando con la complicidad de paramilitares identificados como habitantes de la comunidad de San Isidro, los militares se posesionaron de las casas del pueblo, las saquearon, golpearon a mujeres y niños y los mantuvieron a la intemperie durante estos días, hasta que se retiraron ante la llegada de una Misión de Observación Civil integrada por periodistas, representantes de organismos civiles y de la Coddehum. A partir de esa fecha, las incursiones se han sucedido con acciones intimidatorias, saqueo, insultos y amenazas de muerte, las cuales se cumplieron el 30 de octubre cuando los paramilitares Simón Rodríguez Valencia, Israel, Antioquo, y Fredi Cortes Valencia, Aurelio y Ramón Valencia García, Leobardo, , Ezequiel, Ismael y Rafael Peñafiel Valencia, que siempre los han acompañado en estas incursiones anticonstitucionales, asesinaron a los jóvenes Alejandro y Bertín García Cortes y Rogelio García Valdovinos.

Alertamos al Pueblo de Guerrero, a las organizaciones sociales, a los organismos civiles y a los medios de comunicación para que estemos atentos y prestos a la solidaridad y apoyo para proteger a las comunidades de la Sierra de Guerrero que siguen siendo víctimas de las agresiones y violaciones de sus derechos humanos cuyo objeto es atemorizar a los poseedores de la tierra y los recursos naturales y propiciar su despojo a favor de caciques capitalistas. Por ello denunciamos que el Ejército Mexicano no se encuentra realizando medidas efectivas de lo que llaman combate al narcotráfico ni a la llamada delincuencia organizada, a quienes protegen y utilizan en esta guerra de baja intensidad en contra de los pueblos y comunidades campesinas de la Sierra.

Denunciamos que mientras el Ejército Mexicano agrede y viola derechos humanos de los habitantes de El Puerto de las Ollas y Las Palancas a favor de caciques capitalistas y les impide mantener una vida normal a nivel familiar y comunitario, los programas y servicios gubernamentales se les niegan por parte de los tres niveles de gobierno, pues a pesar de infinidad de gestiones realizadas, carecen de luz eléctrica, la clínica de salud más cercana está a mas de 20 kilómetros, carece de personal y medicamentos y presta un servicio muy deficiente, además de que para acudir a ella, las personas corren el riesgo de ser agredidas por los paramilitares. La producción se encuentra paralizada porque los hombres no pueden salir al campo a realizar sus labores del campo, no hay un abasto regular y suficiente de alimentos pues la tienda rural no se surte regularmente y las familias no tienen ingresos estables. El servicio educativo esta a cargo de un maestro del CONAFE que además de sus limitaciones docentes, no cuenta con las condiciones necesarios principalmente para su traslado, por lo que actividad es muy irregular y ni Oportunidades ni ningún otro programa asistencia opera en estas comunidades.

Anunciamos que como parte de nuestro trabajo de promoción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, continuamos impulsando los Módulos de Desarrollo Comunitario en diversas comunidades de la entidad y en particular de la Sierra de Guerrero y que en próximos días llevaremos ropa, medicamentos, alimentos y juguetes a está región, por lo que hacemos responsables a las autoridades civiles y militares de nuestra seguridad e integridad física y moral.

Por todo lo anterior, insistimos en nuestras exigencias:

• La salida inmediata del Ejército Mexicano de pueblos y ciudades de Guerrero, el regreso a sus cuarteles, castigo a los militares culpables de violaciones de derechos humanos y reparación de los daños causados a comunidades, organizaciones sociales y familias.

• Que el Ejército se limite a cumplir únicamente con las facultades que tiene plenamente establecidas en la constitución, evitando de esta manera la intervención y los abusos que hasta el momento ha realizado en las comunidades serranas, particularmente en El Puerto de Las Ollas y Las Palancas.

• Pleno respeto del mandato constitucional del ejército que define las facultades y responsabilidades del mismo y cabal respeto de los Derechos humanos por parte de los integrantes del ejército.

• Que se lleve a cabo una investigación pronta e imparcial de las violaciones cometidas por miembros del ejército y en su caso el castigo de los responsables, incluyendo los mandos militares que están ordenando dichas acciones.

• Que no se utilice el discurso de la lucha contra el narcotráfico para encubrir actos de hostigamiento e intimidación en contra de las comunidades de la sierra de Guerrero, se transparente la presencia militar en la región con informes fidedignos de sus acciones y resultados.

• Se finquen responsabilidades a los culpables de la violación a las garantías constitucionales

• Investigación inmediata contra elementos militares que atentaron directamente contra los derechos fundamentales de los habitantes de Puerto de las Ollas y Las Palancas)• Prisión preventiva para Simón Rodríguez Valencia, Israel, Antioquo, y Fredi Cortes Valencia, Aurelio y Ramón Valencia García, Leobardo, Ezequiel, Ismael y Rafael Peñafiel Valencia, asesinos de los jóvenes del Puerto de las Ollas: Bertín y Alejandro García Cortes y Rogelio García Valdovinos• Reparación, integral, física, moral y económica de los daños generados a los habitantes de Puerto de las Ollas y Las Palancas.

• Se otorguen medidas cautelares a las familias que han sido victimas de abusos militares.

• Se atiendan las demandas de servicios y apoyos gubernamentales de la comunidad

Taller de Desarrollo Comunitario A.C. / Adherente a La Otra Campaña

América Latina y el ajuste imperial... La Doctrina Monroe

América Latina:

ayudamemoria 2009
José Steinsleger
Miércoles 16 de diciembre de 2009

Washington, 13 de enero (agencias). En su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, la doctora Jekill (alias de Hillary Clinton) se comprometió a lavar la cara de la diplomacia estadunidense en América Latina: “Usaremos el poder inteligente (smart power)”, dijo la novel secretaria de Estado.

Washington, 11 de diciembre (agencias). La señora Hyde (ídem anterior), expresó su alarma por la “promoción” de Irán en naciones como Venezuela y Bolivia: “Si desean coquetear con Irán deberían ver las consecuencias para ellos, por lo que esperamos que lo piensen dos veces y los apoyaremos si así lo hacen”.

El comentario de la doña tuvo un destinatario preciso: la quinta cumbre de los países de la Alianza Bolivariana de las Américas (Alba, celebrada en La Habana), que condenó “…en los términos más enérgicos la ofensiva política y militar de Estados Unidos sobre la región”.

Curiosamente, Hillary omitió en su arenga a Brasil, país que si bien no pertenece a la ALBA, recibió al presidente de Irán, Mahumud Ahmadinejad, a finales de noviembre. Pero del gigante sudamericano se encargó Arturo Valenzuela, responsable del Departamento de Estado para América Latina.

Valenzuela y el principal asesor de Lula en política externa, Marco Aurelio García, acordaron dar por terminado el trágico sainete hondureño. En septiembre, el derrocado presidente de Honduras, Manuel Zelaya, se había refugiado en la embajada de Brasilia en Tegucigalpa. Opción que, por distintos y similares intereses, fue convenida entre Brasil y Washington para quemar tiempo, y llegar a las fraudulentas elecciones del 29 de noviembre.

Dos meses y medio después, Zelaya pasó a la historia. Con impagable cinismo diplomático, García declaró: “Deseamos que [Manuel Zelaya] salga pronto de la embajada, aún como presidente de Honduras”.

La política exterior de Brasil juega fuerte. Por gravitación natural, los países de la Alba y el imperio lo necesitan. Clara demostración de que si un Estado es económicamente fuerte y políticamente soberano, por izquierda y derecha puede decir (con eufemismos) lo que ambas posiciones desean oír.

Como socio principal del gran capital globalizador y excluyente, Brasil ve con preocupación la expansión militar del Pentágono en Colombia, Panamá y Perú. Sabe, por lo demás, que en lo relativo a Cuba se impone la agenda electoral estadunidense, y que la revolución bolivariana no cortará los chorros de petróleo requeridos por el imperio. Y también sabe, desde hace muchos años, que la geopolítica de Washington apunta al dominio total de la Amazonia, pulmón del planeta.

México continúa esperanzado en que lo salve su anexión virtual al norte, que sólo incluye a la plutocracia y a sus intelectuales lacayos. En Honduras, el golpe civicomafioso interrumpió el sueño bolivariano del presidente Zelaya, dejando relativamente “amarrada” a la subregión. Atento a la lección, el vecino “izquierdista” de El Salvador, Mauricio Funes, declara a diario que su país no quiere oír de la Alba.

Por ende, es probable que el próximo “ajuste imperial” tenga lugar en Nicaragua, gobernada por una pareja de impresentables, que a su vez es hostigada por el victimismo narcisista de encumbrados poetas, escritores y periodistas “de izquierda” que callan el rol de la CIA en la desestabilización interna. O en Paraguay, donde la teología de la liberación no ha podido aún con las mafias políticas legadas por la larga dictadura de Alfredo Stroessner.

En el Cono Sur, las elecciones presidenciales en Bolivia y Chile situaron a sus pueblos en las antípodas de un proceso de emancipación social. Y en Uruguay, antes que la izquierda propiamente dicha, ganó la dignidad cívica. Argentina, en cambio, encuentra crecientes dificultades para conjurar la poderosa ofensiva mediática y política de la extrema derecha. “Maten a la yegua, ¡mátenla!”, le dicen a la presidenta Cristina Fernández.

Guiado por las declaraciones cavernarias de los militares hondureños (“El golpe, para evitar que Chávez tomara Honduras”, “Frenamos el plan expansionista del socialismo”, “Honduras ha parado el plan del comunismo disfrazado de democracia”), algunos “expertos” europeos creen que los fantasmas de la guerra fría aún perviven en América Latina.

En realidad, lo que pervive en el continente es la Doctrina Monroe (América para los americanos, 1823) y su corolario, enunciado por el presidente Teodoro Roosevelt en 1901: “speak softly and carry a big stick” (habla con suavidad y porta un buen garrote).

Hace algunos años, el gran escritor estadunidense Gore Vidal apuntó: “Nuestro país fue construido sobre la mano de obra y energías baratas… Somos demasiado violentos y eso nos hace soberbios… Este país fue fundado por gente violenta… Tenemos que ganar siempre porque creemos en el destino, porque creemos que mandamos en todo el mundo por la mejor de las razones… somos racistas, somos la raza superior, y por ello todavía no podemos creer que unos chaparritos morenitos nos hayan ganado la guerra en Vietnam”.

Chile: "Civilización o Barbarie"...

La guerra contra los mapuches
Marcos Roitman Rosenmann
Sábado 12 de diciembre de 2009

Foto: AP

Las noticias que llegan de Chile no son alentadoras. Nada parece tener sentido en medio de una política de violencia gubernamental cuya máxima consiste en seguir desplazando la frontera del pueblo mapuche hacia regiones más australes e inhóspitas, donde sobrevivir es un milagro. Se trata de robar y negarles los legítimos derechos sobre sus territorios. Pero esto no es nuevo. Durante el mandato de Jorge Alessandri, en los años 60 del siglo XX, un terrateniente perteneciente a la vieja escuela permitió a sus pares seguir con la usurpación de los territorios mapuches. Igualmente, bajo su gobierno, se consumó el exterminio de los indígenas patagones. Desaparecieron sin que se derramase una lágrima. Salvo en documentales, nadie recuerda su existencia. Algo similar ocurre con los indígenas onas en el extremo austral. Su población disminuye constantemente. Pero esto sigue y suma. En el periodo dictatorial, al tiempo que se tortura, asesina y desarticulan las organizaciones indígenas, se enajenan las tierras comunales, distribuyéndose entre los hacendados pinochetistas. En los años 90, cuando muchos saludaban el fin de la dictadura y auguraban tiempos mejores, el pueblo mapuche seguiría acosado y perseguido. Se criminalizan sus reivindicaciones y se da rienda suelta a una de las más feroces represiones ejercidas por gobiernos electos democráticamente. Su impulsor será el entonces ministro de agricultura de Patricio Alywin, Juan Agustín Figueroa, gran latifundista y con intereses económicos en los territorios mapuches, donde tiene sus propiedades. Fue el inductor de aplicar las leyes antiterroristas que han llevado a la cárcel a más de 50 lonkos y justificado la tortura a manos de las fuerzas de orden público. Esta política siguió bajo el gobierno de Eduardo Frei hijo, con la construcción de la presa hidroeléctrica Ralco. Su puesta en funcionamiento acabaría por destruir el patrimonio cultural de los pehuenches, dejando bajo sus aguas una parte fundamental de su arquitectura, cementerios y centros de culto. El etnocidio se consuma. Fueron presionados, violentados y obligados a trasladarse a las regiones altas de la cordillera de los Andes con temperaturas inferiores a cinco grados bajo cero en invierno. No sólo les quitaron sus pertenencias y territorios, han roto su ecosistema y profundizado su pobreza. Endesa, la empresa propietaria, se lava las manos amparándose en las leyes vigentes que avalaron el proyecto.

Sin embargo, antes de llevarlo a cabo, los estrategas chilenos estudiaron posibles conflictos emergentes. En un viaje de Estado, se presentaron en México acompañados por el embajador de Chile. Se reunieron con las autoridades de Gobernación para empaparse de la estrategia contrainsurgente desplegada en Chiapas contra el EZLN. Había que estar prevenidos y tomar ejemplo. Las autoridades chilenas siguieron las instrucciones al pie de la letra. No se cortaron un pelo, militarizaron la región buscando desarticular las comunidades y encarcelar a sus líderes naturales. De paso crearon organizaciones bastardas con las cuales negociaron la venta y el desalojo de los territorios pehuenches. Un diseño sin fisuras. Tras la inauguración de la presa, los nuevos asentamientos no tienen luz eléctrica y su costo es prohibitivo. La presa Ralco no iba a producir electricidad para la población, se trataba de beneficiar a las industrias contaminantes de la minería y la celulosa de papel. El daño al medioambiente de la región es irreversible.

Pero este robo y expropiación de las tierras a los pueblos originarios no es nuevo en la sociedad chilena, y se remonta al siglo XIX con el proceso de pacificación de la Araucanía. Eduardo Mella en el excelente libro publicado por editorial LOM Los mapuche ante la justicia. La criminalización de la protesta indígena en Chile, señala su significado: “la ocupación de la Araucanía implicó para el Estado la anexión de casi 5 millones de hectáreas y para los mapuches la reducción a menos de 5 por ciento de lo que fue su territorio ancestral (…) con la reducción territorial, alrededor de 40 mil mapuches no fueron radicados en territorio alguno. El mapuche fue obligado a subsistir en pequeños espacios de superficies, inferiores a 6.18 hectáreas por persona promedio”. Así, la pacificación consolida la usurpación desconociendo de los derechos de posesión y propiedad del pueblo mapuche a sus tierras ancestrales. En consonancia, reconoce títulos de propiedad fraudulentos a los nuevos colonos y viejos terratenientes.

Hoy, cuando la presidenta Michelle Bachelet está a punto de acabar su mandato, el balance con respecto a su política indígena es peor. Si José Saramago le puso en antecedentes durante su viaje a Madrid acerca de la situación de los mapuches, rogándole que mirase al sur y no los abandonase, el resultado ha sido más dirigentes detenidos y tres asesinados a quemarropa y por la espalda. Bachelett ha superado a Ricardo Lagos en su política de “nuevo trato” a los mapuches. Da una vuelta de tuerca y deja impunes a los autores del acoso a los niños mapuches. Ahora, intimidados, se les hace presenciar las palizas a sus padres, se les esposa, golpea y maltrata. Se les amenaza con matarlos si no delatan a los defensores de los derechos del pueblo mapuche en su comunidad. Existen más de una docena de casos contrastados por Naciones Unidas. Un ejemplo es el acaecido en la comunidad de Rofue, en Padre Las Casas. Allí el menor de 14 años F. P. M. fue tiroteado con perdigones, golpeado, subido a un helicóptero del GOPE y amenazado con ser lanzado al vacío si no denunciaba los nombres de los integrantes de la comunidad. Sin embargo, el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, se defiende con estos argumentos: “algunos dirigentes mapuches utilizan a niños y mujeres como escudos”. Versión similar a la aportada por el general Hero Negrón, jefe de zona de carabineros en la Araucanía. “Los menores atacan a carabineros o han sido puestos por delante durante los cumplimientos policiales generados por órdenes judiciales”. Seguramente la máxima del gobierno de Bachelet no dista de la acuñada por las oligarquías del siglo XIX para justificar el exterminio de los pueblos originarios: civilización o barbarie.

"No sabemos bien leer ni escribir, pero sí tenemos memoria"

Chiapas: las vías de la contrainsurgencia
Magdalena Gómez
Martes 08 de diciembre de 2009

Trece años atrás el interés de amplios sectores sociales nacionales e internacionales estaba centrado en acompañar el proceso de diálogo y negociación entre el EZLN y el gobierno federal. Tras el sabotaje del diálogo por parte del Estado mexicano y la cadena de decisiones tomadas para derogar”, en los hechos, la Ley para el Diálogo, la Negociación y la Paz Digna en Chiapas, nos encontramos con las vías de la contrainsurgencia claramente delineadas. Por una parte, se consolidó la presencia militar en la región, cuyas actividades y retenes no merecen informe oficial alguno; su presencia ya no sólo busca cercar e intimidar a las bases zapatistas, sino que se despliega hacia otros objetivos, conectando con la “justificación” que el Ejecutivo federal ha definido para todo el país. ¿De dónde y con qué fines se alimentó la campaña de rumores sobre la supuesta inminencia de un “estallido” en Chiapas cerca del 20 de noviembre?

La estrategia se dirigió también al corazón del proyecto zapatista representado en las juntas de buen gobierno, emblemáticas dentro de las experiencias de autonomía en nuestro país y en América Latina, y cuya base jurídica está plenamente respaldada en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el convenio 169 de la OIT.

De pronto y por los mismos días, el 19 de noviembre resultó que el pleno de la 63 Legislatura chiapaneca aprobó “la creación de la comisión especial ante la realidad de las juntas de buen gobierno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política”, con base en la “solicitud” de unos “representantes y habitantes de las juntas de buen gobierno” en la que habrían señalado: “ante la espera e incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, hemos acordado como mexicanos que el ejecutivo de Chiapas retome y cumpla los puntos que le competen de dichos convenios en el ámbito de sus atribuciones constitucionales”.

Incluyeron, asimismo, “la elaboración de reglamentos comunitarios, compatibles con las legislaciones nacional y estatal”, así como “la definición de estrategias para la satisfacción de las necesidades humanas más fundamentales de los pueblos autónomos, mediante la aprobación de un presupuesto digno, establecido como ley ante el Congreso local, el cual sería otorgado a la estructura organizativa de cada junta y administrado por la misma de acuerdo con sus usos y costumbres”.

Todos los elementos anotados encierran la intención de intervenir “legal” y abiertamente en las juntas, dado el fracaso de la estrategia gubernamental federal y local para vencerlas y dividirlas con recursos públicos. No ha sido fácil avanzar en ese contexto y el costo ha sido alto, porque en estricto sentido esas comunidades indígenas zapatistas, como los pueblos de todo el país, tienen derecho a recibir recursos públicos.

Recordemos que ése era el sentido de la propuesta de la Cocopa, mutilada en la contrarreforma de 2001: reconocer a las comunidades como instancias de derecho público. Sin embargo, dado el contexto de suspensión del diálogo y el evidente propósito del Estado de vaciar de sentido al EZLN, éste mantiene su distancia absoluta con los gobiernos federal y local, mientras construye su autonomía en los hechos.

Por ello, y con justa razón, las cinco juntas de buen gobierno zapatistas desmintieron y desautorizaron la supuesta petición de “reconocimiento constitucional” de personas que no los representan , y señalaron: “no necesitamos que nos reconozcan los malos gobiernos, que no son del pueblo; ya somos reconocidos por nuestros pueblos que nos eligieron y por muchísimos pueblos a nivel nacional e internacional”, y agregaron que en su momento exigieron “a los tres poderes de México que se haga ley sobre nuestros derechos y cultura indígenas; esos tres poderes nos mandaron a la basura. No sabemos bien leer ni escribir, pero sí tenemos memoria” (La Jornada, 27/11/09).

La enérgica respuesta zapatista y sus elecciones próximas desarticularon esta iniciativa, e inclusive hasta el gobernador Juan Sabines se deslindó, no obstante que es poco creíble que fuera ajeno.

Lejos estamos de que existan las condiciones para retomar el camino del diálogo del EZLN con el Estado mexicano. Persiste la hegemonía política de quienes optaron por la contrarreforma indígena en 2001, porque alcanzar la paz al costo de otorgar poder real a los pueblos indígenas era contrario al sentido del proyecto neoliberal asumido.

En correspondencia con esta decisión de Estado se mantiene la ficción de la vigencia de la estructura de un diálogo suspendido indefinidamente mientras se aplican las muy viejas recetas de contrainsurgencia. De ellas forman parte los actuales remedos de políticas indigenistas banales para evadir el sentido original de los acuerdos de San Andrés sobre derechos de los pueblos indígenas, que requerían la reforma en serio del Estado como condición para la autonomía.

Chiapas: la otra guerra de tinta e Internet
Luis Hernández Navarro
01 de diciembre de 2009

En abril de 1995, José Ángel Gurría, entonces secretario de Relaciones Exteriores, declaró que el zapatismo era una guerra de tinta e Internet. Ahora, 14 años después, son los gobiernos federal y de Chiapas los que han lanzado una gran ofensiva de de-sinformación en contra de los rebeldes, los grupos defensores de derechos humanos y los movimientos sociales disidentes en ese estado.

La actual estrategia de comunicación gubernamental se inscribe en la arena de la “guerra de redes” (netwar). Según los analistas de la RAND, Arquilla y Ronfeldt, “Netwar se refiere a conflictos relacionados con la información en un nivel alto entre naciones o sociedades. Significa tratar de alterar, dañar o modificar lo que una población objetivo sabe, o piensa que sabe, acerca de ella misma y el mundo que la rodea. Una ‘guerra de redes’ puede enfocarse en la opinión pública, de las elites, o en ambas. Puede incluir medidas diplomáticas públicas, propaganda y campañas sicológicas, subversión política y cultural, engaños a, o interferencia con los medios, infiltración en redes de computadoras y bases de datos y esfuerzos para promover movimientos disidentes u opositores mediante redes de cómputo”.

Esto es precisamente lo que el Estado mexicano ha hecho durante las semanas recientes en el estado sureño. La lista de provocaciones es enorme: detención y asesinato de opositores sociales, promoción de una campaña de rumores anunciando un nuevo levantamiento armado, intento de difamar al zapatismo divulgando falsamente una solicitud de apoyo económico de las juntas de buen gobierno hacia el Congreso local, liberación de paramilitares responsables de la matanza de Acteal e incremento de la presencia militar. Todo ello montado en una campaña en medios de comunicación para ocultar los hechos, a pesar de las evidencias.

Con el gobierno de Juan Sabines los grupos de poder tradicionales se han recompuesto. Caciques, finqueros, ganaderos y la más rancia nomenclatura política priísta ocupan posiciones claves en la administración pública, en el Congreso local y en San Lázaro. Varios participan en los grandes negocios locales asociados con personajes del ámbito federal.

No importa que este gobernador haya ganado la jefatura del Ejecutivo del estado como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Él es uno de los gobernadores más cercanos al Presidente de la República. “Estamos con México y su presidente Felipe Calderón”, ha dicho en más de una ocasión. En Chiapas, el hombre de Los Pinos se siente más cómodo que un muchas de las entidades gobernadas por el Partido Acción Nacional (PAN).

Juan Sabines maneja la vida interna de ese instituto político a su antojo: quita y pone dirigentes y candidatos. En ese estado, el sol azteca se ha convertido, en mucho, en el partido de los paramilitares.

La estrategia de comunicación de la administración estatal tiene dos pies: uno es el uso intensivo de televisoras y radio para “promover” Chiapas; el otro es una política de contrainsurgencia informativa, orquestada a partir del control de la prensa local y la divulgación en los medios nacionales de las posiciones de la administración de Sabines sobre asuntos conflictivos suscitados en la entidad.

En la versión chiapaneca contemporánea de “pan y circo”, cotidianamente se filman capítulos de telenovelas, músicos consagrados graban discos y artistas de éxito se placean por ruinas, monumentos históricos y bellezas naturales. Los visitantes famosos son entrevistados en los medios de comunicación locales.

Aunque formalmente la guerra de papel contra el zapatismo y contra todo aquel que no quiera subordinarse a la política de “concertación” estatal es conducida por el Ejecutivo local, parte de la estrategia ha sido trazada desde el gobierno federal. Diego Cadenas, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, asegura tener información confiable de que en las reuniones semanales del gabinete del gobierno de Juan Sabines siempre están presentes militares.

El más reciente eslabón de esta ofensiva informativa es la versión de que las juntas de buen gobierno solicitaron “reconocimiento” al Congreso local y al gobierno de Juan Sabines, hecho tan insólito como irreal. La mentira gubernamental tiene un objetivo central: deslegitimar la lucha zapatista, quitarle credibilidad a su propuesta. La maniobra es una grave ofensa. A pesar de la precariedad en que las comunidades en resistencia viven desde hace muchos años, han rechazado sistemáticamente cualquier tipo de ayuda gubernamental. Su dignidad no tiene precio, y así lo han mostrado al mundo.

No es la primera ocasión en la historia del conflicto en que las autoridades recurren a un montaje similar. Entre 1999 y 2000, siendo gobernador interino del estado Roberto Albores Guillén –estrecho aliado de Juan Sabines– se montó un show televisado en el que se anunció la deserción de 15 mil zapatistas que entregaron armas y pasamontañas. Los desertores eran militantes del PRI, varios de ellos paramilitares. Uno de los principales organizadores de esta ópera bufa fue Noé Castañón León, a la sazón titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien, curiosamente, es hoy secretario del gobierno chiapaneco.

La guerra de tinta e Internet contrainsurgente ha creado una situación política muy delicada en Chiapas. A ver si los gobiernos siguen jugando con fuego.

"No necesitamos reconocimiento oficial"...

Niegan JBG que hayan recibido a una comisión encabezada por un diputado panista
“Una trampa”, versión de que zapatistas pidieron reconocimiento gubernamental

Investigan la identidad de quienes se hicieron pasar como representantes y firmaron un documento
Integrantes de una junta de buen gobierno, en imagen de archivo Foto José Carlo González
Hermann Bellinghausen. Enviado
Periódico La Jornada

Sábado 28 de noviembre de 2009

San Cristóbal de las Casas, Chis., 27 de noviembre. Las juntas de buen gobierno (JBG) Hacia la esperanza, de La Realidad (zona selva fronteriza), y Nueva semilla que va a producir, de Roberto Barrios (zona norte), desmintieron la versión de que hubieran solicitado “reconocimiento” al Congreso local y al gobierno de Juan Sabines Guerrero.

“Qué triste que alguien difunda estas cosas, para nosotros es una trampa. No pueden y no lograrán sus propósitos, nosotros sabemos que publicarán cosas, que no tenemos nada que ver con ellos. Nos quieren aplastar, pero no lograrán sus objetivos”, expresa la JBG de La Realidad. “Para nosotros, el dinero no vale, no va a poder con nuestra dignidad”.

El 25 noviembre, señalan las autoridades zapatistas, sumándose a los desmentidos de las otras tres JBG, “la corresponsal de La Jornada publicó que representantes de las cinco JBG han tenido comunicación con un grupo de legisladores locales. Son puras mentiras, donde realmente otros se están enriqueciendo. Dentro de esto alguien se va a enriquecer más”.

Por su parte, la junta zapatista del caracol Que habla para todos, de la zona norte, al salir al paso de las “falsedades” difundidas, “donde el periódico remarca que los zapatistas pidieron reconocimiento jurídico, político, financiero y social”, refuta que una “comisión” encabezada por el diputado panista Trinidad Rosales Franco haya visitado a las JBG.

“En esta forma de actuar de los malos gobiernos, se creen que son poderosos por el dinero que les dan los inversionistas extranjeros. Estos parásitos tramposos y rateros han mantenido su poder por medio de la mentira, y quieren seguir controlando a través de las migajas.”

Los zapatistas aclaran que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (“eso que le llaman la suprema corte de justicia de la nación”), junto con los partidos PRI, PAN y PRD, “traicionaron los acuerdos de San Andrés, (que) para ellos sólo fueron papeles para limpiarse y tirarlos a la letrina, esto quiere decir que no tienen la capacidad de gobernar al pueblo y al país”.

La información impugnada menciona la existencia de un documento, firmado por individuos que se hicieron pasar por zapatistas. Según la JBG de la zona norte, “el mal gobierno usa y compra a gente que se presta y se vende por unas cuantas monedas, porque ademas son sus mismos aliados para hacer trampas y armar mentiras con falsedades manipulantes, por eso estamos en proceso de investigación a las personas que firmaron este documento falso que se hicieron pasar por JBG, para castigarlos y demostrarles cómo se hace la justicia de nuestros pueblos, ya que estas personas son extrañas, no conocemos ni forman parte de nuestra filas zapatistas”.

Las autoridades autónomas declaran: “Nuestro poder es nuestra dignidad, no nos vendemos, no nos rendimos ni claudicamos, nuestra lucha es por justicia, libertad y democracia, estamos en contra de las mentiras de los malos gobernantes. La política del mal gobierno es crear la desinformación y confundir a la gente honesta que lucha y resiste, su plan de contrainsurgencia es crear terror y miedo a la sociedad”.

Ante esta situación, concluye, “pedimos a los hermanos honestos que luchan por la justicia y la democracia que no se dejen engañar por los malos intereses de estos vampiros gobiernos y medios que no dicen la verdad”.

ENLACES A COMUNICADOS


http://enlacezapatista.ezln.org.mx/jbg/2688 (CARACOL III)


http://enlacezapatista.ezln.org.mx/jbg/2703 (CARACOL I)


http://enlacezapatista.ezln.org.mx/jbg/2701 (CARACOL V)


http://enlacezapatista.ezln.org.mx/jbg/2687 (CARACOL IV)


http://enlacezapatista.ezln.org.mx/jbg/2685 (CARACOL II)

"No nos benefician"

Minidocumental "No nos beneficia"

No son una mejoría para nosotros. Eso va a traer perjuicio para la gente pobre, dicen indígenas vecinos de la zona arqueológica de Palenque.

Lutz Kerkeling

"No hay sentido de negocio. Es sólo una necesidad de los pueblos..."

Un proyecto de la autonomía zapatista
Insólito banco anticapitalista en la Selva Lacandona
“No hay sentido de negocio. Es sólo una necesidad de los pueblos y hasta ahora todos están contentos porque ven que está funcionando y se están resolviendo los problemas en colectivo”.
Gloria Muñoz Ramírez

Publicado originalmente en Desinformémonos:
http://desinformemonos.org/2009/08/insolito-banco-anticapitalista-en-la-selva-lacandona-2/2/

La Realidad, Chiapas. Todos los días los pueblos zapatistas enfrentan nuevos retos para hacer realidad la autonomía de sus territorios. Una historia de logros y tropiezos, de crear, inventar y poner en práctica nuevas ideas. De perder el miedo a equivocarse en un camino que iniciaron en 1994, formalizaron con la creación de los gobiernos autónomos en el 2005 y siguen construyendo todos los días. Y todo en medio del hostigamiento militar y paramilitar, el acoso policiaco y los proyectos gubernamentales encaminados a dividir a las comunidades, a lo que se suman las miles de carencias de los más de 40 municipios autónomos en resistencia. La autonomía se construye, casi, sobre la nada. Y sobre la nada nació hace más de un año el insólito Banco Popular Autónomo Zapatista (Banpaz), en la región de la selva fronteriza.

Lograr la autosuficiencia en condiciones de extrema precariedad suena imposible, pero no para los zapatistas que, asegura Roel, de la Junta de Buen Gobierno Hacia la esperanza, “demostramos que se pueden hacer las cosas de otra manera…imagínate, un banco anticapitalista, sin señores banqueros y con beneficios para el pueblo”.

La sede del gobierno autónomo de la selva fronteriza es el caracol “Madre de los caracoles del mar de nuestros sueños”. La región cuenta con cuatro municipios autónomos y es la primera en echar a andar el banco popular, una iniciativa que tiene su mayor fortaleza, como todos los proyectos autónomos, en la decisión de las asambleas comunitarias. Su concepción, discusión, aceptación y puesta en práctica es una muestra del ejercicio colectivo y democrático que predomina en las comunidades indígenas zapatistas.

El proceso autonómico de las bases de apoyo del EZLN incluye sistemas de salud, educación, proyectos productivos, medios de comunicación y nuevas formas de comercialización de sus productos, todo en condiciones precarias pero con la finalidad mayor de poner en práctica una de las premisas fundamentales del zapatismo: la del mandar obedeciendo, que se traduce en formas de gobiernos que basan sus decisiones en los consensos de los pueblos. Pero nada es ideal ni carente de problemas. Los hay “y muchos… el asunto es que aquí les buscamos la solución entre todos. Si una cosa no nos funciona no nos quedamos conformes. Le buscamos la forma. Nos lo tomamos en serio y luego sale. Todo el mundo se equivoca, pero cuando la equivocación es colectiva pues ahí no hay culpable…”, explica Roel, autoridad autónoma que está por finalizar su gestión al frente de la Junta de buen gobierno.

Y precisamente uno de estos problemas es que a pesar de que cuentan con un sistema de salud autónomo, resulta insuficiente para la atención de enfermedades graves y en estos casos los pacientes tienen que salir de sus pueblos para buscar ayuda especializada, necesitando dinero para trasportarse y pagar los servicios médicos. El dinero no lo tienen y buscan a quién pedir prestado.

Hace unos años comenzó a vislumbrarse en las cañadas de la selva Lacandona el fantasma de la migración. Cientos de indígenas, zapatistas y no, salieron de la zona en busca de trabajo. La baja de precios de sus productos agrícolas y los intermediarios para su comercialización, provocaron el flujo de hombres, jóvenes en su mayoría, a ciudades turísticas del sur del país (Cancún y Ciudad del Carmen) y, por supuesto, hacia Estados Unidos. Empezaron a llegar las divisas a las comunidades y algunas familias “se hicieron de un dinerito” con el que iniciaron el negocio de la usura o el coyotaje, como se le conoce en la región.

La necesidad urgente de dinero para enfrentar un problema de salud grave, por un lado, y el incremento del coyotaje, por el otro, conformaron un escenario en el que empezó a predominar el abuso de los prestadores, quienes cobran un interés de entre el 15 y 20 por ciento mensual. Ahorcados, sin ninguna otra opción, los indígenas de cualquier filiación política recurren a estos préstamos. Pero los zapatistas empezaron a inconformarse y “a buscarle cómo salir de esta situación”.

“La gente de los pueblos empezó a discutir cómo resolver el problema de los réditos. Empezaron las asambleas en el 2008 y pueblo por pueblo fuimos discutiendo la idea de formar un pequeño banco para cubrir las necesidades de urgencia de salud, los casos graves que no pueden cubrir los servicios de salud autónomos”, explica Roel.

En los casos de urgencias, añade, “se necesita trasladar al enfermo a recibir atención especializada y pues al no haber dinero se tenía que recurrir a los coyotes. Así nació la idea de hacer mejor un banco de préstamos y empezó la discusión de cómo hecerle. Las comunidades decidieron que sí se cobraran intereses, pero que fueran muy bajos. Con esos intereses se incrementaría el fondo del banco para hacer otros préstamos. Al final de la discusión se acordó que fuera el 2 por ciento de interés mensual”.

Una vez decidido el interés para préstamos por motivos de salud, las asambleas discutieron los préstamos para proyectos colectivos, cooperativas y sociedades. Y ellos mismos acordaron un interés del 5 por ciento. En un principio se pensó también en préstamos para proyectos individuales, pero, explican, “nos dimos cuenta que eran para puro negocio y los suspendimos, quedando sólo vigentes los préstamos por problemas de salud y para después los préstamos para proyectos colectivos. Lo importante aquí es que ninguna decisión es individual y los pueblos son los que analizan cada paso y van decidiendo lo que les conviene”, señala el integrante de la Junta de Buen Gobierno.

El aval de cada solicitante es la autoridad de la comunidad a la que pertenece y el pueblo queda como testigo. De esta manera, todo el pueblo está enterado de que uno de sus compañeros solicitó al banco un dinerito y que lo tiene que pagar. Ellos mismo, los que piden el préstamo, son los que se ponen el plazo para cubrirlo, de acuerdo a sus gastos. Puedes ser seis meses, un año o más, según cada quien. También se enteran de cada préstamo los pueblos de los otros municipios autónomos, pues se trata, señalan las autoridades de la región, “de que todos estemos comprometidos “.

Para hacer posible el banco popular, el fondo inicial provino de un aporte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); de una parte de las ganancias del transporte colectivo que es administrado por la Junta; y de una donación que llegó de afuera para un niño enfermo, “quien no necesitaba de todo el dinero que le estaban mandando y junto con la familia y la asamblea decidieron que lo que no ocupaba se aportara al fondo colectivo”. Asimismo, decidieron que el impuesto que los pueblos cobran a las compañías que están construyendo caminos que pasan por sus comunidades, también se añadiera al fondo del banco.

En este proyecto, advierte Roel, “no hay sentido de negocio. Es sólo una necesidad de los pueblos y hasta ahora todos están contentos porque ven que está funcionando y se están resolviendo los problemas en colectivo”.

Para los pueblos en rebeldía, el Banco Popular Autónomo Zapatista (Banpaz) “es, sin duda, parte de nuestra autonomía, en la que nosotros mismos podemos crear nuestros propios recursos económicos, nuestros alimentos, nuestros servicios de salud y educación, nuestros medios de comunicación y modos de comercialización. Así lo estamos haciendo, cada vez con menos dependencia de afuera, porque al principio (hace ya seis años), empezamos con más apoyos del exterior. Ahora somos cada vez más independientes y, por lo tanto, cada vez más autónomos”.

De hecho, este es uno de los primeros proyectos de al autonomía zapatista en el que no interviene ningún factor o asesoría de la sociedad civil nacional e internacional. “Todo fue interno. Lo que pasa es que nosotros le probamos hasta que algo funciones. Y si no nos funciona no nos quedamos conformes y le buscamos otra forma”, afirma Roel, con la convicción y el orgullo de quien ha crecido a lo largo de 25 años con la lucha zapatista.

“La colectividad —sostiene— es la base y lo que más nos fortalece como zapatistas”. Y, dentro de este proceso, la Junta de Buen Gobierno de la selva fronteriza analiza como uno de sus máximos logros la participación de la mujer en los trabajos de la autonomía. Con su inclusión, afirman, “ha cambiado la vida de los pueblos. Poco a poco lo vamos entendiendo. Y pues aquí ya todo se cambió”.

A los niños y niñas que han crecido en la autonomía “ya no les cuesta la participación de la mujer”. En otro momento, admiten los miembros de Junta, “los préstamos del Banpaz hubieran sido impensables para mujeres y sólo se les hubieran dado a los hombres, pero ahora también se les dan a ellas y quedan como responsables”.

Aquí, afirman “ya todo es muy otro”.

SME: ¿Qué es lo que sabe todo mundo?

SME: la fuerza de la verdad
Paco Ignacio Taibo II

–Como todo mundo sabe, el origen de este conflicto se debe a los privilegios del sindicato de electricistas –dice una locutora en la radio con voz un poco chillona.

¿Qué es lo que sabe todo mundo?

Hace escasos cinco minutos la Secretaría de Gobernación intimida a los trabajadores electricistas informándoles que se porten bien en la próxima manifestación o que se atengan a las consecuencias, y cada media hora un anuncio del gobierno federal invita a los electricistas a que recojan su liquidación, porque si no, se van a quedar sin nada. Poco después, un grupo de conocidos panelistas da vueltas interpretativas al conflicto; durante media hora analizan si el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) puede sumar nuevas fuerzas, si el PRI se va a desinteresar huyendo del asunto, si se está sacrificando al secretario del Trabajo; pero nunca, ninguno de ellos va al corazón del asunto, nunca se hará en voz alta la pregunta clave: ¿quién tiene razón? ¿El gobierno al disolver Luz y Fuerza del Centro o los electricistas al defender sus puestos de trabajo?

Pareciera nuevamente que lo esencial les importa un bledo. Que todo mundo “sabe”.

Y así ha sido a lo largo de un mes, el bombardeo, los argumentos reiterados, pero nunca explicados, las nubes de humo, las verdades a medias, las mentiras “completas”.

Hacía mucho tiempo que la maquinaria del Estado no nos soltaba a los perros de la guerra del verbo y de la tecla, con la intensidad con la que los ha lanzado.

Con todo cinismo nuevos promocionales de radio habrían de aparecer con la anónima voz de aquella que promete que “ahora sí” no nos van a cobrar de más y que “ahora sí”… Y trabajaban sobre la parte dolida de los consumidores que habían estado sometidos a los abusos de la compañía durante años.

Pero, ¿para corregir estos abusos había que disolver la empresa y desaparecer el sindicato? ¿Eran los trabajadores ahora despedidos masivamente responsables?

Los argumentos de Calderón –pues ésta, sin duda, era una apuesta presidencial que llevaba tras de sí a los secretarios de Trabajo, Energía y Gobernación– eran, además de reiterativos, muy extraños.

Decía que el sindicato no era democrático, las pasadas elecciones internas habían sido confusas y estaban siendo criticadas por la oposición. ¿Y luego? ¿Era ése un argumento para disolver la empresa? ¿No era representativo? ¿Y entonces cómo se explican este mes de resistencia, esta participación masiva de los trabajadores, a pesar de represalias, amenazas?

Decía que la empresa no era eficiente.

Sin duda, se trataba de una empresa ineficiente que operaba con números rojos y que ofrecía un servicio en muchos casos mediocre y doloso a los consumidores. Bueno, resulta un argumento un tanto discutible, porque con parámetros como ése, por qué no disolver Pemex, la Secretaría de Hacienda o la propia Presidencia de la República, cuya ineficiencia a lo largo de estos años se mostrado de una manera patética.

Ambas afirmaciones eran verdad relativamente, y se convertían en una potente mentira cuando atribuía a los trabajadores su causa.

¿Era ineficiente? ¿Por qué entonces no se había despedido mucho antes a los directores generales, a los gerentes, a los directores de las sucursales? ¿Por qué el desastre en la facturación, que en la mayoría de los casos dependía de los empleados de confianza y que había mantenido en estado de permanente irritación a los usuarios no se había corregido desde arriba?
Pero la liquidación de la empresa costaba millones, muchísimos millones de pesos. ¿No habría nada mejor en qué gastarlos? ¿No era todo absolutamente absurdo? ¿No era mejor tratar de ajustar una empresa deficitaria que liquidarla con inmensos costos? ¿No resultaba delirante poner en la calle a 44 mil 514 trabajadores en un momento en que la nación lloraba por el desempleo?

Porque la materia de trabajo persistía. Había que seguir dotando de energía a millones de mexicanos. Entonces, ¿por qué destruir la empresa?

Resultaba insultante hablar de los altos salarios de los trabajadores (¿a usted le parece escandaloso hablar de 5 mil pesos mensuales para pagar a un trabajador especializado?), obtenidos a lo largo de 70 años de lucha, en una sociedad en la que un alto funcionario gubernamental tiene salarios de escándalo.

¿Y no era deficitaria la empresa, entre otras cosas, porque le pagaba muy caro a la Comisión Federal de Electricidad la energía que luego distribuía? ¿Y no era deficitaria porque se le daba luz gratis a Los Pinos, las secretarías de Gobernación, Hacienda, Agricultura, Trabajo, Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República? ¿No había grandes hoteles que por decisiones superiores no pagaban la luz y periódicos y empresas como Nextel, Aurrerá, Suburbia, Radio Móvil Dipsa, Salinas y Rocha y Electra y hasta la Torre Mayor de Reforma?

¿Quién daba las órdenes para que unos pagáramos y otros no?

¿Eran los trabajadores los que permitían tarifas desorbitadas para algunos?, ¿errores permanentes en el cálculo de lo que se gastaba?, ¿tarifas de privilegio o conexiones directas para otros? ¿O eran gerentes generales, directores, directores de sucursales?

¿Y por qué esta urgencia de liquidar? ¿Y por qué la oferta de recontratar? ¿Por qué si el origen fue el conflicto laboral desde seis meses antes se estaba entrenando a miembros del Ejército en el cableado subterráneo?

Había argumentos, pero sin lugar a dudas eran falsos. El gobierno de la nación mentía.

Y los mexicanos, que somos paranoicos porque sabemos que la injusticia nos persigue, nos preguntábamos y nos seguimos preguntando: ¿qué es lo que no brilla en la superficie?

Parecía evidente que el gobierno al disolver la empresa tenía como interés principal destruir a un sindicato democrático y tras esta medida proceder a una privatización de parte del sector eléctrico. Querían abrir las futuras redes digitales a empresas trasnacionales en alianza con grupos empresariales mexicanos. ¿Es cierto que una empresa llamada WL Comunicaciones, propiedad de connotados panistas como los ex ministros de Energía Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens tiene ya un contrato para desarrollar mil 500 kilómetros de redes? ¿Es cierto, como se ha señalado con frecuencia, que el director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, ha estado involucrado en negociaciones con empresas españolas para privatizar el sector?

No voy a entrar en el debate legal, un montón de abogados constitucionalistas lo han hecho, y lo harán mejor que yo; me limito a señalar verdades y mentiras en lo que es un debate político, un problema moral.

Al concluir el mes que el secretario Lozano había ofrecido como plazo para que los trabajadores del SME se liquidaran, el gobierno había ganado parcialmente las batallas jurídicas, había conquistado a una parte de la opinión pública con el miserable bombardeo mediático y había perdido dos batallas políticas trascendentales: no había podido lograr que la mayoría de los trabajadores se retirara de la lucha y enfrenta una fuerte movilización solidaria que se va endureciendo.

A pesar de las cifras que se ofrecen, 22 mil 65 trabajadores han demandado al gobierno pidiendo la reinstalación de su trabajo coordinados por el sindicato, y otros 3 mil 700 lo han hecho de manera individual; a los que habría que sumar 14 mil jubilados que también se ampararon.

Y esto a pesar de las presiones de que no se encontraban preparados al inicio de la lucha, de que no había fondos de resistencia, de que los dineros sindicales están bloqueados ilegalmente y de que llevan un mes sin cobrar.

Y a pesar de la inmensa cantidad de palabras que al tema se han dedicado, hay decenas de preguntas que no se han hecho y muchas que no se han contestado. ¿Quién está suministrando el fluido eléctrico al valle de México bajo protección de miles de policías? ¿Es verdad que no hay trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad? Tan sólo técnicos de confianza que dirigen cuadrillas y empresas patito a las que se les han prometido futuros contratos. ¿No se ha producido ya de hecho una privatización? ¿Es cierto que algunas de estas empresas han traído trabajadores extranjeros, se dice que de Guatemala y Honduras, y que no tienen permisos de trabajo? ¿Está el gobierno violando las leyes laborales con todo descaro? ¿Qué salarios tienen estos trabajadores? ¿Qué contratos? ¿Es verdad que a lo largo de este primer mes de conflicto han muerto trabajadores en accidentes y esto se ha mantenido oculto?

Con toda la información anterior en las manos, uno no puede impedir llegar a la siguiente conclusión:

El gobierno mexicano montó una conspiración para privatizar la distribución de energía eléctrica en el valle de México y estados cercanos, para destruir un sindicato democrático que le estorbaba en el proceso; no se tocó el corazón para despedir a 44 mil trabajadores en una época en que crece el desempleo, gastó y gastará millones y millones de pesos de manera absurda. Y para lograr estos objetivos violó las leyes, engañó y mintió a los mexicanos.

He estado en las dos movilizaciones de los electricistas, la del 15 de octubre y la del 11 de noviembre, y me he encontrado marchando con unos mexicanos como yo, profundamente irritados, que no van a dar marcha atrás, muchos miles, muchos, muchos miles.

Sobre la situación en Chiapas...

El despojo como política y la dignidad como delito, para el gobierno perredista en Chiapas
Oct 11, 2009

Foto: Niños zapatistas de Oventik (Archivo Veredas)

En Chiapas, los proyectos del gobierno de Juan Sabines Guerrero, fiel a la tradición devastadora de la clase política mexicana, se construyen con despojos, con agresiones, con amenazas, con violencia en contra de quienes luchan por sobrevivir con dignidad. ¿Cuáles son los terribles delitos de los compañeros de Jotolá, de Cruztón, de Mitzitón y del ejido de San Sebastián Bachajón? ¿Resistirse al despojo, defender sus derechos, su vida y su territorio? Como muchos otros gobiernos en este país, en todos los niveles y de todos los partidos políticos, en Chiapas están convirtiendo el despojo y la violencia en política de Estado y quieren hacer de la dignidad un delito.

Para llevar adelante proyectos vendidos por catálogo al poder económico, el gobierno de Juan Sabines violenta el territorio chiapaneco. Sin recato alguno, el gobierno perredista busca dividir comunidades, favoreciendo la operación de grupos paramilitares, como lo ha hecho con la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) en contra de las comunidades bases de apoyo zapatistas y adherentes a la Otra Campaña, como lo hace con las comunidades de Mitzitón y Jotolá. Persigue con procesos jurídicos absurdos y manipulados a quienes defienden su tierra, como lo está haciendo con los compañeros de Cruztón.

Pero además de todo, la rapiña del señor Sabines no se limita a querer sepultar a comunidades enteras bajo su anhelada autopista San Cristobal de las Casas – Palenque, sino que está obstinado en concretar el despojo en la región de las Cascadas de Agua Azul, a costa de lo que sea. Por el simple hecho de que los compañeros tzeltales del Ejido de San Sebastián Bachajón recuperaran pacíficamente la caseta de cobro No. 1 para acceso a las cascadas, que por derecho les pertenece, Juan Sabines decidió agredir y encarcelar a ocho compañeros y sitiar la comunidad usando a la Policía Estatal Preventiva y a la Policía Ministerial.

Violando acuerdos internacionales sobre los derechos de los Pueblos Indígenas al uso y disfrute de los recursos que hay en sus territorios, el gobierno de Sabines recurre al hostigamiento permanente, a estrategias de violencia indirecta para poder despojar y masacrar a las comunidades indígenas en Chiapas, creyendo ingenuamente que así podrá evitar que la sangre lo señale. Por esto exigimos:

1. El respeto a los derechos indígenas del pueblo tzeltal de San Sebastián Bachajón.
2. El retiro inmediato de los elementos de la Policía Estatal Preventiva y Policía Ministerial, del territorio del pueblo tzeltal del ejido San Sebastián Bachajón, en particular de la región de Agua Azul.
3. Liberación inmediata de los 2 hermanos Jerónimo y Antonio Gómez Saragos adherentes a La Otra Campaña, privados injustamente de su libertad en el Centro Estatal Para la Reinserción Social de Sentenciados (CERRS) no. 14 El Amate, en el municipio de Cintalapa de Figueroa.

Juan Sabines en Chiapas está haciendo del despojo el objetivo de su administración y la violencia su forma de gobernar, los seis campesinos indígenas ejecutados por la Policía Estatal Preventiva en Chinkultik son una muestra de la política sabinista. Juntos vamos a detener esta escalada criminal del gobierno estatal de Chiapas, que ahora se cierne contra las comunidades que luchan por su derecho histórico a la tierra y el territorio, como San Sebastían Bachajón.

Colectivos, organizaciones e individuos de la Otra Campaña
Red Contra la Represión y por la Solidaridad (México)
La Otra Campaña, Va!

Información y contacto:
Correo electrónico: redcontralarepresion@gmail.com
Blog: http://contralarepresion.wordpress.com
Teléfono: 55 78 07 75 y 55 78 47 11
Dirección: Dr. Carmona y Valle # 32, col. Doctores, Del. Cuauhtémoc, México DF, CP-06720

Las piedras en el camino de la autonomía...

La JBG de La Garrucha denuncia los hechos ocurridos en el tianguis de Ocosingo.
JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZÓN DEL ARCO IRIS DE LA ESPERANZA CARACOL IV TORBELLINO DE NUESTRAS PALABRAS.
CARACOL III DE RESISTENCIA HACIA UN NUEVO AMANECER.
JUNTA DE BUEN GOBIERNO EL CAMINO DEL FUTURO.
CHIAPAS, MÉXICO.
A 7 DE NOVIEMBRE DE 2009.

A la sociedad civil nacional e internacionalA los compañeros (as) adherentes de la otra campaña nacional e internacional.A los hermanos de derechos humanos nacional e internacional.Hermanos y Hermanas:

DENUNCIAMOS: LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL TIANGUIS CAMPESINODE OCOSINGO, CHIAPAS. LAS TRANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEL PAN, PRI Y PRD.

Los manipuladores Marcos Gómez López, de la ranchería 5 de febrero, municipio de Ocosingo, Daniel Gómez López, de la ranchería Getzemani, Municipio de Ocosingo, Chiapas; que es liderado por el sr. Elías López Gómez, de la ranchería Guadalupe es tercer regidor suplente de Ocosingo, y José Pérez Gómez, de la organización ORCAO. Éstos son apoyados por los tres niveles del mal gobierno, Calderón, Juan Sabines y Carlos Leonel Solórzano.

Estos señores de Marcos Gómez, Daniel Gómez y José Pérez, han organizado un grupo de personas para apoderarse de querer volver a comprar el tianguis Campesino de Ocosingo, cuando ellos sólo están buscando el beneficio personal. Ellos como oportunista aprovechan de sus necesidades de los pueblos como productores.

Nosotros como Juntas de Buen Gobierno de los dos caracoles, sabemos que desde el año de 1971 fue donado por el señor propietario anterior José Solórzano Navarro, con el presidente interino José Adán Sánchez López, donde legalmente fue entregado para los productores en el año de 1975.

En esos años, los productores de los pueblos no había problemas para vender sus productos porque todos(as) eran respetados(as).

Ahora,con la ambición de estos líderes, en complicidad de algunos locatarios, están engañando de obligar dar una cooperación según ellos para comprar el tianguis campesino de Ocosingo, ya hay un grupo que ya cooperaron y esos son los que provocan los enfrentamientos.

Sabemos que entre los años en 2005, se ha venido discriminando los vendedores de los otros municipios, con la intervención de la policía municipal, eran desalojados y maltratados de sus puestos.

Actualmente, ahora con la idea de estos líderes corruptos y ambiciosos se está empeorando cada vez más el problema de los productores entre ellos mismos y con nuestros compañeros bases de apoyo, por que Marcos Gómez y Daniel Gómez, por instrucción del presidente municipal Carlos Leonel, Sabines y Calderón que tiene que hacer que se peleen entre vendedores, así poder creer, que los tres malos gobiernos puedan comprar y dárselo a sus gentes provocadores.

Con todo este acontecimiento, damos a conocer nuestra postura como municipios autónomos.

Porque, en 1994, se entregaron vidas para recuperar las tierras que siempre ha sido nuestras.No con la ambición de algunos oportunistas que quieren privatizar esos espacios públicos y colectivos que es patrimonio del pueblo.

Hacemos un llamado a todos(as) que se abstengan de dar la cooperación para la compra de ese tianguis ya que por antigüedad está en manos del pueblo y no permitimos que sólo un grupo de ambiciosos que sigan engañando al pueblo.Con todo esto, decimos que lo vamos a defender a como de lugar, pase lo que pase.Responsabilizamos de lo que pase a Calderón, Sabines, Leonel, Marcos y Daniel y el grupo de provocadores.Nosotros como Juntas del Buen Gobierno el tianguis es del pueblo para los zapatistas y no zapatistas.

ATENTAMENTE C.PEDRO GUTIÉRREZ GUZMÁN AUTORIDAD DE LA JBG EL CAMINO DEL FUTURO

C. GERÓNIMO GÓMEZ LÓPEZ AUTORIDAD DE LA JBG CORAZÓN DEL ARCO IRIS DE LA ESPERANZA

C. RENÉ JIMÉNEZ PÉREZ CONSEJO MUNICIPAL AUTÓNOMO FRANCISCO GÓMEZ

C. TOMÁS MÉNDEZ LÓPEZ CONSEJO MUNICIPAL AUTÓNOMO LUCIO CABAÑAS

C. TOMÁS LÓPEZ GÓMEZ CONSEJO MUNICIPAL AUTÓNOMO SAN MANUEL

C. HÉCTOR GUTIÉRREZ JIMÉNEZ CONSEJO MUNICIPAL AUTÓNOMO FRANCISCO VILLA

C. FREDY LÓPEZ MÉNDEZ CONSEJO MUNICIPAL AUTÓNOMO RICARDO FLORES MAGÓN

El proceso de autonomía indígena boliviano...

Desafíos de las autonomías indígenas
Publicado en Rebelión, 10 de noviembre de 2009
Jubenal Quispe
Alterinfos.org


En el marco del nuevo tiempo social que vive Bolivia, la Fundación Tierra y la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra reunieron, en Chuquiagu Marka (ciudad de La Paz), un promedio de 1000 actores e intelectuales, provenientes de más de una decena de países del mundo, entre el 26 y 28 del presente mes, en un Seminario Internacional titulado: “Bolivia Post-Constituyente, Tierra, Territorio y Autonomías Indígenas”. En este evento, se abordaron temas como: Nueva Estructura del Estado; Tierra, Territorio y Reforma Agraria; Derechos de los Pueblos Indígenas; Democracia Participativa y Gobiernos Locales e Indígenas; Autonomías Indígenas en Bolivia.

Con diferentes enfoques científicos, las intervenciones coincidían en que el carácter fundacional del proceso constituyente boliviano consiste en la constitucionalización del poder territorial de los pueblos indígenas dentro de las estructuras matrices del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia. Este poder territorial lo ejercerán mediante la gestión de todos sus recursos (naturales, culturales, humanos, económicos) y el fortalecimiento de sus instituciones culturales (filosofía), políticas (sistema electoral, gobierno, etc.), económicas (modos de intercambio de bienes y servicios), jurídicas (creación de su propio derecho y sistema judicial), espirituales (modos de interrelación con la trascendencia y valores éticos) y sociales (organización y regulación social) dentro de sus jurisdicciones. De esta manera, el poder local (vigente) de los pueblos indígenas y sus respectivas instituciones clandestinas pasan a formar parte de la estructura estatal. A esto se denomina territorio indígena con autonomía.

La autonomía indígena se podrá ejercer mediante Municipio Indígena (MI) y Entidad Territorial Indígena Originario (ETIOC). En el primer caso, un Municipio (de los que existen actualmente) puede optar, mediante el consenso de la población (estatuto autonómico y consulta popular), a ser un MI. En el caso de ETIOC, las actuales Tierras Comunitarias de Origen, mediante proceso administrativo, voluntariamente, pueden convertirse en entidades autónomas. Ambas entidades indígenas serán autónomas, con la diferencia de que un MI no será titular de las tierras de su jurisdicción, como sí ocurrirá con las ETIOC.

Una de las diferencias principales con las autonomías departamentales, regionales (este nivel es sólo descentralización) y municipales, es que éstos niveles de autonomía sólo tendrán sus respectivos órganos ejecutivos y legislativos. En cambio, las autonomías indígenas, aparte de estos dos órganos, tendrán también su propio órgano judicial y electoral. Aquí está uno de los pilares para la construcción del nuevo Estado Plurinacional con lógicas asimétricas desde los gobiernos locales. Es un destello de la nueva Bolivia multicivilizatoria, fecundada por las vidas de multitudes de indígenas inmoladas en el altar insaciable de la ilusión del Estado Nación pigmentocrática. ¿Será a esto que le temían los ex patrones de los actuales sujetos políticos en emergencia?

El proceso de la consolidación de los territorios indígenas con autonomía, recién comienza. En las elecciones del próximo 6 de diciembre, 12 municipios serán consultados si desean o no convertirse en autonomías indígenas. Se sabe que de los 327 municipios del país, 145 tienen una población que en más del 90% se autodefine como indígena (Censo, 2001). Los trámites burocráticos para transitar a las autonomías indígenas son llevaderos en comparación con la ardua batalla de la aprobación de la Ley Marco de Autonomías. El pacto fiscal, para el financiamiento de las autonomías es otra batalla aún no imaginada en el país. Además, está la arquitectura política pendiente para la construcción de la estructura del nuevo Estado Plurinacional, Unitario y Autonómico.

Los pueblos indígenas que aspiran a la autonomía, aparte de estos retos, compartidos con el Estado y la sociedad nacional, tienen desafíos como la identificación de los intereses comunes en el marco de sus filosofías propias, el control y la defensa territorial, y la construcción de todo el andamiaje que dicha autonomía requiere. Esto pasa, ante todo, por el florecimiento del nuevo sujeto (comunitario) político, porque el poncho, la abarca, la pollera, la corbata o el color de la piel no necesariamente es la materialización de la moralidad.

Por nuestra parte, nosotras/os, indígenas o no, estamos agradecidas/os con la vida por la oportunidad que nos da de aprender en esta universidad llamada Bolivia, cuyos flujos y reflujos de fuerzas históricas, cada vez más en proceso de materialización (objetivación, diría Heguel), se constituyen en un auténtico faro de referencia para Latinoamérica y el mundo. Un mundo que casi ha perdido la esperanza de que la luz también puede iluminar desde la “oscuridad radiante” de los pueblos de Bolivia.

http://www.alterinfos.org/spip.php?article3955

III Foro Nacional ¡Váyanse o los sacamos!

III Foro Nacional

¡Váyanse o los Sacamos: Rumbo a 2010!

CONVOCATORIA.

Los participantes del Primero y Segundo Foro Nacional de ¡Váyanse o los Sacamos!, adherentes a la Sexta Declaración y a La Otra Campaña convocan a los adherentes, simpatizantes y anticapitalistas al III Foro Nacional de ¡Váyanse o los Sacamos: Rumbo a 2010!, que se realizará los días 14 y 15 de Noviembre de 2009.

A petición de los compañeros de Guerrero el evento tendrá lugar en la comunidad de Jicamaltepec, anexo de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, en la sierra mixteca de Guerrero.

ANTECEDENTES.

El surgimiento de este Tercer Foro Nacional de ¡Váyanse o los sacamos: Rumbo a 2010! tiene sus raíces inmediatas en la realización del foro “Primero nuestros presos”, en enero de 2009 en Pachuca Hidalgo, de esta reunión se acordó llevar a cabo el foro en Tampico en marzo de 2009 sobre la presentada en la “Digna Rabia”, llamada “¡Váyanse o los Sacamos”: que fue un planteamiento de 30 medidas sociales, ideológicas y económicas hacia 2010, para ser discutidas por los adherentes de esta región, y abierta a los interesados en el tema. En Tampico hubo la presencia de más de 100 participantes de 8 estados de la República, acordando darle seguimiento a este proceso en un siguiente foro.

De este modo en los días 27 y 28 de junio de 2009, en el auditorio de la comunidad de Tajín, Papantla, Veracruz, nos reunimos, convocados por La Otra Huasteca-Totonacapan, alrededor de 300 participantes de 15 estados de la República e integrantes de diversos colectivos de 5 países integrantes de La Otra Campaña, simpatizantes y observadores, para analizar y discutir los trabajos del Foro Nacional “Váyanse o los Sacamos”.

Donde se acordó establecer mesas temáticas de trabajo permanente, que serán coordinadas desde el Centro de Documentación sobre Zapatismo (http://www.cedoz.org/), como un debate nacional para enriquecer el Programa Nacional de Lucha. Estas mesas de discusión buscarán fortalecer la organización de la Otra Campaña.

Después surge inmediatamente el Segundo Foro Nacional de ¡Váyanse o los Sacamos!, que se realizó en Jojutla Morelos a la cual asistimos alrededor de 130 adherentes a “La Otra Campaña” de 10 estados de la república, Según los acuerdos del foro anterior en el Tajín, los temas tratados fueron: 1) Análisis de la situación nacional, 2) Programa Nacional de Lucha, 3) Formas de organización y 4) Plan de acción.

En este encuentro se reconoció que no pretendemos iniciar la revolución en el 2010, pues la insurgencia ya comenzó por lo menos hace diez años, en las elecciones del 2000 o desde 1994 con el levantamiento del EZLN. Sólo creemos que es el momento de pasar a otra fase: de la resistencia a la ofensiva, al levantamiento nacional, a la desobediencia civil. Sólo se pretende ser una chispa más de la pradera, una provocación en este escenario que es propicio para que el pueblo se levante, harto de tanta burla y tantas injusticias. Y entonces comenzar a construir la otra forma de hacer política, el otro constituyente y la otra constitución desde abajo y a la izquierda, las autonomías y el hombre nuevo, donde el pueblo mande. Sin embargo, esto será el trabajo más difícil: conservar lo conseguido, el poder en manos del pueblo; "no se trata de derrocar e irse a la casa".

Se acordó entonces la realización de este III foro de ¡Váyanse o los Sacamos: Rumbo a 2010! los temas que se tratarán son: 1) Programa nacional de lucha, cuya línea de acción inmediata será un 2) Plan de Insurrección para el 2010 y 3) La organización de una Asamblea Nacional de La Otra Campaña en diciembre. Se propone que ya se lleven propuestas regionales.

ACLARACIÓN Y BREVE DIAGNÓSTICO.

Al recorrer la mayor parte de los estados del país, La Otra Campaña ha pasado por un proceso de acumulación de fuerzas, por lo cual declaramos abiertamente que estamos listos para pasar a la etapa de la ofensiva.

La postura que manejamos es anticapitalista y es internacionalista, sabemos que la solución de los problemas no se dará por la vía institucional, reformista o por medio de los partidos políticos, reconocemos que en un mundo neoliberal y globalizado la autonomía tiene sus límites, esos límites nos son impuestos siempre que queremos cambiar, conocemos muy de cerca la traición y la violencia de los poderosos y por eso declaramos que no nos han dejado otra opción, y que no estamos dispuestos a negociar nada con los de arriba, el único cambio posible radica en la fuerza del pueblo y es con la fuerza del pueblo que este cambio se dará. Reconocemos que todas las luchas anticapitalistas en el mundo también son nuestras luchas, que es necesaria la unidad con el resto de las luchas sociales del mundo porque al igual que nuestros hermanos zapatistas son dignos y rebeldes. Amamos la paz y la libertad, pero en un capitalismo salvaje ni la paz ni la libertad son posibles, de ahí que sea necesaria la liquidación de este modo de producción.

El capitalismo es un sistema mundial en crisis, no tiene soluciones ni salida para la mayoría de la población mundial. Su crisis abarca lo económico, lo político, lo social, lo cultural, se manifiesta en el sistema de salud, de seguridad social y en la educación situación que pesa sobre la realidad de la mayoría de nuestras poblaciones. Esta coyuntura se caracteriza por ser una crisis de sobreproducción de mercancías, que junto con un reordenamiento de mercados a nivel mundial y una política devastadora para abaratar el precio de la fuerza de trabajo, se le declara la guerra a las clases trabajadoras (la cuarta guerra mundial), e incluso a los estudiantes, amas de casa, jubilados, niños y mujeres que el capitalismo llama improductivos y que busca aniquilar.

Pensamos que la crisis del sistema capitalista es profunda y que atraviesa por una de las fases más críticas de la historia, es por eso que se muestran los golpes más salvajes del Estado mexicano a los trabajadores, golpes que se irán agudizando y que tratarán de justificar la actitud fascista del sistema, es decir la ultraderecha, cabe aclarar que esta situación es en todo el mundo y que el enemigo no se ubica exclusivamente en los gobiernos nacionales, sino que el enemigo es el sistema capitalista en general, es por eso que creemos que a llegado el momento de aprovechar esta situación y pasar a la ofensiva. Por eso hacemos una invitación al resto de las fuerzas anticapitalistas a que se sumen a nosotros y nos acompañen a la lucha que estamos a punto de comenzar.

PRIORIDADES DEL FORO.

Recalcando que gracias a la experiencia obtenida en los foros anteriores hemos visto como necesario enfatizar que en Guerrero estaremos organizando prioritariamente:

1) Un Plan de Insurrección, como fase inmediata del Programa Nacional de Lucha, así como:
2) La formación y posterior convocatoria para la Asamblea Nacional en diciembre, la cual deberá de presentar una alternativa al régimen que busca derrocarse.

Debe por lo tanto procurarse:

1) Que todos llevemos propuestas para esta Asamblea Nacional (objetivos, procedimientos de discusión y toma de decisiones, comisiones organizativas, lugar, fecha, etc.).
2) Que en el pleno o en cada mesa de trabajo (según las condiciones a las que debamos ajustarnos) se tenga el reto de sacar una propuesta conjunta.
3) Asimismo, en plenaria procuraríamos conjuntar las propuestas de las mesas en una convocatoria común, que también sea un pronunciamiento de insurrección.

RECOMENDACIONES Y METODOLOGÍA DE TRABAJO.

Como podrá advertirse por todo lo anterior, la llegada a este foro es parte de un proceso que nos ha permitido adquirir cierta experiencia, por eso se pedirá la colaboración de los participantes para avanzar en el trabajo y no perder tiempo valioso o interrumpir el trabajo del resto de los compañeros, cada quien debe de hacerse cargo de su conducta para evitar mayores inconvenientes, para lo cual se propone:

a) Que exista un respeto mutuo entre compañeros.
b) No interrumpir a nadie.
c) Respetar los tiempos acordados.
d) Evitar caer en provocaciones.
e) No pretender jugar papeles protagónicos.
f) Escuchar antes de hablar.
g) Tomar en serio la participación de los demás.
h) Poner atención a lo que se dice y acuerda para no retroceder.
i) Estar presente a la hora indicada para cada actividad.

La forma en que se trabajará será de acuerdo al número de participantes, si son menos de los que se esperan se hará todo el trabajo en plenaria, pero si asisten un número mayor al contemplado se trabajará por mesas, pero la decisión radica directamente en la mesa que dirija el evento, esto con la finalidad de evitar discusiones y no perder tanto tiempo en decidir la forma de trabajar, de momento se conservará el formato de las mesas de trabajo para elaborar el programa, y según las condiciones a las que nos enfrentemos se ajustarán los horarios dispuestos para las mesas a un trabajo sólo de plenaria.

PROGRAMA.

Sábado 14 de Noviembre de 2009.
Hora
Actividad
09:00
Registro de participantes.
10:00
Inauguración y Bienvenida.
10:30
Exposiciones. Preguntas y respuestas a los expositores.
14:00
Comida.
16:00
Mesas de Trabajo.
20:00
Cena.
21:00
Actividades Culturales.
Domingo 15 de noviembre de 2009.
08:00
Desayuno
09:00
Instalación de la Plenaria y lectura de los resolutivos, acuerdos, desacuerdos, pronunciamientos y propuestas de las diferentes mesas.
12:00
Discusión en plenaria de las propuestas. Acuerdos de consenso y señalamiento de disensos para seguirlos discutiendo.
16:00
Comida y Clausura
18:00
Mesa de trabajo para tratar el tema de la represión.

Nota: Los horarios no son tan rígidos estos se ajustaran según la necesidad real de cada actividad y se acordarán dentro del mismo foro, solo se ponen como forma de ubicar los tiempos necesarios para cada actividad.
PROPUESTA.

Desde el Foro que hubo en Tajín se acordó trabajar en las mesas de trabajo ubicadas en la página http://www.cedoz.org/, mesas que tratan diversas temáticas, todos los temas son de vital importancia, sin embargo vemos como necesario trabajar uno de los temas que es el de la Represión, ya que al tratar de hacer un plan de insurrección tenemos que tocar ese tema necesariamente, pero para poder trabajar bien el tema proponemos que se dedique un día extra en forma de un taller, pensamos que el viernes 13 de noviembre puede realizarse este trabajo porque es más fácil llegar el viernes y quedarse el fin de semana que quedarse el lunes, de este modo los trabajos del taller y del foro pueden ser aterrizados el día domingo 15 de noviembre en la mesa de represión. Les pedimos a aquellos que puedan asistir desde el viernes nos lo hagan saber por medio de los contactos que se encuentran abajo.

RECOMENDACIONES FINALES.

Como llegar: Del Distrito Federal se puede llegar a la TAPO ubicada en metro San Lázaro (a las 6 pm) o en la Central Camionera del Sur ubicada en la terminal del metro Taxqueña, tomar el camión a Marquelia y de Marquelia a San Luis Acatlán de allí al pueblo hidalgo y caminar una hora hacia Jicamaltepec.

No llevar más que lo indispensable para el viaje. Artículos de higiene personal (jabón, pasta de dientes y cepillo), si acaso un cambio de ropa, el hospedaje nos lo proporcionarán los compas de Guerrero, cuando mucho traer una bolsa de dormir o una cobija, el alimento nos lo proporcionarán los compañeros por lo cual solo se pide que lleven su vaso, plato y cubiertos, para no contaminar. Llevar tenis pero de preferencia botas ya que el evento será en sierra.

Para cualquier aclaración escribir a:

laotraobrera@gmail.com

frenteajpimss@hotmail.com

accion_inteligente@hotmail.com

¡Que la dignidad nos guíe y la rabia sea nuestra fuerza!
¡No pidamos permiso para ser libres, no hay prisión para nuestro espíritu!
¡No seremos nunca más los agachados, de aquí en adelante la historia nos recordará como los alzados!

La anexión de Colombia a Estados Unidos

La anexión de Colombia a Estados Unidos
Fidel Castro Ruz
Sábado 07 de Noviembre de 2009

Cualquier persona medianamente informada comprende de inmediato que el edulcorado Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos”, firmado el 30 de octubre y publicado en la tarde del 2 de noviembre, equivale a la anexión de Colombia a Estados Unidos.

El acuerdo pone en aprietos a teóricos y políticos. No es honesto guardar silencio ahora y hablar después sobre soberanía, democracia, derechos humanos, libertad de opinión y otras delicias, cuando un país es devorado por el imperio con la misma facilidad con que un lagarto captura una mosca. Se trata del pueblo colombiano, abnegado, trabajador y luchador. Busqué en el largo mamotreto una justificación digerible, y no vi razón alguna.

En 48 páginas de 21 líneas, cinco se dedican a filosofar sobre los antecedentes de la vergonzosa absorción que convierte a Colombia en territorio de ultramar. Todas se basan en los acuerdos suscritos con Estados Unidos después del asesinato del prestigioso líder progresista Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, y la creación de la Organización de Estados Americanos, el 30 de abril de 1948, discutida por los Cancilleres del hemisferio, reunidos en Bogotá bajo la batuta de Estados Unidos los días trágicos en que la oligarquía colombiana tronchó la vida de aquel dirigente y desató la lucha armada en ese país.

El Acuerdo de Asistencia Militar entre la República de Colombia y los Estados Unidos, en abril de 1952; el relacionado con “una Misión del Ejército, una Misión Naval y una Misión Aérea de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos”, suscrito el 7 de octubre de 1974; la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, de 1988; la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de 2000; la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad, de 2001, y la Carta Democrática Interamericana; la de Política de Defensa y Seguridad Democrática, y otras que se invocan en el citado documento. Ninguna justifica convertir un país de 1 141 748 kilómetros cuadrados, ubicado en el corazón de Suramérica, en base militar de Estados Unidos. Colombia posee 1,6 veces el territorio de Texas, segundo Estado de la Unión en extensión territorial, arrebatado a México, que después sirvió de base para conquistar a sangre y fuego más de la mitad de ese hermano país.

Por otro lado, han transcurrido ya 59 años desde que soldados colombianos fueron enviados a la distante Asia para combatir junto a las tropas yankis contra chinos y coreanos en octubre de 1950. Lo que el imperio pretende ahora es enviarlos a luchar contra sus hermanos venezolanos, ecuatorianos y otros pueblos bolivarianos y del ALBA, para aplastar la Revolución Venezolana, como trataron de hacer con la Revolución Cubana en abril de 1961.

Durante más de un año y medio, antes de la invasión, el gobierno yanki promovió, armó y utilizó las bandas contrarrevolucionarias del Escambray, como hoy utiliza a los paramilitares colombianos contra Venezuela.

Cuando el ataque de Girón, los B-26 yankis tripulados por mercenarios operaron desde Nicaragua, sus aviones de combate eran transportados hacia la zona de operaciones en un portaaviones, y los invasores de origen cubano que desembarcaron en aquel punto venían escoltados por buques de guerra y la infantería de marina de Estados Unidos. Hoy sus medios de guerra y sus tropas estarán en Colombia, no sólo como una amenaza para Venezuela sino para todos los Estados de Centro y Suramérica.

Es realmente cínico proclamar que el infame acuerdo es una necesidad de la lucha contra el tráfico de drogas y el terrorismo internacional. Cuba ha demostrado que no se necesitan tropas extranjeras para evitar el cultivo y el tráfico de drogas y mantener el orden interno, a pesar de que Estados Unidos, la potencia más poderosa de la tierra, promovió, financió y armó durante decenas de años las acciones terroristas contra la Revolución Cubana.

La paz interna es prerrogativa elemental de cada Estado; la presencia de tropas yankis en cualquier país de América Latina con ese propósito es una descarada intervención extranjera en sus asuntos internos, que inevitablemente provocará el rechazo de su población.

La lectura del documento demuestra que no sólo las bases aéreas colombianas se ponen en manos de los yankis, sino también los aeropuertos civiles y en definitiva cualquier instalación útil a sus fuerzas armadas. El espacio radioeléctrico queda también a disposición de ese país portador de otra cultura y otros intereses que nada tienen que ver con los de la población colombiana.

Las Fuerzas Armadas norteamericanas disfrutarán de prerrogativas excepcionales. En cualquier parte de Colombia los ocupantes pueden cometer delitos contra las familias, los bienes y las leyes colombianas, sin tener que responder ante las autoridades del país; a no pocos lugares llevaron los escándalos y las enfermedades, como hicieron con la base militar de Palmerola, en Honduras. En Cuba, cuando visitaban la neocolonia, se sentaron a horcajadas sobre el cuello de la estatua de José Martí, en el Parque Central de la Capital. La limitación relacionada con el número total de soldados puede ser modificada por solicitud de Estados Unidos, sin restricción alguna. Los portaaviones y barcos de guerra que visiten las bases navales concedidas llevarán cuantos tripulantes requieran, y pueden ser miles en uno solo de sus grandes portaaviones.

El Acuerdo se extenderá por períodos sucesivos de 10 años, y nadie puede modificarlo sino al final de cada período, advirtiéndolo un año antes. ¿Qué hará Estados Unidos si un gobierno como el de Johnson, Nixon, Reagan, Bush padre o Bush hijo y otros similares, recibe la solicitud de abandonar Colombia? Los yankis fueron capaces de derrocar decenas de gobiernos en nuestro hemisferio. ¿Cuánto duraría un gobierno en Colombia si anunciara tales propósitos?

Los políticos de América Latina tienen ahora ante sí un delicado problema: el deber elemental de explicar sus puntos de vista sobre el documento de anexión. Comprendo que lo que ocurre en este instante decisivo de Honduras ocupe la atención de los medios de divulgación y los Ministros de Relaciones Exteriores de este hemisferio, pero el gravísimo y trascendente problema que tiene lugar en Colombia no puede pasar inadvertido por los gobiernos latinoamericanos.

No albergo la menor duda sobre la reacción de los pueblos; sentirán el puñal que se clava en lo más profundo de sus sentimientos, en especial el de Colombia: ¡se opondrán, jamás se resignarán a tal infamia!

El mundo enfrenta hoy graves y urgentes problemas. El cambio climático amenaza a toda la humanidad. Líderes de Europa casi imploran de rodillas algún acuerdo en Copenhague que evite la catástrofe. Presentan como realidad que en la Cumbre no se alcanzará el objetivo de un convenio que reduzca drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero. Prometen proseguir la lucha por alcanzarlo antes de 2012; existe riesgo real de que no pueda lograrse antes de que sea demasiado tarde.

Los países del Tercer Mundo reclaman con razón a los más desarrollados y ricos cientos de miles de millones de dólares anuales para costear los gastos de la batalla climática.

¿Tiene algún sentido que el gobierno de Estados Unidos invierta tiempo y dinero en construir bases militares en Colombia para imponer a nuestros pueblos su odiosa tiranía? Por ese camino, si un desastre amenaza al mundo, un desastre mayor y más rápido amenaza al imperio, y todo sería consecuencia del mismo sistema de explotación y saqueo del planeta.

Noviembre 6 de 2009
10 y 39 a.m.